La Política Me Da Risa
Tráfico de influencias, tema difícil de probar
Yazmín Alessandrini
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la ciudad de México convivimos poco más de 8 millones de personas que, en teoría, debieran gozar de la protección de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Sin embargo, no sucede así; ésa es la impresión que nos deja el cuestionable desempeño de su titular, Luis Armando González Placencia, con respecto a los casos de paternidad irresponsable del ministro jubilado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro David Góngora Pimentel, de quien se ha declarado gran fan.
Las instituciones encargadas de impartir justicia prácticamente le han dado la espalda a las víctimas de la delincuencia para convertirse en aliadas de los criminales (recordemos el caso de la secuestradora francesa Florence Cassez), y no nos sorprende descubrir la opacidad y discrecionalidad con la que González Placencia se ha desempeñado para evaluar la situación de un individuo que, aprovechando el poder que le confería (al parecer, todavía le confiere) la posición profesional que ostentaba (ministro presidente de la SCJN), sacó raja para sostener dos relaciones extramaritales simultáneas y evadir su responsabilidad natural con cuatro hijos producto de éstas.
Según el ombudsman capitalino, “por ningún lado” encuentra violaciones a los derechos humanos de Ana María Orozco Castillo y (la exmagistrada) Rosalba Becerril Velázquez y de los hijos de ambas, y que las quejas y demandas interpuestas en distintas instancias por ellas (quienes sólo pretenden que el detestable sujeto que eligieron para procrear cuatro niños afronte sus compromisos de pensión y manutención) encuentren cauce legal y no se empantanen, porque el interfecto es un personaje muy influyente, poderoso, y porque tiene contactos, amigos y hasta fans que probablemente le deben algún favor, ¿verdad, señor González Placencia?
Me pregunto: ¿qué tipo de justicia y apoyo pueden esperar dos mujeres y sus hijos, de un organismo cuyo titular y personal han demostrado estár más interesados en defender los derechos humanos de vándalos que, cada que se les hincha la gana, “toman” nuestras calles para destruir todo lo que se cruza a su paso, o de aprovechar la ocasión de un evento como la XXXV Marcha Histórica del Orgullo Lésbico Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual de la Ciudad de México, celebrada hace dos sábados, para incorporarse al festejo (con antifaces, vestimentas coloridas y toda la cosa) en lugar de hacer el trabajo por el cual devengan un salario que les pagamos todos los contribuyentes. Las ventajas de ser juez y parte…
Y sí, don Luis, tiene toda la razón, en México el tráfico de influencias no es un tema fácil de probar y menos cuando el señalado de cometerlo es investigado por su fan.
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