Entrevista a Juan Salgado/Profesor del CIDE

Antonio Cerda Ardura

Una falla más del sistema de justicia penal mexicano, aunque cometida hace casi tres décadas, no sólo dejó libre, el pasado 9 de agosto, al narcotraficante Rafael Caro Quintero, sino que puso en el peor de los ridículos a México frente a la otra nación interesada, Estados Unidos, y ante el resto de la comunidad internacional.

Poseedor de una fortuna de 100 mil millones de dólares, producto de la siembra y cosecha de mariguana, y siendo el primer capo que acaparó los reflectores en los medios de comunicación, al que la leyenda urbana le concedía hasta el ofrecimiento de liquidar la deuda externa de México y de crear la tarjeta Motamatic para pagar la droga, mucho antes de que un enloquecido Vicente Fox vislumbrara el enervante como un negocio legal, Rafael Caro Quintero, oriundo de Badiraguato, Sinaloa, fue detenido, el 4 de abril de 1985, en una finca de Costa Rica, tras su huida desde México.

Al capo, conocido como el Narco de narcos y cofundador, con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, del cártel de Guadalajara, se le juzgó por los delitos de secuestro; homicidio calificado (de los ciudadanos norteamericanos John Clay Walker y Albert Radelat; el naturalizado estadounidense y agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y el mexicano Alfredo Zavala Avelar); siembra, cultivo, cosecha, transporte y tráfico de mariguana; suministro de cocaína, y asociación delictuosa. Por ello, el 12 de diciembre de 1989 fue sentenciado a 199 años de prisión, pero se le dictaron sólo 40, que era la máxima pena que en ese tiempo permitían las leyes mexicanas.

Caro Quintero fue recluido al principio en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México. En 2007 se le trasladó al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, y en 2010, con base en un amparo que se le concedió cuando el gobierno federal no pudo comprobar que era un reo de alta peligrosidad, se le mandó al Reclusorio Preventivo de Guadalajara.

Justicia tonta y ciega

Tras cumplir un total de 28 años de prisión, por resolución de un juez de Jalisco, quien sostuvo que el capo no debió ser enjuiciado en el fuero federal por el asesinato del agente de la DEA, sino por la justicia del fuero común en ese mismo estado, que fue donde se cometió el crimen, el capo fue puesto en libertad este 9 de agosto.

Esta acción demostró, que, además de tonta, la justicia en México es ciega, ya que todas las autoridades pasaron por alto que, en marzo pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una directriz que establece que los casos que fueron juzgados en el fuero equivocado tienen que ser remitidos a la jurisdicción que les corresponde, sin ser razón para liberar a un acusado.

Una carta firmada por la jefa de personal de la Embajada de los Estados Unidos en México, Jeanne B. Witt, expedida el 15 de marzo de 1985, fue la clave usada por la defensa de Caro Quintero para solicitar su liberación. En ella, la mujer aclaraba que el narcotraficante no pertenecía al personal diplomático o consular, por lo que, de acuerdo al artículo 104 de la Constitución, siendo competencia de los tribunales federales los casos concernientes a esas categorías, el proceso del criminal debó haber sido hecho en el ámbito del fuero común.

La pifia, naturalmente, ha provocado carcajadas, pero también la preocupación social, ante el riesgo de que un sujeto tan peligroso ande suelto, y la percepción de que en México persiste la impunidad.

Aunque Estados Unidos ya ha pedido la extradición de Caro Quintero, ahora falta ver si las autoridades mexicanas son capaces de reaprehenderlo.

Entrevistado por Siempre!, Juan Salgado, profesor de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. (CIDE), señala que la liberación del narcotraficante representa una mala señal en un momento difícil de la relación entre México y Estados Unidos.

Salgado coincide con la SCJN, en el sentido de que debe existir la posibilidad de reevaluar y de iniciar acciones por parte de la procuración de justicia, para continuar con cualquier proceso pendiente, aun cuando se haya declarado la libertad de un reo.

El profesor también duda de que Caro pueda ser nuevamente detenido y extraditado.

Momento difícil

¿Cómo debemos ver la liberación del famoso capo del narcotráfico Rafael Caro Quintero?

Fue una nueva falla del sistema de justicia penal de México. Sin embargo, tuvieron que pasar décadas para que se pudiera esclarecer el proceso y resarcirlo. De todas formas, lo lamentable es que esto sucede en un momento muy sensible en las relaciones entre México y Estados Unidos.

Yo he tenido la oportunidad de estar este año, en dos ocasiones, en Washington, en donde me he entrevistado, en particular, con legisladores y funcionarios del Departamento de Estado interesados en asuntos de seguridad en México. Le puedo decir por ello que buena parte de la preocupación de esos funcionarios tiene que ver con la falta de claridad sobre una estrategia de seguridad en nuestro país. Durante el sexenio pasado, ellos tenían contrapartes muy establecidas y la centralización del tema de seguridad se hallaba en torno al exsecretario de esa área, Genaro García Luna. Es decir, ya tenían muy claro quién era el interlocutor y con quiénes tenían que tratar, qué temas, etcétera. Sin embargo, con la nueva administración no han podido lograr ese tipo de interlocución, a lo que se suma, como sabemos, que hay planes sectoriales que se deben derivar del Plan Nacional de Desarrollo, lo cual será hasta el 2014. Entonces, en realidad todavía no hay una claridad conceptual en ese tema con Estados Unidos. Hay muchos discursos, pero no se sabe cuál es la estrategia de seguridad. Y este tipo de mensajes hacen las cosas más difíciles.

Por otra parte, existe una inconformidad y un reclamo de extradición por parte de la Unión Americana, debido a que esta persona está acusada de haber sido responsable del secuestro, tortura y asesinato de un agente de la DEA, lo cual no es un asunto menor. Así que la noticia de la liberación de Caro Quintero ha sido muy mal recibida, tanto por el Departamento de Estado, como por los sectores más relacionados con el análisis de la seguridad en Washington, que, a su vez, ya han hecho saber ese malestar.

¿Se justifica esta liberación?

Si partimos de la teoría de que el Poder Judicial es independiente del Ejecutivo, sin duda alguna podríamos pensar en que, finalmente, la defensa del señor Caro Quintero logró resarcir un proceso que tenía vicios desde su origen. No obstante, se debe considerar la gravedad de los delitos por los cuales él fue procesado, y estoy completamente seguro de que no han prescrito todas las causas. Es decir, debería existir la posibilidad de reevaluar y de iniciar un paquete de acciones por parte de la procuración de justicia, para continuar con cualquier proceso pendiente, aun cuando se haya declarado su libertad.

Ya que toca usted el tema de la independencia del Poder Judicial, francamente el ciudadano común piensa que esta liberación fue producto de un arreglo entre el narcotraficante y alguien. ¿Lo debemos ver realmente como una víctima del sistema? Porque, de víctima, nadie piensa que tenga algo.

La verdad es que prácticamente todas las personas que pasan por el sistema de justicia penal en México son víctimas de alguna irregularidad, de algún tipo de maltrato o de algún error procesal. Sin duda alguna, él también puede ser víctima, pero eso, de todas formas, no lo exime de todos los delitos que haya cometido. Por el hecho de que se le identificó y haya una carga probatoria de su participación en el narcotráfico, principalmente en lo que antes se conocía como el cártel de Guadalajara, y, sobre todo, porque había fundamentos para que estuviera detenido, se pueden abrir nuevos procesos. Pero ahí es donde más se puede dar una falla y donde el caso podría levantar más suspicacias ante la opinión pública.

Por contradictorios que sean los casos, yo considero que debe haber un resarcimiento de los daños y deben reponerse los procesos, no para necesariamente liberar o anular, sino para reparar las partes cuando hay injusticias o errores judiciales. En este asunto en particular, en el cual se dictó una sentencia de 40 años, no sólo por asesinato, sino por tráfico de drogas, tanto en uno como en el otro delito se puede seguir utilizando la carga probatoria para continuar con el proceso.

¿No hay una prescripción?

Independientemente de eso, la gravedad de los asuntos debería permitir que hubiera un seguimiento. De todas formas, él llevaba ya 28 años en la cárcel, de una sentencia de 40 años. Habría que revisar el expediente con detenimiento para saber si él tenía o no derecho a una preliberación por buena conducta o por cualquier otro atenuante. Y si él tenía derecho a la preliberación, de todas maneras le faltaba un año o dos para salir.

 

Hombre peligroso

Si Caro Quintero es buscado por Estados Unidos, en donde, suponemos, hay delitos por los que lo están acusando y por eso se solicita su extradición, ¿no fue un error que lo dejaran salir? La DEA estuvo advirtiendo, desde el año pasado, que ya iba a terminar su periodo de reclusión.

En esto hay dos partes. La primera es la judicial, en la que sí se requiere considerar que hay una solicitud de extradición. Estados Unidos argumenta que Caro Quintero cometió una serie de delitos por los que solicita su extradición. Como sabemos, los tratados en esta materia son recíprocos. Y si México quiere en algún momento que los delincuentes mexicanos no se refugien en aquella nación, pues debe empezar honrando esos tratados.

La otra parte no es judicial, sino más bien política, y tiene que ver con la importancia de la colaboración entre México y la Unión Americana en la lucha contra la delincuencia organizada. Dejar libre a esta persona en ese marco sí es un acto simbólico negativo, sobre todo porque sabemos cuál es su historia. Caro Quintero fue perseguido durante bastante tiempo, en la década de los ochenta, después de los delitos que cometió. Sabemos que huyó de Guadalajara en un jet privado y que sobornó, con una mordida de 300 mil dólares, a un policía judicial, para poder huir a Costa Rica, donde finalmente lo detuvieron. Así que conociendo todo ese historial y sabiendo de qué tipo de persona estamos hablando, resaltan dos partes importantes que se deben de tomar en cuenta en la política penal: la primera, sin duda, es el delito. Pero hay otra que definitivamente es importante: el daño o el potencial daño social que puede causar al reintegrarse a la sociedad.

Es decir: este señor continúa siendo un peligro social.

Habría que tener mucha fe en el sistema penitenciario mexicano, como para pensar que después de haber asesinado, torturado y cometido tantos delitos de manera consecutiva, en estos 28 años una persona pudo repensar su vida y ahora ya va a ser un ciudadano de bien. Si recurrimos a su trayectoria delictiva y a la manera en la que actuó a lo largo de los años ochenta, no hay nada que nos haga pensar que Caro Quintero no va a seguir actuando de la misma manera.

Es claro que la aplicación de la justicia no debe estar sujeta a los vaivenes de la política. Pero, en este caso especial, por el historial negro de este señor, para algunas personas su liberación podría ser entendida como políticamente incorrecta, sobre todo en un momento de tanta violencia, tantos secuestros, tanto narcotráfico y tantos asesinatos.

Sí, y también por lo que le mencionaba, que el caso podría interpretarse como un acto simbólico. No existe duda de que haber procesado a alguien por delitos federales, cuando tuvo que haberse hecho en una corte estatal, sí es un error judicial. En ese sentido, y habiendo tal error, es evidente que lo que se tiene que hacer es reponer el proceso. La liberación, y, sobre todo, habiendo una solicitud de extradición de por medio, sí representa un acto que entorpece y pone obstáculos en las relaciones con Estados Unidos. Además, deja bastante mal parado, frente a la opinión pública, al sistema de justicia mexicano.

Es necesario que en México se tenga en cuenta que cuando se comete un error judicial, tiene que haber garantías de poder repararlo. Sin embargo, cuando a la opinión pública le llegan noticias como esta, lamentablemente la idea de resarcir un error judicial queda muy desacreditada e, incluso, muy manchada.

¿Queda Caro Quintero, entonces, como un presunto inocente?

Así es. Pero el tema no es sobre su culpabilidad o inocencia, sino simplemente sobre el debido proceso. En lugar de habérsele procesado en el ámbito federal, se le debió haber procesado en el fuero estatal. En los años ochenta, todavía no se podían concatenar las sentencias como se puede hacer ahora: de haber sido así, él hubiera alcanzado una condena mucho más alta. Pero en aquel tiempo había un término máximo de 40 años en prisión y, por eso, ésa fue su sentencia.

En realidad la sentencia era por mucho más.

Claro. El castigo por sus delitos habría sumado, sin duda alguna, más de 200 años.

¿Cuál sería su conclusión?

Que es importante y necesario actuar en México para resarcir los errores de la justicia. En este caso, habiendo una solicitud de extradición de Estados Unidos y tomando en cuenta la sensibilidad del caso, que sí se debieron haber tomado medidas cautelares. Tal vez parte de la sentencia pudo haberse transmutado para que Caro Quintero permaneciera en su casa por un tiempo pertinente. Tal vez se pudo recurrir a alguna otra alternativa, pero no necesariamente a la de dejarlo libre. Ahora, para que lo encuentren y lo puedan extraditar, va a estar muy complicado.