Entrevista a Flavio Galván Rivera/Magistrado del TE

Antonio Cerda Ardura

Ante la proximidad de las elecciones locales del 7 de julio en 14 estados mexicanos, en cuyo marco en uno se elegirá gobernador, se ha comenzado a hablar de la urgencia de una nueva reforma político-electoral.

De hecho, la reforma política figura entre las motivaciones principales del Pacto por México, firmado el 2 de diciembre pasado por los partidos políticos y, sin embargo, aún no se determina una fecha precisa para los debates legislativos.

En esta ocasión, las elecciones probablemente estarán marcadas por un hecho inédito e inusitado que comienza a inquietar a la clase política y a las autoridades: la postulación de animales como candidatos.

De esto y de algunas interesantes propuestas habla, en entrevista con Siempre!, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TE), Flavio Galván Rivera, quien indica que hace falta una nueva Ley de Partidos, un medio para el control contable de los ingresos y egresos de esos organismos, y, sobre todo sanear las partes viciosas de nuestras elecciones, asumiendo, dice, “determinaciones contundentes”.

 

Ley de Partidos

El planteamiento de una reforma político-electoral ha sido recurrente y hasta interminable en nuestro país. En el Pacto por México hay propuestas específicas para una nueva Ley de Partidos, una Ley Electoral que rija en todo el país y la creación del Instituto Federal Electoral (INE). ¿Qué opina de esto?

Es cierto. Durante muchos años hemos experimentado una reforma constante, pero necesaria. Alguna vez se llegó a decir: “Ésta es la reforma definitiva”. Pero de ninguna manera puede haber reformas definitivas. En sus lecciones, don Luis Recasén Siches decía: “El derecho es vida humana normativada”. Y la vida humana va cambiando todos los días, con la propia evolución de la sociedad, y no sólo desde el punto de vista jurídico. A diario hay modificaciones en los campos político, económico, religioso, tecnológico, científico, etcétera.

Hasta hace poco tiempo, por ejemplo, no podíamos imaginar que con un teléfono podríamos grabar conversaciones, tomar fotografías y hacer videograbaciones. Así que todo cambia. Y el derecho también se transforma. Hay mucha movilidad.

En México, cada dos o tres años teníamos reformas. Empezamos con la gran reforma constitucional de 1986 y con el Código Federal Electoral. En 1990 ya estábamos expidiendo el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En 1993, 1994, 1996 y 2000 tuvimos reformas constitucionales y electorales, y después nos quedamos quietos. En 2007 se dieron transformaciones en la Constitución y, en 2008, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En 2008 se publicó también el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Tuvimos luego reformas a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. En 2012 llegaron más cambios constitucionales para crear, por ejemplo, la candidatura independiente, y ahora hay propuestas en el Pacto por México. Se está hablando de una nueva reforma electoral.

¿Qué hace falta? Darle un mejor perfil al sistema democrático mexicano y tratar de consolidarlo, aunque resulte difícil. Un gran avance es la candidatura independiente. Nuestro sistema de partidos políticos empezó realmente con la legislación de 1911. A partir de ahí se reguló la existencia de candidatos independientes y de candidatos de partido. En la reforma de 1946 se derogó la candidatura independiente. El sistema de candidatos de partidos prevaleció hasta 2012, cuando se retomó la idea de las candidaturas independientes.

¿Y qué hace falta hoy para los partidos políticos? Una ley especializada que regule su conformación e, incluso, la actuación de las organizaciones de ciudadanos que quieran constituirse en partidos políticos. En este momento, en la Sala Superior del TE tenemos un gran debate en cuanto a las actuaciones de Morena, que es una asociación civil que intenta transformarse en partido político. Ellos escogieron como sistema la celebración de asambleas en los estados, pero, según dicen, no han iniciado sus actividades para esa transformación. Para mí, se trata de una asociación civil que rige su vida interna conforme al Código Civil, que sirvió de base para su constitución. Para la mayoría de los magistrados de la Sala Superior, sus actividades son políticas, deben quedar enmarcadas en el ámbito político-electoral y estar regidas por la propia Sala Superior en el caso de controversias.

Esa Ley de Partidos tendría que ser muy clara.

Debe ser clara y establecer nuevos requisitos para formar un partido político. México es un país con más de cien millones de pobladores, así que ya es necesario pensar en que el 0.26 por ciento de ciudadanos inscritos en el padrón electoral es una proporción sumamente pequeña para formar un partido político. Yo sostengo que aritméticamente, con esta proporción, podríamos tener aproximadamente 400 partidos políticos, lo cual sería un absurdo.

El pluripartidismo es bueno, ya lo vivimos. Qué bueno que el sistema de partidos políticos se fortalezca y que el ciudadano pueda exigir a esos organismos que, con base en su estatuto, su programa de acción y su declaración de principios, formule ofertas de solución a los conflictos y los problemas nacionales. Es bueno que la ciudadanía tenga un espectro bastante amplio de partidos políticos, pero no con un requisito tan pequeño de integrantes como el que actualmente se establece. Yo propongo que para poder constituir un partido político, se exija, cuando menos, el 1 por ciento de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

¿De cuántos ciudadanos hablaríamos?

De unos 800 mil ciudadanos, cuando menos. Realmente sería una forma de demostrar que existe una corriente de opinión y un apoyo social o una fuerza político-electoral que gane elecciones. De lo contrario, seguiríamos con partidos políticos que surgen hoy, participan en una elección y luego pierden su registro porque no alcanzaron el mínimo de votación que se establece para conservarlo, que es el 2 por ciento.

Para mí, para constituir un partido político, conservar el registro y, obviamente, para mantener la prevalencia del financiamiento público, el mínimo de votación requerida se debe incrementar a 4 o 5 por ciento del total de votos emitidos por los ciudadanos.

Por otra parte, ahora que vivimos una situación difícil porque la delincuencia organizada tiene manifestaciones en muchas formas de la vida social, tenemos que garantizar que los partidos políticos actúen con ingresos lícitos.

 

Control del dinero

¿Cómo se pueden blindar los ingresos de los partidos?

Éste es un tema sumamente importante. Todos los partidos están obligados a dar un informe anual de sus ingresos y egresos, pero en el Código Electoral no hay una sola disposición que se refiera al control de su contabilidad. ¿Qué reglas y principios contables deben cumplir para que esa contabilidad esté bien llevada? Varios códigos de los estados hacen alusión a libros o registros de contabilidad. Pero es necesario establecer un convenio de coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que, al igual que todos los contribuyentes, que estamos obligados a presentar nuestras declaraciones y al pago de impuestos, así también los partidos políticos estén obligados a llevar registros hacendarios de egresos e ingresos, aunque no paguen impuestos, porque tienen muchas exenciones. A partir de la Ley de Partidos se debe establecer una relación importante con la SHCP para que pueda haber una comunicación de informaciones. Si un partido político da a conocer, por ejemplo, que contrató a equis sociedad anónima para una publicidad, la SHCP debería poder constatar que, efectivamente, esa sociedad anónima obtuvo ingresos del partido por el trabajo que le hizo.

Tendrían que hacerse auditorías.

Habría que hacer, incluso, auditorías y quizá también pensar en informes mensuales provisionales. Así, la autoridad electoral podría realizar una revisión parcial mensual y, al año, una revisión más fácil del informe de ingresos y egresos.

En lo que se refiere a las precampañas y campañas políticas, para el informe de gastos podríamos tomar el ejemplo de Hidalgo: se podrían dar informes parciales, de tal manera que una o dos semanas después de la jornada electoral la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y la Unidad de Revisión del IFE cuenten con toda la información para aprobar o no el informe general de gastos de campaña. Esto nos podría llevar a otra reforma que también es importante y que mucho se ha discutido: que el rebase de topes de gastos de campaña constituya una causal de nulidad. Es decir, si tenemos informes rendidos oportunamente y un dictamen consolidado, casi inmediatamente después de la jornada electoral, para cuando se lleve a cabo la calificación de la elección, ya sabremos si el partido político x o y cumplió o no con los topes de gastos de campaña.

Estos informes podrían ser públicos.

Por supuesto, esto tiene que ser del conocimiento de todo el mundo. Una vez que esos informes sean aprobados, deben estar al alcance de la consulta pública. Y esto nos llevaría a la posibilidad de que el rebase del tope de gastos de campaña pudiera ser tipificado como causal de nulidad de la elección. Podríamos tomar aquí el ejemplo del DF: en la capital, el candidato y el partido político que incurren en rebase de topes de gastos de campaña no pueden participar en la elección extraordinaria. Es una sanción fuerte, pero resulta ejemplar. Si realmente queremos sanear las partes viciosas de nuestras elecciones, pues asumamos determinaciones contundentes.

Hay una cuestión que sigue siendo materia de discusión y es la inequidad en los tiempos que tienen los partidos en los medios. ¿Cómo hacer que esto sea totalmente parejo?

En ese rubro hemos avanzado bastante. En principio, los partidos políticos sólo pueden tener acceso a la radio y la televisión en el tiempo del Estado. El IFE es el administrador único de ese tiempo del Estado para efectos político-electorales. Este tiempo se divide en dos partes: el 30 por ciento se reparte de manera igualitaria entre todos los partidos políticos, y el otro 70 por ciento se canaliza de acuerdo a la fuerza electoral. Es decir, no puede haber inequidad en el acceso al tiempo de radio y televisión.

Pero tenemos la otra parte: está prohibido que, por sí mismos, los candidatos y los partidos políticos adquieran tiempo en radio y televisión. Aquí es en donde viene el problema que usted señala: la adquisición encubierta de tiempo en radio y televisión. Por supuesto, es un tema sumamente difícil en el que se tiene que recurrir a principios y valores. Es decir: la ética debe ser también una base fundamental de la conducta de los partidos políticos y de los candidatos. Si su tiempo es el tiempo del Estado, deben aprovechar ese tiempo y no tratar de buscar o adquirir, con subterfugios, un tiempo que resultaría ilícito. Por eso ha surgido en la voz popular una palabra que viene a confundir entre comercial e información. Me refiero a los infomerciales, que no sabemos qué son. ¿Es tiempo que la televisora, la concesionaria ha enajenado onerosamente a un partido o a un candidato, o realmente es una información fuera de un contexto? No tenemos un cartabón ni reglas específicas de cómo se deben dar ciertas noticias. Por tanto, es difícil saber, en un momento determinado, si lo que se vio u oyó es una información, o es tiempo adquirido, onerosamente, por un partido o un candidato. Y ante la duda, desafortunadamente no se puede sancionar. Ningún juzgador puede, sólo por lo que cree, castigar a una persona. Necesariamente debe tener pruebas para demostrar, de manera fehaciente, el motivo de la infracción. Ahí es en donde podemos encontrar algunas fallas, no tanto de la autoridad o del juzgador, sino en la conducta ética de los actores políticos o de los que participan en una actividad política.

¿Las propuestas de reforma política incluidas en el Pacto por México son adecuadas?

Es algo muy complejo. Se habla, por ejemplo, de un INE, idea que yo, en principio, no comparto. Nos lleva a una valoración de lo que es el sistema federal y el Estado unitario, porque un INE nos conduciría a la supresión de los institutos electorales de los estados y del Distrito Federal. Esto tendría que ponernos a pensar si se pueden mantener vigentes los códigos electorales de los estados y del Distrito Federal, o si debe haber un solo Código Electoral para toda la república mexicana, en el que estén reguladas las elecciones de presidente de la república; de los gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal; de senadores y diputados al Congreso de la Unión; de diputados a los congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; de ayuntamientos y de jefes de demarcación territorial en el Distrito Federal; de órganos auxiliares de los ayuntamientos, y la regulación, hasta donde ello sea posible, de las elecciones en los pueblos indígenas. En fin… ¡Estaríamos pensando en un Código Electoral gigantesco!

¿Hasta dónde eso es sistemático y funcional? Por otra parte, ¿hasta dónde prevalece el sistema federal y hasta dónde estamos hablando de un Estado centralista o un Estado unitario? Esto tendría, necesariamente, que reflejarse también en la justicia electoral: tendríamos que hablar de un solo Tribunal Electoral para la república mexicana.

La noción de Federación quedaría volando.

No existiría propiamente. Ya no habría tampoco tribunales electorales de los estados y toda la función jurisdiccional tendría que ser para este tribunal nacional de elecciones. Entraríamos, como el TE está entrando ahora también, a analizar, calificar y resolver conflictos de elecciones municipales, e incluso de delegados municipales; de jefes de demarcación territorial en el Distrito Federal; de jefe de Gobierno; gobernadores. En fin… Todo conflicto relacionado con elecciones tendría que llegar a este tribunal único. ¿Qué requeriría este tribunal único? Probablemente tribunales unitarios o colegiados en cada uno de los estados de la República, y en cada municipio o Distrito Electoral, y se volvería a lo mismo: a un monstruo de tribunal electoral.

Animales candidatos

En México está ocurriendo algo inédito, que seguramente, lejos de ser algo simpático o anecdótico, le va a ocasionar problemas a los tribunales electorales. ¿Qué le dice la postulación de animales a puestos de elección popular?

Cuando leí algo sobre el llamado candigato, me causó curiosidad esa expresión. Al principio pensé que se trataba de alguien a quien le dicen El Gato, pero, al continuar la lectura, me di cuenta de que realmente se trata de un gato propuesto como candidato a presidente municipal. También me llamaron la atención las declaraciones del Instituto Electoral de Veracruz, que le pidió a la ciudadanía que no eche a perder su voto.

Este tema, si no fuera en verdad tan preocupante, sería de risa. Podríamos quizá desahogar el estrés. Pero fíjese que es grave. Me vino a la memoria el libro de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera, en donde se plantea cómo unos ciudadanos, cansados del sistema electoral que tenían, depositan en las urnas sus boletas en blanco y resulta que son esos votos los que triunfan. No hay un candidato ganador.

Por otra parte, las redes sociales son, sin duda alguna, un gran instrumento, y lo hemos visto en el acontecer diario y a nivel mundial. Y el hecho de que alguien proponga ahí a un gato como candidato, o a un perro, o a un burro, que creo que son algunos de los casos que se han presentado, nos está mostrando parte del cansancio de la ciudadanía en los partidos políticos.

Sólo falta postular a las gallinas.

Pues sí. Ahora todo puede ser candidato. Los ciudadanos ya no creen en los partidos ni en los políticos. Esto refuerza ese movimiento, que tiene muchos años, que apoya las candidaturas independientes. Le decía anteriormente que esas candidaturas existían desde 1911, se prohibieron en 1946, y resurgieron en el texto constitucional en 2012. Pero ésta es una reacción a las demandas de los ciudadanos: queremos candidatos ciudadanos. ¿Cuántas veces, en las campañas políticas, hemos escuchado: “No votes por un político, vota por un ciudadano”. Y ahora los ciudadanos se han logrado organizar. En Zacatecas hay nueve candidatos independientes a presidentes municipales; en Quintana Roo hay otros más. Pero la imaginación de alguien hizo postular a un gato y ya tiene miles de seguidores. ¿Qué nos está diciendo? Obviamente que los ciudadanos se burlan de las elecciones constitucionales, porque no creen. Si no confía la sociedad en sus candidatos y en los partidos políticos, es porque candidatos y partidos han fallado y lo que han prometido en campaña no lo han cumplido. El ciudadano, entonces, encuentra una forma de desahogo al salir a votar por el gato. Obviamente, desde el punto de vista estrictamente jurídico, no es una boleta seria. Pero, ¿y si gana el gato? Es claro que no va a poder ser declarado presidente municipal. Uno de los requisitos fundamentales del acto jurídico, y votar es un acto jurídico, es la seriedad en la manifestación de la voluntad.

¿Pueden estos animales descarrilar las elecciones?

Por supuesto que podrían traer problemas bastante fuertes. Imagínese nada más que en un municipio haya un candidato triunfador que viene de la zoología. ¡Sería gravísimo! Por supuesto, nadie va a pensar seriamente en darle constancia de mayoría y validez y nadie va a pensar en representar al gato para venir a pelear su triunfo a los tribunales. Se carecería de toda seriedad. Pero es la respuesta que la gente estaría dando a los partidos y a los candidatos: “Prefiero al gato, que al humano; prefiero al gato, que al partido político”. Es un tema de mucha reflexión para todos: para las autoridades que organizan las elecciones; para los partidos políticos, que son los entes fundamentales en un sistema de partidos; para los ciudadanos, que son el sujeto más importante en todo sistema democrático, y, por supuesto, para nosotros los jueces. ¿Cómo vamos a juzgar una elección en donde el mayor número de votos se haya dado a un, entre comillas, candidato animal?

Tenemos que concientizar a todos los ciudadanos y trabajar mucho y fuerte en la educación cívica y en la educación política. Los partidos políticos tienen que revisar su actuación y sus programas, y determinar qué es lo que han hecho con la sociedad y de la sociedad; qué esperan de la sociedad y qué están dispuestos a darle a la ciudadanía para recuperar la credibilidad, la confianza y sus votos.

¿Qué tan urgente es esta reforma político-electoral?

Es urgente, pero, al mismo tiempo, tiene que estar muy bien pensada. Para mí, la meta no puede ser otra más que la de consolidar el sistema democrático que, indiscutiblemente, existe en México. No es tanto el tiempo, sino el producto que le vamos a entregar al país y a las nuevas generaciones.