Amnesia social
La independencia absoluta del poder civil y la libertad religiosa…
puntos capitales que debían conquistarse en esta revolución.
Benito Juárez
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
En sentido contrario al espíritu que animó al Constituyente Permanente a decretar la laicidad de la república mexicana en el artículo 40 constitucional, varios servidores públicos —de todos los signos políticos— han expresado explícitamente sus convicciones religiosas en detrimento de este importante precepto constitucional.
Tras sortear todos los escollos argumentativos en contra, el Estado mexicano reconoció —el 30 de noviembre de 2012— que es “voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república, representativa, democrática, laica, federal”, como expresión de una sociedad respetuosa del derecho individual de profesar, o no, una religión, fundamento de la laicidad constitucional, que tanto el gobernador priista de Chihuahua, como un dirigente nacional del Partido del Trabajo en Durango y la alcaldesa panista de Monterrey han violentado en actos públicos en los cuales manifestaron sus creencias religiosas.
La patente confesionalidad de César Duarte —quien ofreció su entidad a los Sagrados Corazones de Jesús y de María—, la del petista Alberto Anaya —que recibió las bendiciones clericales en un acto de campaña— y la de Margarita Arellanes que entregó las llaves de la ciudad de Monterrey a Jesucristo— atenta contra el Estado laico.
Los escarceos de Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno capitalino, con el poder clerical católico provocan ese mismo resultado. Así se interpretó su injustificada presencia en la entronización del papa Bergoglio en la Ciudad del Vaticano, o sus constantes acercamientos con el cardenal Carrera en eventos públicos.
Al amparo de estas sigilosas acciones se construyen estrategias que faciliten una presencia pública del poder clerical, cuyos miembros no escatiman esfuerzos para “recuperarse del juarismo”, movimiento emancipador satanizado por jerarcas y legos desde hace más de 150 años, cuyo aporte a la vida de la república ubicó en el espacio de lo privado los dogmas y sus externalizaciones, acción política mucho más concordante con el precepto evangélico de “dar a Dios lo que es de Dios”, que la potestad mundana con la que el clero mexicano enfrentó, desde 1810, la construcción de la patria.
Para evitar esta amnesia social urge recuperar para la memoria pública de la nación las razones que con tanta claridad y justeza expresó don Benito Juárez en su carta del 12 de julio de 1859 dirigida a su yerno, Pedro Santacilia, en la que afirma que los puntos capitales de las Leyes de Reforma se ubican en la independencia absoluta del poder civil y la libertad religiosa, conquista de los liberales del siglo XIX que zanjó con claridad y contundencia los límites entre lo público y lo privado en ambas materias.