Camilo José Cela Conde

Madrid.-La palabra del título corresponde, en alfabeto latino, a la palabra griega para “televisión”. Palabras serán todo lo que tengan en adelante los griegos respecto de la televisión pública; se han quedado sin las imágenes así, de la noche a la mañana, de forma literal porque a la hora de las brujas del 11 de junio los tres canales de la Radiotelevisión Griega dejaron de emitir. De tal suerte los griegos pasan a ser los primeros europeos que carecen de una televisión que no sea privada.

Habrá quienes lo celebren porque, en Grecia, existía un canon que convertía en cierto modo la televisión pública en canales de pago. Y al margen de los trabajadores despedidos no serán muchos quienes hayan de lamentarlo; las cadenas públicas contaban con una cuota de pantalla muy pequeña comparada con las privadas.

El cierre de la ERT, que es como se llama la radiotelevisión griega, se supone momentáneo: el gobierno de Andonis Samarás ha prometido transformarla en un organismo mucho más liviano —700 empleados frente a los 2.700 actuales— aunque sin una fecha límite para la reconversión. De hecho, es ésa la clave nada oculta del cierre porque permite echar a la calle a algo más del 10 por ciento de los empleados del Estado que la troika ha exigido despedir a cambio de los rescates.

Tiempo dará, pues, para plantear qué tipo de televisión pública van a tener los griegos. En términos económicos, al menos.

En realidad es ése el debate de fondo que cualquier país con apuros para el equilibrio en sus cuentas se debería plantear. Lo hemos vivido en España con la proliferación de los canales autonómicos a los que, en algunos casos se han sumado incluso televisiones municipales. Aunque el derecho a la información forma parte de las necesidades básicas que la Constitución española garantiza ( en teoría), el diluvio de nuevas televisiones pagadas con pólvora del rey no se debió en ningún caso al fervor por la defensa de los derechos fundamentales. Se trataba de controlar el voto futuro por medio de unos canales públicos que se suponía que iban a defender de manera nada disimulada los intereses políticos de sus muñidores y llevarles, así, a la victoria en las urnas. Lo primero, sí que sucedió; lo segundo, no. Pero las teles se quedaron y ahora andamos dando vueltas en España a su sentido y viabilidad.

Si estamos hablando de sanear cuentas, poco cabe discutir. Pero si el debate va de derechos esenciales, podría pensarse en que la mano negra mejor consiste en vaciar de contenido el servicio público, sesgando la información hasta que no interese a nadie, como etapa previa a echar el cierre. Está sucediendo ya con la radio pública española que, hasta la legislatura actual, era un modelo de independencia. Es un plan parecido al que amenaza a la sanidad pública en lugares como Madrid, de momento. Y quizá Grecia no sea otra cosa que el ensayo final.