Susana Hernández Espíndola
El caso del niño tzotzil Feliciano Díaz Díaz, un indígena de diez años de edad, apenas con cuarto año de primaria y originario de San Juan Chamula, Chiapas, el cual fue humillado y maltratado por funcionarios públicos del estado de Tabasco, se ha convertido en un símbolo que ejemplifica la gran indefensión en la que se encuentran no sólo los niños indígenas de México, sino el total de los 21.2 millones de menores de edad en situación de pobreza que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reconoce que existen en el país.
El planeta de los simios
El pasado 24 de julio, Feliciano, quien estaba de vacaciones en Tabasco y se hallaba vendiendo dulces y cigarros en la llamada “Zona Luz” del municipio del Centro (la ciudad de Villahermosa), con el objetivo de reunir dinero para sus útiles escolares, fue sorprendido por el “inspector” de Fiscalización, Juan Diego López Jiménez, y su ayudante, Carmen Torres Díaz.
Ya que el niño no tenía permiso para vender y argumentando que se trataba de un menor de edad, el abusivo y prepotente hombre maltrató y humilló al menor, obligándolo a tirar al suelo su mercancía y robándole varias cajetillas de cigarrillos, ante la mirada cómplice y omisa de su acompañante.
La agresión fue grabada en video por el camarógrafo del canal local TVX, Carlos Jiménez Góngora, quien explicó después que el ataque contra el niño tzotzil fue aun más grave, ya que el mamarracho jaloneó al pequeño y lo amenazó con remitirlo a la policía si no se deshacía de sus productos.
La intimidación contra el jovencito sólo cesó cuando la gente que pasaba comenzó a reunirse gritándole al valentón que lo dejara en paz.
A pesar de que se están tomando medidas, tanto en Tabasco como en Chiapas, para retribuir al pequeño algunos de los beneficios que le adeuda por obligación el Estado mexicano, como la garantía de sus estudios y otros derechos, su caso, desplegado ampliamente en las redes sociales, se ha convertido en un llamado a la conciencia sobre la situación de los otros 21.2 millones de Felicianos que subsisten en el país.
Desprotegidos e indefensos
Ya en diciembre de 2010, la especialista en derechos de la infancia del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Mónica González Contró, advertía que era tal la indefensión de los niños y adolescentes mexicanos, debido a que las autoridades no han sido capaces de garantizar sus derechos básicos, que sería más redituable social y económicamente para México contar con un sistema integral de justicia para adolescentes que mantener al Ejército en las calles.
Sumado a la normalización de la violencia, dijo la experta, la ilegalidad y la clandestinidad hacen de los niños las presas del crimen organizado, ya sea como víctimas o como parte de las bandas delictivas.
Luego de llamar a la implementación de acciones oficiales, en particular del Legislativo federal para la aprobación de una ley nacional de justicia para ese sector, la doctora en derechos fundamentales y coordinadora del Diplomado sobre el Derecho a la no discriminación, señaló que pese a que existen normas internas constitucionales e internacionales en la materia, éstas no son garantizadas por el Estado mexicano, lo que atenta contra el verdadero estado de derecho.
En ese mismo sentido, Silvia Solís San Vicente, especialista de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, sostuvo en junio pasado, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, que en México los menores de edad están desprotegidos e indefensos ante maltratos físicos, mentales y emocionales.
Indicó que “es obligación del Estado instrumentar políticas educativas que promuevan la convivencia, fomenten la construcción de la libertad y modifiquen patrones culturales, a partir de la cohesión familiar y social”.
Consideró, además, la maestra Solís, que las instituciones dedicadas a la atención de víctimas están obligadas a tener programas especializados para los infantes, a fin de que se les considere sujetos de derechos.
“Esos esquemas”, dijo, “deben tomar en cuenta los efectos, directos e indirectos, en los casos en que quedan huérfanos, sin patrimonio familiar o identidad, debido al abandono de sus localidades o las amenazas de la delincuencia”.
Herencia calderonista
De acuerdo con los datos dados a conocer por el Coneval, en los últimos dos años el número de pobres en México aumentó uno por ciento, al pasar de 52.8 millones a 53.3 millones. De esta última cifra, 21.2 millones son los menores de 18 años ya referidos, y, a decir de la diputada perredista Aleida Alavez, 13 millones de ellos son niños y adolescentes sometidos a actividades laborales de manera ilegal.
El reto para el país, sostiene Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, “es poder tener políticas públicas enfocadas a los jóvenes y a los niños, que han sido históricamente la población con pobreza más alta”.
Para la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la legisladora Alavez es necesario replantear la manera en la que el gobierno federal está defendiendo los derechos de los menores de edad.
Para lograr este objetivo, indicó la diputada en una entrevista televisiva, es urgente crear una ley general que garantice el derecho a la salud y la educación de este sector de la población.
Mencionó que al inicio de la actual Legislatura, se creó en la cámara baja una Comisión de la Niñez, la cual actualmente encabeza los trabajos para elaborar una ley integral, la cual tendrá las visiones de todos los grupos parlamentarios.
Leyes para la niñez
Ante el caso del niño Feliciano, es necesario recordar, sobre todo para el conocimiento de todos los funcionarios públicos, como el canalla de Tabasco, que como signatario, desde 1990 de la Convención sobre los Derechos del Niño, CDN (http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_textocdn.pdf), México está obligado a cumplir con sus disposiciones y a adoptar diversas medidas para hacer efectivos los derechos ahí reconocidos.
México ha ratificado, además, los dos protocolos facultativos de la CDN, relativos a la participación de niños en conflictos armados, y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.
La reforma al artículo 4° constitucional abrió paso a la emisión de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/185.pdf), la cual fue reformada el 29 de agosto de 2010 y garantiza a los menores la tutela y el respeto de sus derechos fundamentales, amén de que establece los principios básicos conforme a los cuales el orden jurídico mexicano debe protegerlos.
En la actualidad, de las 32 entidades federativas mexicanas, 27 cuentan con leyes locales de protección de los derechos de la infancia y la adolescencia.
En México existen también otras leyes esenciales que protegen los derechos de niños, niñas y adolescentes, como la legislación civil y penal; y las leyes General de Salud; General de Educación; de Asistencia Social, y General de Desarrollo Social. (Fotos: Shuterstock)