BALLESTA
Primer informe de Peña Nieto
Mireille Roccatti
El tiempo fugaz e inasible nos instala en la víspera de la presentación del primer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto; parece lejana la jornada electoral que lo llevó al poder con los votos del electorado que decidió una segunda alternancia y regresó al PRI a los Pinos; como remoto se antoja el primer día de diciembre en que asumiera constitucionalmente el Poder Ejecutivo.
Los días transcurridos nos permiten rememorar la esperanza renacida de que era posible que los actores políticos de las grandes fuerzas partidistas se pusieran de acuerdo, dado que se comprometieron al signar lo que denominaron Pacto por México y establecieron una agenda mínima de 95 puntos, lo cual en los hechos significó una coalición política para asegurar la gobernabilidad.
El nuevo régimen también, tanto en el discurso como en los hechos, mostró que su intención no era administrar el poder, sino transformarlo, modificarlo y establecer una nueva ruta para cambiar inercias y, sobre todo, arriesgarse en el ejercicio pleno del poder. A pesar de las resistencias mezquinas de un grupúsculo de legisladores —quienes acababan de perder el poder o nuevamente perder las elecciones y que constituyen la oposición interna de sus partidos—, el acuerdo político permitió realizar la reforma educativa y la de telecomunicaciones en el ámbito constitucional.
El presidente de la república recuperó el espacio rector del Estado en materia educativa y de telecomunicaciones y para ello defenestró el largo cacicazgo sindical que aunó al repudio social que arrastraba, la indisciplina al nuevo gobierno, queriendo reproducir lo que había hecho impunemente a los dos anteriores titulares del Ejecutivo federal
A lo anterior se sumó el anuncio de las reformas hacendaria, financiera y energéticas. El hecho de que existiera un acuerdo político entre el gobierno y las tres fuerzas políticas mayoritarias, presagiaba un despegue del país, no sólo en lo económico, también en lo político, porque se trabaja en una nueva reforma político electoral.
La coyuntura del primer proceso electoral generó tensiones entre los pactistas y, de manera reprobable, los dirigentes opositores adoptaron una actitud de chantaje inaceptable que mostró su inmadurez, su falta de visión de Estado y su ausencia de compromiso con el futuro de México, al tomar como rehén al Pacto, al calor del natural desahogo de las contiendas electorales, lo que no implica que se convaliden las practicas clientelistas y de compra de votos que realizan todas las formaciones políticas sin excepción.
En las últimas semanas previas a este primer informe es innegable que se vive y se percibe un clima de creciente tensión social. A la caída del ritmo de crecimiento económico esperado, se suma la polarización del debate por la reforma energética; la inseguridad —esa herencia envenenada— sigue presente y se complica con las policías comunitarias; las protestas de la disidencia magisterial por las reformas legales en materia educativa y la falta de generación de empleos, entre otros problemas, parecen liberar las tensiones sociales acumuladas.
Hoy más que nunca cobra vigencia la máxima de que gobernar no es fácil, y ciertamente el gobierno de Enrique Peña Nieto la ha tenido difícil. Lo que tiene que aquilatarse es que se ha alejado del triunfalismo y el autoelogio en los días soleados e igualmente ha tomado distancia de las voces que quieren empujarlo por la vía autoritaria. Estamos ante un desenlace promisorio.