Avala que legisladores no informen de sus haberes patrimoniales

Humberto Musacchio

La primera obligación de quienes tienen el poder es conservarlo. Nuestra clase política lo sabe muy bien y se muestra refractaria a todo aquello que acote sus facultades, que impida su enriquecimiento o evite sus dispendios. En su afán de preservarse como grupo dominante, adopta medidas altamente lesivas para quienes con su esfuerzo aportan el dinero para pagar sus sueldos, dietas, sobresueldos, compensaciones y todo aquello que compone el ingreso de los legisladores, los funcionarios del Poder Ejecutivo y los impartidores de justicia.

Hace unos días, la Corte discutió si debían abrirse las cuentas de los legisladores al escrutinio público. La ministra ponente, doña Margarita Luna Ramos, estableció que para los dineros que manejan los diputados no opera el principio de máxima publicidad y que tienen derecho a oponerse a que sus declaraciones patrimoniales sean públicas porque, verá usted, se trata de datos personales que “solamente pueden ser difundidos en la medida en que el titular del órgano así lo permita”. Esto es, que los ciudadanos sólo podemos conocer aquello que generosamente los propios funcionarios o sus jefes estén dispuestos a informarnos.

La ministra Luna Ramos reconoció que, según la ley, sí se puede informar sobre el puesto y el sueldo de una persona, pero no de otros ingresos. De este modo, los señores diputados podrán seguir recibiendo sumas que superan por mucho sus dietas, especialmente los presidentes de comisiones y los integrantes de la mesa directiva. Podrán seguir con coche, chofer, celulares, oficinas, secretarias, gastos de representación, viáticos y muchos otros ingresos legales, y no habrá contribuyente que pueda exigir que sus “representantes” le rindan cuentas.

Por supuesto que deben protegerse los datos personales, sobre todo hoy, cuando el Estado mexicano es incapaz de ofrecer a los ciudadanos seguridad en sus bienes y en su persona. Pero ocurre que los señores diputados, los ministros de la Corte y los que cobran en el Poder Ejecutivo encarnan a ese Estado inepto y oscuro. No sirven para gran cosa, pero cobran como si fueran eficientes. Sus estipendios provienen de los impuestos que ferozmente nos cobran, pero nos niegan el derecho de ver si han manejado con probidad y eficiencia nuestro dinero.

Por fortuna, sólo seis de los once ministros votaron por esa postura aberrante. Por la rendición de cuentas estuvieron cinco ministros: Juan N. Silva Meza, Sergio Valls, José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar y Margarita Luna Ramos. Bien por ellos.