LOGOS

El poder desgasta, pero no poder desgasta más

Marco Antonio Aguilar Cortés

Cuando se pierde el sentido de la legalidad queda a veces, al menos, una actitud escrupulosa, una pizca de conciencia ética; sin embargo, en estos tiempos parece que también la moral está ausente.

Hoy vivimos otra época: descarada, cínica, sin ningún recato. En ella somos espectadores, víctimas y cómplices.

Cada día se desgasta más el poder público en México, y es por no saber ejercer legal y eficazmente la coercitividad. Teme el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ser juzgado como represor. La temida sombra de 1968 y de 1971, con estudiantes, se proyecta sobre las acciones de los maestros en este 2013.

En Tlatelolco y en San Cosme hubo represión, pero el gobierno pudo y, en ambos casos, se observó que el poder desgasta.

Ahora la tolerancia gubernativa está al máximo, y la gente ve que el gobierno no puede y, por ende, razona que el poder desgasta, pero que el no poder desgasta más.

Ha llegado el poder público a una encrucijada sin salida. Malo, si hace, peor si deja de hacer.

Llegó el tiempo de reflexionar públicamente, y en voz alta, ¿qué diferencia existe entre represión y coercitividad?, para poner en claro dentro de la conciencia popular estos dos conceptos, y actuar en consecuencia.

Toda norma jurídica tiene dos partes: las hipótesis de derecho que son los supuestos establecidos en la literalidad del precepto; y las consecuencias legales que se aplican a quien o a quienes actualizan con sus acciones o con sus omisiones dichas hipótesis.

El artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito”.

Significa que quien se asocia o se reúne violentamente no tiene derecho ni a asociarse ni a reunirse, y el poder público puede y debe aplicar la coercitividad o fuerza pública en contra de quienes tal hagan, en la medida que lo dispone la norma.

Igual cuando el objeto de asociarse o reunirse no sea lícito, la fuerza a cargo del gobierno puede emplearse en contra de los infractores.

Podemos reunirnos o asociarnos para hacer peticiones, o para protestar, lo que no podemos hacer es “proferir injurias contra” autoridades, ni hacer “uso de la violencia o amenazas para intimidar” a las autoridades ni para “obligarlas a resolver en el sentido que se desee”.

Si los asociados o reunidos profieren injurias en contra de las autoridades, o hacen uso de la violencia o formulan amenazas para intimidarlas, más si pretenden obligarlas a resolver en el sentido que desean, el poder público debe y puede hacer uso de la fuerza pública para aplicar las consecuencias de derecho, en sus justos términos. Y con ello no se desgasta, sino se legitima y fortalece.

Aplicar la ley debidamente no es represión; no aplicarla es una ilicitud cometida por el gobierno.