¡VIVA LA DISCREPANCIA!
Las condiciones están dadas
Raúl Jiménez Vázquez
Desde la ciudad de La Haya, Reino de Países Bajos, acaba de difundirse que la Corte Penal Internacional rechazó la denuncia interpuesta por el Centro de Derechos Constitucionales y la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales cometidos por Sacerdotes, en contra del papa emérito Joseph Ratzinger y otros miembros destacados de la Curia Romana, quienes fueron acusados de haber brindado presunta protección a clérigos que perpetraron actos de pederastia dentro de Estados Unidos.
El motivo del desechamiento consistió en que el caso no está comprendido dentro de la jurisdicción de este organismo internacional debido, entre otras circunstancias, a que ni el Estado Vaticano, donde residen los denunciados, ni Estados Unidos, lugar de ejecución de los ilícitos, son partes adherentes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, además de que los hechos base de la acusación sucedieron previamente al 1 de julio del 2002, fecha en que entró en vigor dicho tratado multilateral.
Así pues, los intentos desplegados en aras de activar el mecanismo de la justicia penal internacional no tuvieron el éxito anhelado por las víctimas de estos aberrantes comportamientos. Empero, no hay que perder de vista que el Estado Vaticano suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño y por lo mismo el asunto podría ser aún ventilado ante el Comité de los Derechos de los Niños, órgano de la ONU que tiene a su cargo la supervisión de la aplicación de este instrumento de derecho internacional. Igualmente, el Vaticano podría ser demandado ante la Corte Internacional de Justicia alegando el incumplimiento del tratado en cita y de las normas imperativas de derecho internacional general alusivas a la protección de la dignidad humana, provenientes del derecho consuetudinario internacional.
Algunas voces han advertido que el pronunciamiento de la Corte Penal Internacional es la señal anticipada de lo que ocurrirá con la denuncia enderezada ante esta misma entidad supranacional en el año 2011 por un grupo de académicos y activistas encabezado por el doctor John Ackerman, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en contra del otrora presidente Felipe Calderón, tres de sus secretarios de Estado y Joaquín El Chapo Guzmán, en relación con los presuntos crímenes contra el derecho internacional cometidos en el contexto de la inefable guerra antinarco.
Tal premonición no corresponde a la realidad, pues el precedente Ratzinger no guarda relación alguna con la iniciativa ciudadana a la que nos estamos refiriendo. En efecto, el Estado mexicano es parte del Estatuto de Roma desde el 1 de enero de 2006, por lo que la Corte Penal Internacional se halla facultada para investigar y sancionar en forma subsidiaria o complementaria los crímenes objeto de su competencia material que se perpetren a partir de esa fecha en el territorio nacional: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y delito de agresión o guerra agresiva.
De este modo, están dadas las condiciones para que la fiscalía del supremo tribunal punitivo de la humanidad proceda a la apertura de una investigación preliminar o prima facie, máxime que la información generada de 2011 a la fecha refuerza la hipótesis que sostiene que detrás de las más de 100 mil vidas humanas sacrificadas y los más de 26 mil desaparecidos que implicó la decisión adoptada por el mandatario panista yacen posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad.
De ello dan cuenta y razón pormenorizada los aportes del Comité Internacional contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, las investigaciones practicadas por el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, los análisis del Parlamento Europeo, la información oficial sobre desaparecidos difundida por la Secretaría de Gobernación, los informes en torno a las desapariciones forzadas recientemente publicados por Human Rights Watch y Amnistía Internacional, los reportes preliminares emitidos por la Sección México del Tribunal Permanente de los Pueblos y los textos derivados del Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas que tuvo lugar en Coahuila hace unas semanas.
Una vez que ese aluvión de informes y documentos obre en poder de la Corte Penal Internacional, de no haber una acción efectiva por parte de las autoridades competentes de nuestro país, La Haya podría ser el destino final de Calderón.