Entrevista a Ángel Trinidad Zaldívar/Comisionado

 Antonio Cerda Ardura

Adicionalmente a las propuestas del presidente Enrique Peña Nieto, en el sentido de que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) no sólo tenga atribuciones para transparentar la información de dependencias del gobierno federal, sino que pueda hacerlo con instituciones estatales y municipales, partidos políticos, sindicatos y todo organismo que reciba recursos públicos, recientemente se han puesto en el debate nacional otros temas relacionados con la transparencia.

Se discute, por ejemplo, si las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos deben ser hechas públicas, o si Pemex debe informar de todas sus actividades comerciales, o si la ciudadanía debe conocer las partidas secretas al Congreso y el total de las subvenciones a los partidos políticos.

Sobre esto, habla a Siempre!, en exclusiva, el comisionado del IFAI, Ángel Trinidad Zaldívar, quien señala que se requiere una reforma para convertir esta institución en un órgano constitucional, para que se haga en México realidad la premisa de que todo recurso público tenga que transparentarse, “hasta el último centavo”.

Tema de debate

El IFAI se ha ido consolidando en México, pero aún tiene trabas que vencer. ¿Qué opina de propuestas como la del presidente de la república para modernizarlo? ¿Cuáles son los grandes retos que enfrenta?

El IFAI enfrenta varios retos. El primero es, efectivamente, su consolidación. En los diez años que lleva trabajando, se ha ganado un prestigio por su labor y sus resoluciones. Sin embargo, a pesar de que vamos en la ruta correcta, aún necesita algunos ajustes.

El tema de la transparencia es una demanda que la ciudadanía no dejará morir, es decir: llegó para quedarse. De ahí la importancia de las propuestas que hizo el presidente, Enrique Peña Nieto, desde su campaña. De hecho, resultó muy interesante que el IFAI se convirtiera en uno de los temas centrales de las campañas de todos los candidatos, y Peña Nieto se pronunció, de manera particular, en su fortalecimiento. Esto se ha llevado a la práctica, de manera coordinada y conjunta con todas las fuerzas políticas, a través del Pacto por México.

Es necesario destacar que, en el marco del Pacto, son vitales los temas de la transparencia y la revisión de cuentas. Esto nos da una idea de lo importante que es hoy el IFAI y porqué es un tema de debate que se aborda en las altas esferas y que está presente en la discusión pública.

¿Qué plantean no sólo el presidente, sino las distintas fuerza políticas? Que la consolidación del IFAI se va a dar cuando se convierta en un órgano autónomo constitucional. ¡Ése es el punto de salida! Es el piso mínimo y básico para lograrlo.

Además de la autonomía constitucional, hay otros puntos torales para la consolidación del IFAI: la transparencia en los partidos políticos y en los sindicatos. También es necesario que se aclare, de una vez por todas, la transparencia en los fideicomisos públicos, los cuales manejan muchísimos recursos. Es decir: transparencia en todos los órganos y órdenes del Estado.

Sin duda, requiere de más facultades.

El IFAI se ha convertido en un referente nacional e internacional. Y no me refiero sólo a su propio trabajo, sino a los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, que fue producto de la convergencia de opiniones de académicos, medios de comunicación, investigadores, legisladores, etcétera. Sin embargo, el IFAI sólo es autoridad para el Poder Ejecutivo federal. De manera que sí se requiere una reforma para convertirlo en órgano constitucional, para que con ello tenga la estatura y la posibilidad de revisar todos los ámbitos y niveles de gobierno.

Hay una excepción, con la que yo coincido, que tiene que ver con el Poder Judicial de la Federación: el IFAI no sería autoridad para la SCJN. Esto es entendible, porque la Corte es la máxima instancia. De ahí en fuera, el IFAI tendría que convertirse en autoridad ante todos los demás poderes y órganos autónomos: IFE, Trife y CNDH.

Y algo muy importante: si pasa la iniciativa en los términos planteados por los senadores, el IFAI tendría la atribución de revisar las resoluciones de los órganos de transparencia en los estados. Recordemos que en algunas entidades hay ciertas resistencias a la transparencia, que se ve como una carga adicional, ya que no se ha comprendido que esa circunstancia fortalece las instituciones, le imprime credibilidad al sistema en su conjunto y genera la confianza ciudadana. En cualquier parte del mundo, eso es lo que hace que un sistema político sea sólido, avance y tenga mejores mecanismos para enfrentar las dificultades.

Hasta el último centavo

Estos escándalos del desvío de recursos, como el que se ha descubierto en Tabasco, son producto de esas resistencias. En la actualidad se discute si deben transparentarse las partidas secretas que maneja el Congreso, las subvenciones a partidos políticos, y si deben publicitarse las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos.

La transparencia y el acceso a la información son puntos recurrentes en el ámbito político, porque son temas muy bonitos para el discurso, se venden bien y hacen sentir a los ciudadanos que los gobernantes están cerca. ¿Cuál es el problema? ¡Convertirlos en práctica! Ahí es donde les cuesta trabajo a los funcionarios y servidores públicos. ¿En el caso de los partidos y los grupos parlamentarios se deben transparentar los recursos? La respuesta sencilla es sí. Cualquier recurso público, esté destinado a donde esté destinado, debe ser transparentado. En el manejo de los recursos que se dan a los partidos, que no son menores, debe haber una absoluta transparencia, sean 10 mil, 50 mil, 500 mil pesos o cualquier otra cantidad. Respecto al dinero que se otorga a los grupos parlamentarios, que también son cantidades millonarias, como son recursos públicos tendría que transparentarse hasta el último centavo. Aquí no cabe ningún tipo de excepción para no saber en qué gastaron las partidas.

Por otra parte, es claro que habrá ciertos puntos que pudieran ser reservados, pero de manera momentánea. ¿A qué me refiero? Tanto los partidos como los grupos parlamentarios llegan a contratar alguna asesoría para desarrollar estrategias de trabajo. Si en cierto momento no fuera prudente que alguna de esas estrategias se hiciera pública, puede haber cierta secrecía, pero sólo momentánea, como lo establece la actual Ley Federal de Transparencia.

Más allá de estas pequeñas restricciones, no hay justificación alguna para que no se haga público el ejercicio de los gastos no sólo de los partidos y de los grupos parlamentarios, sino también de los sindicatos.

Actualmente hay posturas para que Pemex informe sobre la importación y exportación de productos derivados del petróleo.

En el IFAI nos hemos topado con algunas situaciones curiosas, no sólo relacionadas con Pemex, sino, en general, con toda la administración pública. ¿Por qué cuesta un poco de trabajo este tema de la transparencia? Es que en muchos casos hay desconocimiento, dentro de las propias instituciones, de lo que hacen las distintas unidades administrativas. ¿Qué quiero decir? A veces hemos visto que se hace una solicitud de información, por ejemplo, a Pemex, y alguna área responde que ésos son datos reservados. Sin embargo, a la hora de analizar el caso y de preparar el proyecto de resolución, hemos descubierto que esa información que esa unidad determinó como reservada, ya fue entregada por otra unidad administrativa. En algunos casos, la información no sólo se entrega, sino que se difunde hasta en boletines de la propia dependencia o en su página de Internet. Desde luego, hay cosas que hemos protegido y quisiera resaltarlo, porque hay quienes piensan que el IFAI no pone el cuidado necesario al entregar información o revocar las reservas. En ocasiones hemos reservado datos relevantes, cuando consideramos que, conforme a la ley, procede hacerlo, sobre todo si alguna información tiene que ver con alguna estrategia. Si Pemex, por ejemplo, tiene una estrategia comercial para la compra o venta de determinados productos, el IFAI puede determinar la reserva de esa información, pero de manera temporal. Insisto en esta temporalidad, porque lo establece la propia Constitución. Esto es muy importante tenerlo presente, porque hay cosas que pudieran hacer daño si se hacen públicas en el momento. Sin embargo, esto no significa que en el futuro no se den a conocer.

A veces, entonces, a la ciudadanía le falta información.

La Ley de Transparencia, entre otras cosas, lo que busca es incentivar la participación ciudadana. ¿Cómo puede un ciudadano participar? Solamente si está informado. Sin información, la verdad es que estaríamos bordando en el aire. Si queremos un sistema político mucho más sólido y democrático, esto implica la participación ciudadana, y la participación ciudadana, per se, necesita información previa.

 

Medida anticorrupción

Actualmente se está discutiendo si se deben o no publicitar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. La SCJN ha tenido sus reticencias.

La Convención Interamericana contra la Corrupción, que fue aprobada por la OEA en 1996 y suscrita por México, incluye la publicidad de la declaración patrimonial de los servidores públicos como una de las herramientas de combate a la corrupción. Esto es importante de resaltar, porque, al hacerse públicas esas declaraciones patrimoniales, se están inhibiendo los actos de corrupción.

Se dice que la corrupción está prácticamente en toda la administración pública, pero en realidad sí hay un buen número de servidores públicos que están comprometidos con su trabajo y con hacerlo de manera transparente. Pero siempre habrá algunos personajes que hagan mal uso de sus atribuciones. De manera que yo estoy de acuerdo en que estas declaraciones patrimoniales deberían de ser públicas.

En realidad esto no es una innovación. Varios países tienen ya disposiciones constitucionales o legales que establecen la obligatoriedad de la publicidad de estas declaraciones patrimoniales, como Argentina, Brasil, Francia, Estados Unidos o Canadá.

Aquí se alega que se violenta la privacidad de las personas.

La SCJN ha resuelto algunos asuntos que tienen qué ver con la publicidad de cierta información de servidores públicos, versus la privacidad de esos servidores públicos. Y en ese sentido, hay tesis de la propia Corte en las que se ha dicho que los servidores públicos tenemos un nivel menor de protección de la privacidad. ¿Por qué? Porque somos servidores públicos. La SCJN ha establecido con absoluta claridad que cuando uno acepta ser servidor público, la esfera, la burbuja de derecho a la privacidad y a la protección de nuestros datos personales se ve disminuida por el simple hecho de haber aceptado el cargo. Esto va muy a tono con lo que ha sucedido, por ejemplo, en Alemania. Cualquiera que allí acepta un cargo público, se pone, por su propio gusto, debajo de una lámpara y de una lupa. Acepta, por ese propio hecho, que va a ser mucho más observado. Si no fuera así, ni siquiera podríamos conocer los salarios de los servidores públicos, ya que ése es un dato personal. Sin embargo, en el caso de los servidores públicos, se tiene que decir cuánto ganan.

Obligación constitucional

¿Qué piensa del debate respecto a la Cédula de Identificación? ¿Le Corresponde al IFE o al IFAI?

Una buena parte del trabajo del Congreso es la generación de leyes. No obstante, en ocasiones se nos olvida que, además, hay que cumplirlas y ponerlas en operación. ¿Por qué digo esto? Porque en 1992 se hicieron diversas reformas y, entre ellas, una a la Ley General de Población, la cual estableció el Registro Nacional de Ciudadanos. ¿Qué se dijo? Que se iba a generar una Cédula de Identidad, una credencial.

Los artículos 97 y 98 de esa ley decían: “El Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana son servicios de interés público que presta el Estado a través de la Secretaría de Gobernación”. Y señalaban más adelante: “Los ciudadanos mexicanos tienen la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y obtener su Cédula de Identidad Ciudadana”.

La propia Constitución General de la República establece, en su artículo 36, como una obligación del ciudadano, inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos. ¿Qué significa todo esto? Simplemente que existe una obligación constitucional de que se genere un Registro Nacional de Ciudadanos y de que el ciudadano se inscriba en este Registro y obtenga una Cédula de Identidad. Esa reforma de 1992 estableció un transitorio que dice que, “hasta en tanto no se expida la Cédula de Identidad Ciudadana”, la credencial para votar, la del IFE, “podrá servir como medio de identificación personal en trámites administrativos”. Éste sería un tema a discutir, en verdad, relevante. ¿Qué sucedería si hoy la Secretaría de Gobernación, que es de quien depende todo esto, echara a andar esta reforma y dijera: “Vamos a hacer la Cédula”? Hay voces que dicen que, si se hace esta Cédula y va a servir como identificación oficial, mucha gente va a dejar de obtener su credencial para votar, porque, en realidad, muchas personas sólo la obtienen como medio para identificarse, y luego, ya teniéndola en su poder, la aprovechan y van a votar. O sea, tiene un impacto. ¿Cuál es una de las preocupaciones? Que si se llegara a implementar esta Cédula de Identidad, la credencial para votar perdería vigor. Así que no es un tema de fácil resolución y habría que discutirlo a fondo.