¡VIVA LA DISCREPANCIA!
En la cancillería tendrán que “tragar sapos”
Raúl Jiménez Vázquez
El 15 de marzo de 2006, la Asamblea General de la ONU decidió establecer el Consejo de Derechos Humanos asignándole dos responsabilidades básicas: la promoción del respeto y protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas, sin distinción alguna, y la realización de un examen periódico global sobre el cumplimiento de las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos.
Conocida con el nombre de Mecanismo de Examen Periódico Universal, MEPU, esta última función es de naturaleza cooperativa, se basa en información objetiva y fidedigna, conlleva la plena participación del Estado examinado y en su desarrollo pueden concurrir organizaciones de la sociedad civil, todo con un formato estratégico de diálogo constructivo e interactivo.
El documento se somete a la aprobación del Consejo de Derechos Humanos y ahí se proyectan el resumen de los procedimientos aplicados a lo largo del examen, las recomendaciones o conclusiones y los compromisos asumidos por el Estado.
México será objeto de una segunda evaluación periódica universal. La primera, en 2009, arrojó resultados desastrosos pues quedó constancia de un auténtico alud de observaciones y recomendaciones, de las cuales puede colegirse que, si bien hemos suscrito un número impresionante de tratados internacionales, éstos son soslayados en el el ejercicio del poder público.
A esta humillante y vergonzosa realidad habrán de sumarse los señalamientos de Human Rights Watch y Amnistía Internacional, así como la gravísima denuncia que será planteada in situ por 35 organizaciones de la sociedad civil en respuesta a la violencia generalizada que hemos experimentado a lo largo de los últimos cuatro años, debido a la implementación de políticas de seguridad sustentadas en la militarización de los espacios públicos; la evidencia más dolorosa son las más de 100 mil vidas sacrificadas, los más de 26 mil desaparecidos y los más de 250 mil desplazados de sus lugares de origen.
En dicha denuncia se indica que las transgresiones a la dignidad humana abarcan casi todos los ámbitos del quehacer gubernamental; desatacan: pobreza y derechos económicos, sociales y culturales; acceso a la justicia; sistema penitenciario; seguridad pública y militarización; desaparición forzada y tortura; pueblos indígenas; defensores de derechos humanos y periodistas; migrantes; mujeres; jóvenes y niños, etc.
La diversidad y extensión de las violaciones pintan de cuerpo entero la magnitud del desastre calderonista en el rubro de los derechos humanos, patología que seguramente será evidenciada y severamente criticada en el seno del MEPU.
Los emisarios de la cancillería tendrán que tragar sapos ante esta instancia internacional. El gobierno de Peña Nieto tiene el deber insoslayable de activar el sistema de responsabilidad de los servidores públicos previsto en nuestra Carta Magna.