Incrementar la penalidad aplicable al delito de terrorismo, exceptuando aquellas manifestaciones sociales que pretendan presionar a la autoridad, fue lo que el presidente Enrique Peña Nieto envió hoy al Congreso de la Unión su iniciativa de leyes reglamentarias al artículo 22 constitucional en materia de combate al lavado de dinero que, entre otras reformas.
Dicha iniciativa establece un capítulo específico relativo al “financiamiento al terrorismo” y se endurecen las penas en el caso de terrorismo internacional que amenace con cometer ese ilícito en el país.
En la misma se plantea el delito de robo de material radioactivo, combustible nuclear, mineral radioactivo, o fuente de radiación y se amplían los supuestos del delito de operaciones de procedencia ilícita.
Además, todos eso delitos se establecen como graves y susceptibles de ser perseguidos como delincuencia organizada.
Por lo que toca al delito de terrorismo pasa de 6 años de prisión a 40 y se establecen agravantes que pueden incrementar la pena hasta en el doble.
Peña Nieto afirma que la política de seguridad y de justicia del estado mexicano no puede ser solo reactiva sino que también debe ser preventiva, deben generar las condiciones jurídicas que le permitan anticiparse a los posibles hechos ilícitos.
Por lo que con el ánimo de entregar resultados tangibles del combate al lavado de dinero y aquellas conductas que se estructuran al margen de la ley para socavar el estado de derecho se plantean estas reformas para fortalecer el marco jurídico y enfrentar las diversas prácticas ilícitas en la materia.
La reforma modifica el Código Penal, el de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de Extinción de Domino, además se solicita que la Comisión Permanente la remita a la Cámara de Diputados.