En al menos 20 mil millones de pesos estaría estimada la fortuna personal del ex gobernador Juan Sabines.

Guerrero, de su esposa y de su hijo mayor, revelo Horacio Culebro Borrayaz, el abogado que lo demanda el pasado mes de abril ante la Procuraduría General de la República, junto con 50 de sus colaboradores más cercanos, por lo que insistió se haga justicia en este caso y se castigue a los responsables del quebranto financiero de la entidad.

Recordó que el pasado 10 de mayo, acudió a las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México a ratificar la demanda en contra del ex mandatario y que ahí, la licenciada Silvia Nataly García Ocampo, que conoce de la demanda señaló que derivado de las investigaciones realizadas por esta dependencia se arrojan los primeros resultados que estiman los datos antes mencionados.

En una conferencia de prensa que ofreció este martes, dijo que en estas mismas investigaciones que realiza la PGR han comenzado a surgir datos de otros ex funcionarios de la pasada administración sabinista, como el caso de Alejandro Gamboa López, quien fuera titular de la Secretaría de Desarrollo y Participación Social quien tan solo en una cuenta bancaria tiene al menos 180 millones de pesos. En tanto su hermano, Antonio Gamboa López, quien fungía como subsecretario de gobierno tendría un estimado de 100 millones de pesos.

Recordó, que en el año 2000 cuando Sabines Guerrero arribo a Chiapas “vino con una mano por delante y otra por detrás, con agujero en los zapatos, muchos lo recordamos así, agregó.

Culebro Borrayaz, insistió y confió en que  en breve se podrán conocer de igual manera los montos de otros funcionarios de la pasada administración como Mauricio Perkins, Nemecio Ponce Sánchez, Ricardo Serrano Pino, entre otros. 

En su opinión el desfalco ocasionado a las finanzas de la entidad y que la mantiene en quiebra con un adeudo de 40 mil millones de pesos deben ser castigados por lo que confió que la Procuraduría General de la República llegue hasta sus últimas consecuencias.

Dijo, que el titular de la PGR, tiene interés de castigar los responsables de estos delitos, entre los que destaca enriquecimiento ilícito.