En las prisiones del país, 40.1% de los internos está en espera de una sentencia, son 100 mil personas, cuya manutención anual cuesta al gobierno 4 mil 400 millones de pesos, afirmaron organizaciones no gubernamentales y académicos.
En el informe sobre el sistema penitenciario en México 2013, se establece que de los 420 centros de reclusión que hay en el país, 220 tiene sobrepoblación y de éstos, los que tienen mayor sobrecupo son los del Distrito Federal (181%) y Jalisco (176%).En el Reclusorio Sur, del DF por ejemplo, hay celdas con hasta 40 internos, por lo que para dormir algunos se amarran a cuerdas y en el Complejo Penitenciario Islas Marías hay cuartos que albergan hasta 22 personas.
En el reporte elaborado por las organizaciones especializadas en el estudio del sistema de justicia penal Asílegal, Documenta. Análisis y Acción para la Justicia Social y el Instituto de Derechos Humanos Ellacuría de la Universidad Iberoamericana de Puebla, establece que este aumento en el número de internos obedece a varios factores, entre ellos la lucha contra el crimen organizado, el incremento en el número de delitos que son castigados con cárcel, el uso excesivo de la prisión preventiva y a que 10% de los prisioneros con derecho a la libertad bajo caución tiene dificultades para pagar la fianza.
Tal situación destacaron ha traído como consecuencia el autogobierno, la corrupción y la violencia en las cárceles, lo que pone en riesgo no sólo la estabilidad de las instituciones, sino también la vida de los internos y del personal sólo en las prisiones federales el número de incidentes crecieron de 22 en 2008, 829 internos estuvieron involucrados en diversos sucesos; de julio de 2009 a julio de 2010, 3 mil 681 reclusos participaron en hechos violentos, y entre 2010 y 2011 hubo 887 incidentes en los que intervinieron cinco mil 179 prisioneros.
Los incidentes reportados en ese periodo fueron riñas, homicidios, fugas, suicidios, agresiones a terceros, huelgas de hambre, intentos por quitarse la vida, autoagresiones, tentativas de fuga y de homicidio y violaciones.
Los estados donde ha ocurrido el mayor número de hechos de violencia son :Nuevo león, Tamaulipas, Coahuila, DF, y Durango.
El autgobierno, destacaron los autores del informe, se ha agravado debido al aumento de internos vinculados con la delincuencia organizada recluidos en centros estatales y municipales, “quienes controlan a la población penitenciaria, sometiéndola a un régimen personal de favores y privilegios, generalmente mediante el pago de cuotas, situación que es tolerada por algunas autoridades.
“Es del conocimiento público la existencia de diversas actividades delictivas y la corrupción de las autoridades, a fin de obtener toda clase de facilidades para organizar o seguir cometiendo delitos graves desde los centros de reinserción social”.
Dicho estudio agrega que el tratamiento a estos problemas se dificulta debido a las deficiencias relacionadas con el personal y la capacitación que requieren, en promedio a nivel nacional, hay un custodio por cada 73 internos y en los últimos tres años, 365 custodios, jefes de seguridad y directores han sido investigados por fugas.
Ello, además de los casos de abusos reportados por los internos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde de 2009 a 2011 se incrementaron de 473 a 928, sobre todo por atención médica deficiente, deficiente, irregularidades al otorgar libertades anticipadas, condicionamiento de visitas y traslados arbitrarios.
En este entorno, los grupos que son más discriminados y sufren mayor número de abusos en las cárceles son los indígenas, homosexuales, personas con discapacidad mental y las mujeres, señala el reporte.
Los expertos recomiendan al estado que se legisle para crear mecanismos de control y observancia, donde se incluya a la sociedad civil para asegurar condiciones dignas en prisiones; realizar un diagnóstico extensivo sobre la situación de vida de los presos en los nuevos complejos penitenciarios; capacitar al personal de seguridad y custodia en derechos humanos y perspectiva de género, a través de un servicio profesional de carrera, ampliar el número de custodios y asegurar que el personal reciba una remuneración adecuada; elaborar una estrategia nacional con criterios y acciones concretas para imponer medidas alternativas a la prisión preventiva; desarrollar programas de fianzas de interés social para personas sin recursos y asegurar que los tribunales recurran a penas alternativas.