Durante los últimos años de la administración del panista el exgobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, incurrió en una serie de irregularidades administrativas y financieras que ocasionaron un presunto quebranto patrimonial por aproximadamente 5 mil millones de pesos, equivalentes al 6.6% del gasto total ejercido en 2012.
El Congreso de Jalisco ordenó auditar el ejercicio fiscal de 2012 y, en una revisión preliminar, la Contraloría detectó anomalías en la ejecución de obras y en el manejo administrativo por dicha cantidad que, de no solventarse en tiempo y forma, podrían traducirse en al menos tres denuncias penales, según dijo el responsable del órgano fiscalizador del estado, Juan José Bañuelos Guardado.
González detalló que se hicieron 387 observaciones a 16 secretarías y dependencias del Ejecutivo, así como a 11 organismos públicos descentralizados, y la mayor parte de las irregularidades detectadas, puntualizó, corresponde a los recursos ejercidos para obra pública.
Se trata, según el informe de la Contraloría, de 3 mil 823 millones de pesos, de los que 2 mil 738 millones corresponden a dependencias del Ejecutivo y el resto a organismos públicos descentralizados.
Se encontraron anomalías por 841.8 millones de pesos en las áreas administrativas, y más de 719.9 millones de pesos en recursos ejercidos a través de programas estatales en municipios.
Bañuelos Guardado explicó que las anomalías que se detectaron se notificarán a quienes eran titulares de las diferentes áreas que se revisaron, para que puedan hacer aclaraciones.
Precisó que se cuidarán todos los detalles de los procedimientos, para que “un acto administrativo previsto por la ley no se convierta en un acto de persecución política”.
Los recursos supuestamente desviados por el diputado local panista estaban destinados a la contratación de obras públicas para dotar de agua potable a 52 colonias populares, iniciativa con la que se pretendía resolver el problema de la escasez del líquido que afectaba a más de 300 mil jaliscienses.