Sandra Ávila Beltrán, la reina del pacífico volverá a prisión una vez que regrese al país, pues aun enfrenta un juicio por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Jorge Alfonso Espino Santillán, abogado de la mujer, comentó que es causa penal se desahoga en el juzgado séptimo de distrito de Jalisco, proceso que se encuentra en el cierre de instrucción, por lo que  en breve se dictará sentencia.

En entrevista para el diario Milenio, indicó que tras conocer la noticia de la liberación de Ávila Beltrán en Estados Unidos tramitó un amparo para que su clienta no sea ingresada al penal federal de “El rincón en Tepic Nayarit”, donde permaneció varios años.

Y explicó que su cliente ya fue exonerada del delito de delincuencia organizada, por lo que no hay algún motivo para que sea ingresada a la prisión federal, sino a una cárcel estatal, mientras espera el fallo de dicho juicio.

Mencionó antes que la extradición de su cliente a Estados Unidos, la Procuraduría General de la República (PGR) finco un nuevo cargo por el supuesto delito de lavado de dinero.

La PGR, Ávila Beltrán aportó dinero ilícito para dos seguros de vida, los cuales suman una cantidad aproximada de 4 millones de pesos cada uno.

También destacó que exigirán a la Procuraduría General de la República (PGR) la devolución de seis inmuebles, tres de ellos en el Distrito Federal, dos en Sonora y uno en Jalisco, de los cuales se ha demostrado su legal origen.

Espino Santillán comentó que en febrero de este año solicitaron a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) la devolución de tres inmuebles de la delegación Magdalena Contreras, en el Distrito Federal.

Mediante un escrito pidieron que se reintegre a su apoderada la posesión física y jurídica de los inmuebles ubicados en calle Puente Cuadritos, manzana 24, lote 42. El número exterior es 18, pero los interiores 35, 5 y 6, colonia San Nicolás Totolapan, delegación Magdalena Contreras. Asimismo, dos propiedades en Sonora y otra en Jalisco.

Ante la falta de respuesta de la PGR para devolver las propiedades, interpusieron dos juicios de amparo, uno por violaciones al artículo 17 constitucional y otros por agravios contra el artículo octavo.

Ambo preceptos están relacionados con el capítulo 1 de derechos humanos y sus garantías, donde se menciona que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito.

En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.