Producto de la pobreza y la falta de empleo
Raúl Rodríguez Cortés
El Ejército rescató el jueves 6 de junio a 165 migrantes secuestrados en el fronterizo municipio de Gustavo Díaz Ordaz, de Tamaulipas. Eran 77 salvadoreños, 50 guatemaltecos, 23 hondureños, uno de India y 14 mexicanos. Sus familiares habían sido contactados telefónicamente por los plagiarios para exigirles pagos por su liberación. Los 151 extranjeros ya fueron repatriados. Muy probablemente, junto con los mexicanos, reintentarán cruzar la frontera hacia Estados Unidos a pesar de los riesgos de asalto, trata, secuestro, extorsión y muerte.
Pero nada parece frenar ese flujo producto de la pobreza y la falta de empleo: ni éste, ni el dramático caso de las masacres de San Fernando, Tamaulipas, que cobraron la vida de 206 personas en 2010 y 2011; ni las cotidianas violaciones a los derechos humanos de que son víctimas los migrantes por parte de la delincuencia organizada y de las mismas autoridades mexicanas. Es más, el martes 11 de junio fueron rescatados otros 84 indocumentados centroamericanos, esta vez en localidades cercanas a Nuevo Laredo.
De acuerdo con la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de Gobernación, son diez los puntos formales de internación en la frontera sur pero hay otros 56 de ingreso irregular. Es entonces una frontera porosa por la que se estima que cruzan cada año unos 300 mil indocumentados centroamericanos de los que apenas unos 60 mil consiguen llegar y quedarse en Estados Unidos.
Ese flujo migratorio es carne de cañón no solamente de grupos delincuenciales mexicanos sino también centroamericanos. Pero la explotación y el abuso comienzan desde los lugares de origen de los indocumentados.
El control del tráfico, trata y secuestro de migrantes en municipios tamaulipecos como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Díaz Ordaz y Ciudad Mier, lo tienen “las células del cártel de Los Zetas identificadas como El Círculo y El Extranjero… con el apoyo de grupos delincuenciales locales como La Mara 13, de El Salvador, y El Cártel de Petén, de Guatemala”, según la investigación periodística publicada ayer en La Jornada por el reportero Gustavo Castillo García.
Gobiernos van y gobiernos vienen sin que, como prometen, frenen la violencia contra los migrantes que vienen del sur, y ejerzan un control más efectivo de la frontera no sólo por razones humanitarias sino de seguridad nacional.
El actual gobierno ha anunciado un programa interinstitucional para ejercer un mayor control de la frontera sur que aún no se ha puesto en marcha. Ojalá no estemos otra vez ante otra promesa que quede en buena intención o que sea usada para obtener buenos dividendos políticos.
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