CONSULTORÍA ECONÓMICA
Instituto Mexicano del Seguro Social
Julio A. Millán B.
El IMSS, en el Informe al Ejecutivo y al Congreso 2012-2013 de su situación financiera y presupuestaria, advierte que la institución enfrenta una problemática que afecta su viabilidad. Entre los factores externos se enumeran las transiciones epidemiológica y demográfica, lo que implica atender una población derechohabiente envejecida y que requiere mayores servicios médicos e intervenciones más complejas y costosas, así como pensiones otorgadas durante más tiempo.
Ahora bien, los problemas financieros, de abasto y mantenimiento del IMSS, se conocen desde hace tiempo, así como la gran carga que significa el régimen de pensiones y jubilaciones de sus trabajadores. El déficit que se tiene que solventar es del orden de los 18 mil millones de pesos anuales, pero el problema es que los fondos para cubrirlo se agotan este año, en pocas palabras el IMSS está en quiebra técnica y al borde del precipicio.
Los compromisos laborales se incrementan cada año en gran parte por el peso de su propia nómina que abarca a más de 400 mil trabajadores que ha generado a través del RJP un pasivo laboral que se estima en 1.9 billones de pesos. El problema es sin duda grave, ello a pesar de que en 2004 con la reforma que estableció un cambio en el régimen de los nuevos trabajadores del IMSS, incrementando la edad de jubilación y las semanas cotizadas necesarias se dio un ligero alivio. No obstante, el problema estructural prevalece.
Para cubrir el déficit, entre otras acciones, la Ley de Ingresos de la Federación de 2011 autorizó la transferencia de excedentes de las reservas financieras y actuariales de los seguros superavitarios, los cuales representan unos 67,352 millones de pesos, pero dado el tamaño de las obligaciones estos recursos se agotarán a mediados de 2016, ya no habrá forma de cubrir el déficit operacional que seguirá creciendo.
Es necesario que se fortalezcan los ingresos de la Institución si no se quiere que se sigan desviando más recursos a cubrir el déficit, que deberían utilizarse para la operación propia. Ello sin duda implica ampliar los alcances de la reforma hacendaria, ya que en pocos años se empezará a ejercer una presión adicional sobre el gasto social, derivado del envejecimiento de la población, sobre todo en los sistemas de pensiones aún no reformados como los estatales.
Tampoco olvidemos que el Pacto por México contempla la creación de un sistema universal de seguridad social que garantizaría el derecho a los servicios de salud y otras prestaciones sociales, incluyendo las pensiones. En este contexto, vale la pena explorar la posibilidad de unificar el sistema nacional de salud buscando una mayor viabilidad financiera y eficiencia operativa. Sin duda, se requeriría alcanzar un consenso nacional y un periodo de transición importante, pero el tamaño del problema lo amerita.