Las autoridades de la Cámara de Diputados ya investigan las presuntas violaciones a los derechos laborales de 456 trabajadores de limpieza, contratados por la empresa Claver, y que dan el servicio en San Lázaro.

Ante las denuncias de diputados de Movimiento Ciudadano por estas irregularidades, los coordinadores parlamentarios pidieron un informe detallado a la secretaría general de la Cámara Baja.

El tema fue analizado por la Junta de Coordinación Política el lunes, a petición de la diputada Luis Alcalde (MC), frente a los coordinadores parlamentarios.

De acuerdo con un documento en poder de este diario, la Secretaría General encabezada por Mauricio Farah, confirmó que las direcciones de Recursos Materiales y de Asuntos Jurídicos ya están atendiendo el tema.

Además, se pidió un informe a la Secretaría General para que detalle la información de los contratos que suscriben los trabajadores con esa empresa.

“Se hicieron comentarios al respecto y se solicitó a la Secretaría General que, en próxima sesión, se amplíe la información del proceso de contratación, así como las acciones que se han llevado a cabo para cuidar el cumplimiento de lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, para que los derechos de los 456 trabajadores de limpieza sean respetados”, dice el informe.

Al respecto, la diputada Alcalde explicó en entrevista que hubo receptividad y esperarán la respuesta de las autoridades en la Cámara Baja, para ver de qué forma se pueden solventar estas irregularidades que afectan a los trabajadores.

Confirmó que ya preparan una queja para presentar a la CNDH, debido a la situación en que trabaja el personal de limpieza.

Explicó que en la reunión se planteó llevar a cabo un modelo distinto de licitación de las empresas que subcontratan al personal de limpieza, pues actualmente todo gira alrededor del precio más económico.

Alcalde dijo que el nuevo modelo debe basarse en que la empresa que subcontrate garantice que cumple con una serie de condiciones favorables para los trabajadores, como un salario digno, de dos salarios mínimos diarios, 15 días de vacaciones, seguridad social y 30 días de vacaciones.

Es decir, detalló, una serie de “candados” para que las empresas subcontratistas no lesionen los derechos de los trabajadores.

“Nosotros vimos el tema el lunes en la JUCOPO, se sintió un ambiente favorable al respecto y se acordó que en la próxima reunión el secretario general va a dar una información de cuáles han sido los pasos para atender el asunto de las trabajadoras”, dijo.