El programa de testigos protegidos que incorporo Marisela Morales Ibañéz como titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo actualmente Seido) y como titular de la PGR, fracasó pues el número de integrantes de organizaciones criminales que se mantiene como beneficiarios de protección federal disminuyó de 90 a 42 personas, porque la mayoría no aportó ningún dato para consolidar investigaciones o proporciono declaraciones falsas, revelaron colaboradores del procurador Jesús Murillo Karam.

En la administración pasada, en el programa se mantuvo a personas que también servían como testigos protegidos de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), como es el caso del abogado Roberto López Nájera, con nombre clave Jennifer, testigo protegido cuyos testimonios fueron utilizados para detener y procesar a seis altos mandos militares, entre ellos cuatro generales que fueron absueltos y liberados en días pasados.

El procurador Murillo Karam ordenó que cesaran los beneficios económicos y de vivienda para esos testigos protegidos y sus familias; el pago de colegiaturas y de escolta de aquellos declarantes que fueron sacados del programa y, en algunos casos, se podrían reactivar las averiguaciones previas iniciadas en su contra, señalaron los colaboradores del titular de la PGR.