El consejero General del IFE sesiona para discutir el proyecto de resolución que plantea imponer multas por 394.3 millones de pesos a los partidos políticos al detectar irregularidades en gastos de campañas en el proceso electoral 2012.
Dicha discusión podría empatarse, luego que la Cámara de Diputados no designó al consejero que sustituirá a Sergio García Ramírez y el Consejo General está integrado por ocho consejeros.
Al menos tres consejeros han manifestado que apoyarán el proyecto de resolución emitido por la Unidad de Fiscalización.
Leonardo Valdés, vota en la mayoría de las ocasiones en respaldo a los proyectos de resolución que plantea el órgano al Consejo.
En tanto el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, partidos que conformaron la otra coalición Movimiento Progresista, solicitaron al IFE posponer la resolución del dictamen final sobre los gastos de campaña de los pasados comicios federales hasta que pasen las elecciones del 7 de julio que se celebrarán en 14 entidades, planteamiento que deberá ser discutido en la sesión.
De acuerdo con el dictamen, la sanción más alta, por 182.7 millones de pesos, sería para la coalición Movimiento Progresista (PRD-PT-Movimiento Ciudadano), que postuló a Andrés Manuel López Obrador.
De esa multa, 143.8 millones de pesos serían únicamente por el rebase de tope de gastos de campaña del tabasqueño.
Aunque la Coalición Compromiso por México (PRI-PVEM), que postuló a Enrique Peña, libró la sanción porque no rebasó el tope de gastos, incurrió en irregularidades y omisiones que serán sancionadas con 54 millones de pesos, pero sus candidatos a diputados y senadores sí rebasaron el tope de gastos, por lo que serían multados con 119.5 millones.
Según el dictamen, Peña Nieto gastó 330.4 millones de pesos, esto es, alrededor de 6 millones menos del tope, mientras que López Obrador erogó 408 millones, 71.9 millones más del tope.
También se plantea multar al PAN con 5.5 millones de pesos y al Panal con 2.6 millones.
Con la discusión de este proyecto, un año después, el Instituto cierra la revisión del proceso electoral de 2012, por lo que se prevé una amplia y tensa discusión.