¡VIVA LA DISCREPANCIA!
Que el papa Francisco agarre el toro por los cuernos
Raúl Jiménez Vázquez
Ante la falta de jurisdicción de la Corte Penal Internacional para dar curso a la denuncia interpuesta contra el papa emérito Joseph Ratzinger y otros miembros de la curia romana, este escandaloso asunto podría ser objeto de una intervención formal por parte del Comité de la ONU de los Derechos del Niño.
El Comité es el órgano encargado de vigilar la observancia de las obligaciones contraídas por los Estados parte; uno de los deberes primordiales es el concerniente a la adopción de las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas que sean indispensables para la protección del niño contra cualquier forma de perjuicio físico o mental, incluyendo el abuso sexual.
El Vaticano fue conminado a aportar información detallada sobre la pederastia eclesial según un listado de preguntas cuya respuesta formal deberá producirse a más tardar en enero del 2014, lo que será complementado con la subsecuente comparecencia de los representantes de la Santa Sede.
Entre otros aspectos relevantes, el organismo supranacional tiene interés en: I) saber cuántos abusos sexuales contra niños han sido cometidos por ministros religiosos, II) indagar en qué casos los sacerdotes pederastas fueron transferidos por sus superiores a otras parroquias con el propósito de encubrir sus delitos, III) identificar a los obispos u otros jerarcas que omitieron denunciar los hechos ante las autoridades competentes en la materia, IV) precisar qué investigaciones se llevaron a cabo y cuáles fueron las compensaciones otorgadas, V) establecer qué medidas se instrumentaron para asegurar que los responsables no volverán a estar en contacto con menores, VI) discernir qué medidas se han implementado con vistas a la prevención de futuros actos de violencia sexual.
Se trata de una averiguación de muy profundo calado. Las consecuencias de tan significativa acción de la ONU son verdaderamente insólitas. Por un lado, el Vaticano puede ser declarado responsable internacionalmente del quebrantamiento de un tratado multilateral que, además, tiene rango preeminente por estar referido al tópico de los derechos humanos, lo que conllevará la obligación de cubrir amplias reparaciones económicas y honoríficas a las víctimas y sus familiares. Por el otro, en virtud del principio de la jurisdicción universal proveniente del derecho penal internacional, cualquier Estado estará en posibilidad de investigar a los responsables por tratarse de crímenes de lesa humanidad, tal como ocurrió en el caso Pinochet.
La puesta del dedo en la llaga vaticana evidentemente viene a enturbiar el proceso de canonización de Juan Pablo II puesto que la masa crítica de estos aberrantes actos afloró precisamente durante su período papal. Al Estado Pontificio le llegó la lumbre a los aparejos; es de desearse que el Papa Francisco agarre al toro por los cuernos y aproveche para desterrar la cultura de la impunidad.