REFLEXIONES CONSTITUCIONALES
La tormenta de las reformas
Alfredo Ríos Camarena
El régimen constitucional del Estado mexicano se finca en objetivos y propósitos que tienen su fundamento en el proceso histórico nacional; las notas características de nuestra Constitución son el laicismo, la democracia, la división de poderes, el sistema federal, la economía social y el respeto a los derechos humanos. Estas categorías jurídicas son resultado de las Constituciones de 1824, 1857 y 1917 y constituyen la esencia de la república.
El sistema político tiene el carácter de presidencial al igual que casi todos los sistemas del continente, pues el régimen parlamentario democrático de Europa se origina entre las diferencias del soberano y el pueblo a las que Cromwell y Juan sin Tierra dieron sus fundamentos. Las Cámaras definen la política de este sistema, mientras que en el presidencial, al Ejecutivo le corresponden competencias de control diferenciadas.
El sistema semiparlamentario ha tenido poco éxito en el mundo político y sólo en Francia ha podido lograrse con eficiencia gracias a las facultades metaconstitucionales que en su momento tuvo el general Charles de Gaulle.
Sartori explica este régimen mixto afirmando que, cuando en un sistema político el partido que gana las elecciones tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, funciona como presidencial; pero si en el Legislativo existe mayoría de partidos de oposición, funciona como parlamentario; por eso, el planteamiento de un régimen semipresidencial probablemente no es la mejor opción para desarrollar las fuerzas políticas.
Actualmente, en la tormenta de reformas que emanan del Pacto por México y de las fracciones parlamentarias de los distintos partidos políticos, se plantean algunas reformas que cambian radicalmente los paradigmas constitucionales.
El PAN pretende el cambio de los artículos 25, 27 y 28 Constitucionales, con lo cual se desmantela el Estado social de derecho que ha caracterizado al régimen mexicano; no es extraño, pues este partido nació como una reacción frente a la reforma agraria y la expropiación petrolera. Corresponde a una corriente conservadora que ha sido derrotada históricamente desde hace muchos años.
El PRD, en su propuesta de reforma política, pretende romper los ejes del sistema presidencial a través de un gobierno de gabinete semiparlamentario; tampoco corresponde a la esencia de nuestro constitucionalismo.
El PRI se mantiene en un pragmatismo; sin embargo, plantea reformas sociales de primera importancia como el sistema universal de salud y en la acción directa la denominada Cruzada contra el Hambre; en ambos casos, sí corresponde a los objetivos de justicia social de nuestro constitucionalismo.
El problema reside en que las diferencias entre partidos nos pueden llevar a una tormenta reformista que desmantele las notas esenciales de nuestro proceso histórico.
Por lo anterior, debe cuidarse con esmero y con participación de diversos actores de la vida pública, como los académicos, los medios de comunicación, los factores reales del poder que deben cuidar celosamente que no se desborde nuestro marco constitucional en aras de una falsa modernización que nos conduzca a un retroceso histórico.
Sin duda, la reforma fiscal debe operar pero no sólo para incorporar la informalidad a la economía social, sino también para que ésta, la reforma fiscal, permita que las trampas de la elusión sean superadas y los grandes empresarios y capitales paguen los impuestos a que están obligados por razones jurídicas sociales e históricas.
Vivimos un momento de cierta confusión en el aspecto ideológico y de arreglos cupulares que no pueden estar por encima del interés nacional.
Qué bueno que se realicen reformas, pero cuidemos el porvenir de la nación y el legado histórico y jurídico que la Constitución nos da y que ha permitido, a pesar de las grandes fallas, el avance de esta gran nación.
La principal premisa es que el Estado mexicano no corresponde a la globalización neoliberal, sino a la creación de un estado social cuyo objetivo es el bienestar público.
No olvidemos que los fines de las empresas y de la iniciativa privada se fundamentan sólo en la utilidad y en el lucro, mientras que el Estado social tiene como metas superiores, la redistribución de la riqueza y el bienestar de una población que está muy lejos de alcanzarla.
El espejismo de un motor artificial que impulse la economía a costa de cambiar nuestra política social pudiera generar sólo efectos cortoplacistas. Conservar nuestro patrimonio productivo y energético tiene un sentido histórico que se extiende hacia el porvenir.