D. F. por Siempre!

¿Conciencia de barrio o sello de ilegalidad?

 

 

Tepito existe… porque resiste.

Máxima popular del barrio bravo.

 

José Alfonso Suárez del Real y Aguilera 

Bajo la premisa moral de “erradicar la herradura de tugurios”, en 1952 el alemanismo integró a Tepito en sus proyectos de modernización urbana, empleando una estrategia política de criminalización de la zona de tolerancia de la ciudad —la cual rodeaba prácticamente el barrio por sus cuatro costados—, acción que generó el reconocimiento y apoyo de las buenas conciencias, y el aplastamiento de cualquier oposición vecinal o gremial de “pecadoras, meretrices, cinturitas, cómicas, salteadores, teporochos y mariguanos” que —según los funcionarios— se apropiaron del cuadrante que corría entre los patios de maniobras de las estaciones ferrocarrileras de Buenavista y San Lázaro.

Del proyecto del arquitecto Mario J. Pani nacen, entre 1957 y 1962, la prolongación del Paseo de la Reforma —desde Bucareli hasta la confluencia de las calzadas de Peralvillo, Guadalupe y Los Misterios—; la Unidad Nonoalco Tlatelolco y la integración de los mercados de Tepito, como centros de abasto de ese importante conjunto habitacional.

Esta acción urbanística, impulsada por el Regente de Hierro, Ernesto P. Uruchurtu, pretendió desarticular las redes de tugurios, de tratantes de blancas, de narcos  y traficantes de armas, parapetadas al amparo del mito de barrio bravo,  sinónimo de tierra sin ley.

Este proceso se exhibe en Tepito a través de la transformación del espacio público en escenario de la ilegalidad; en la anulación del bien común en  beneficio de los intereses de grupos delictivos amparados y auspiciados por la propia autoridad; en la cotidiana violación del derecho a la paz y armonía vecinal y social, en razón de la exacerbación de la violencia visual, auditiva, espacial (ambulantaje) y criminal; en la aplicación de la Ley de plata o plomo,  como política habitual entre criminales y gobernantes; en  la atomización del poder monopólico de la autoridad coactiva, en función a la cooptación de policías e impartidores de justicia, en detrimento de los derechos humanos de quienes se aferran a construirse un espacio barrial para vivir en sociedad.

Se identifica a Tepito más como  un “sello de ilegalidad y de impunidad”, que como una sólida  postura de arraigo vecinal a favor de un espacio urbano en el que interactúan sectores sociales con intereses difíciles de conciliar, pues mientras unos luchan por consolidarlo como lugar de convivencia, otros lo explotan y otros lo padecen; actitudes que debiesen obligar a los gobiernos delegacionales y al de la ciudad a reconfigurarse como únicas opciones de legalidad y legitimidad, asumiendo, junto con los tepiteños que le apuestan a la integración social y legal, la rectoría y las directrices de la vida barrial.

Ante ello, resulta imperativo coordinar todo esfuerzo con quienes han demostrado que el barrio existe, porque se resiste a ser paradigma de ilegalidad e impunidad.