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Educación y democracia

Alejandro Zapata Perogordo

Desde que tengo memoria se habla de una premisa fundamental para el desarrollo nacional: la educación. En los últimos años incluso se han realizado reformas concernientes al tema y el debate aún continúa.

Este rubro cuando menos se dimensiona en dos vertientes; la formación de ciudadanos, con todo lo que ello implica, con el objetivo de impulsar un desarrollo cívico en la sociedad; y la otra, el acceso al conocimiento, la investigación y la competitividad, como atributos necesarios para la incorporación a estándares de progreso.

Los avances constitucionales llevan una tendencia modernizadora, incluso me atrevo a señalar que es vanguardista, por los postulados incorporados en la carta fundamental, al establecer que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y, fomentar en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y la justicia.

Se habla de la educación laica, término incorporado ahora en el artículo 40 de la Carta Magna, como ajena a cualquier doctrina religiosa. Lo cual me parece adecuado, pero ello no implica que se dejen de lado la promoción de los valores, por el contrario, debe observarse un impulso a los criterios de la democracia como un sistema de vida, cuya base son las libertades, el respeto y el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

Sin embargo, el problema subsiste y se corre el riesgo de acrecentarlo, pues de poca utilidad es el texto fundamental si en la práctica y en el ejemplo se hace exactamente lo contrario a los principios señalados. La educación y la democracia se encuentran estrechamente vinculadas, son coexistentes e interdependientes, en un sistema al que aspiramos, están supeditados uno al otro y a la vez, se complementan.

La cuestión radica en los mensajes enviados a los infantes y jóvenes, quienes como esponja los reciben. Procesos electorales cuestionados por las trampas, las denuncias, las descalificaciones y la intervención de los gobernantes para cooptar y comprar votos. Se ha perdido el decoro y la solvencia moral, ¿es ésa la democracia que les pretendemos mostrar a las nuevas generaciones?

Por otro lado, bajo la premisa romántica de la justicia social y jurídica, observamos el imperio de la impunidad y la corrupción, sólo se persigue a quienes no están de acuerdo con las decisiones del gobierno, a los demás se les protege y, en ocasiones, hasta se les aplaude. ¿Son esos ejemplos los que van a surgir en los siguientes años?

La lucha por el poder y la descomposición social son males que nos aquejan, y ni la clase política, ni tampoco un buen número de líderes sociales —con honrosas excepciones— estamos a la altura de los requerimientos que exigen las circunstancias actuales.

Es urgente establecer reglas claras de convivencia política, social y económica; en otras palabras, poner orden, con consecuencias para quien se resista a acatarlas. Lo que creímos como borrosas sombras del pasado, ahora están presentes de carne y hueso. Es menester dar el paso de la transición a la consolidación.

Sobre un buen cimiento, se puede levantar un buen edificio.