La Procuraduría General de la República (PGR) acabó con la farsa de los testigos protegidos que utilizó la administración pasada para acusar a cinco militares, entre ellos tres generales, a los que se vinculó con el crimen organizado.

Luego de más de 13 meses de cárcel, la PGR se desistió del juicio contra los generales Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez.

Lo mismo ocurrió en los casos del teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y del mayor Iván Reyna Muñoz, quienes recuperaron su libertad por lo que hace al delito de delincuencia organizada.

Sin embargo, este último permanecerá preso, pues también enfrenta una acusación en Querétaro por el delito de extorsión.

Posteriormente, el juez tercero de distrito de Toluca, Raúl Valerio Ramírez, ordenó la libertad de los soldados, tras declarar el sobreseimiento de la causa penal.

Los militares permanecieron en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México. Las acusaciones fueron formuladas cuando Marisela Morales Ibáñez, hoy cónsul en Milán, estaba al frente de la PGR.

El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Rodrigo Archundia Barrientos, ratificó las conclusiones no acusatorias contra los militares, con lo que se vino abajo la imputación de nexos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Los generales y el coronel Silvio Isidro de Jesús fueron detenidos en mayo de 2012, junto con Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Defensa Nacional.

Para entonces Iván Reyna ya estaba preso por el presunto delito de fraude y fue trasladado de un penal de Querétaro a la prisión de máxima seguridad.