Entrevista a David Enríquez/Socio del despacho Goodrich Riquelme Asociados

Nora Rodríguez Aceves

La reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución Política que propone el Ejecutivo federal en su propuesta de Reforma Energética, la cual tiene como objetivos mejorar la economía de las familias; aumentar la inversión y los empleos; reforzar Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como la rectoría del Estado como propietario del petróleo y gas, y como regulador de la industria petrolera, es “necesaria, así lisa y llanamente sí es necesaria”.

“La razón es porque necesitamos un nivel de inversión y un nivel obviamente de riesgo asociado a esa inversión enorme y no tenemos la forma de capitalizar a Pemex a esos niveles de inversión, necesitamos niveles de inversión superiores a los 100 mil millones de dólares si es que queremos hacer frente a todo el portafolio de inversiones que tiene hoy en día.”

“Además, si queremos desarrollar a plenitud todos los campos que podemos explorar, el que podamos desarrollar tanto en aguas profundas como en aguas semisomeras, como en tierra, etc., el nivel de inversión que necesitamos para hacer todo eso al mismo tiempo es de más de 100 mil millones de dólares anuales, eso implica que necesitamos atraer a las empresas que pueden enfrentar esos niveles de inversión; y esas empresas que pueden enfrentar esos niveles de inversión solamente lo pueden hacer en un contexto de un nivel de contratación distinta, no de contratos de servicios puros sino de contratos propiamente de servicios petroleros, como los contratos de producción compartida”, asegura David Enríquez, socio del despacho Goodrich Riquelme Asociados.

La reforma presentada por el presidente Enrique Peña Nieto en conjunto, por así decirlo, con su partido, con el Revolucionario Institucional, “merece ser analizada desde tres perspectivas: por una parte, hay que verla desde un ángulo jurídico-político, en cuanto a la factibilidad de que efectivamente pase; dos, hay que verla respecto a tal cual los resultados, lo qué se está buscando en cada una de las industrias; y tres, desde un punto de vista crítico, desde un análisis crítico para que realmente pueda haber mejoras en lo que será el desarrollo en la legislación secundaria; estamos hablando solamente de una reforma constitucional, pero que tendrá implícito un desarrollo en legislación secundaria muy importante camino a la implementación”.

Necesaria mayoría en ambas cámaras

En este sentido, el también profesor e investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) explica a Siempre! que “tomando en cuenta esos tres aspectos, en el primero, en el político, en el de factibilidad parlamentaria de su aprobación, es relevante recordar que necesitamos una supermayoría de dos terceras partes en ambas cámaras y una mayoría simple de la mitad más uno en las entidades federativas, eso hace que el PRI necesite al PAN para esto”.

“Es interesante ver la iniciativa cómo trata de posicionarse desde un punto de vista estratégico muy en el centro respecto a una posición relativamente, digamos, radicalizada o más de extremo, por así decirlo, en donde hay una negativa  rotunda a cualquier reforma constitucional por parte del PRD o de las izquierdas en general respecto a una postura radicalmente opuesta; es decir, una postura en extremo liberal respecto a un sistema del PAN con un sistema de concesiones puro y duro para todo, como en las economías más abiertas de la industria petrolera, por eso hay que ubicar políticamente la propuesta del presidente Peña como una propuesta de centro.”

Aunque también es interesante evaluarla de la siguiente forma en el contexto político “como quién irá con la reforma, cualquier que ésta sea, será el PAN y no el PRD,  podremos ver en el contexto de las próximas semanas un corrimiento del centro a los centros-derecha, es decir, será natural que el PRI tenga que hacer algunas concesiones en algunas diferencias, por así decirlo, al PAN, para que Acción Nacional pueda votar su iniciativa. Es muy probable que todo el contexto se tome de la reforma del PRI pero con algunos elementos de la del PAN. Eso implica que esta postura de centro tendrá un elemento de centro derecha”.

De los temas que podría tomar “el PRI respecto a la propuesta del PAN serían de tres tipos: por una parte, que lo veo improbable, es que decidiera algún nivel de concesiones intermedio, que hubiera un sistema de concesiones para algún tipo de hidrocarburo o para algunas provincias petroleras; otro, podría ser el tema del Fondo Mexicano del Petróleo; y una tercera carta sería la de los órganos constitucionales autónomos como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), de caracterizarlos  de esa forma en la Constitución”.

“Desde mi punto de vista, lo que ocurrirá es que sí habrá un corrimiento del centro al centro-derecha, y la carta que tal vez tomará el PRI está más relacionada con el tema del Fondo Mexicano de Petróleo que busca crear el PAN, pero seguramente sería matizado por el PRI; no creo que se tome la propuesta total del PAN.”

Además de la relación de PRI-PAN, “también es comprensible que el PRI busque mediáticamente vender la idea del acercamiento al general Lázaro Cárdenas, sin embargo eso tiene sus riesgos; entiendo que políticamente lo quiera vender de esa forma, pero es un tema muy sensible porque los inversionistas podrían no entender el juego, lo que necesitamos para traer a los inversionistas de ese nivel para hacer ese tipo de inversiones y tomar el riesgo, pues tienen que estar muy claros en la tipología contractual; es decir, el modelo contractual tiene que ser lo más parecido a la práctica internacional y lo más parecido a la práctica internacional se llama el contrato de producción compartida, el  production sharing agreement”.

Los contratos de utilidad compartida

“Lo que propone el Ejecutivo no en el texto constitucional, obviamente,  pero sí en los considerandos de la iniciativa constitucional está referido al contrato de utilidad compartida. Estos contratos de utilidad compartida como tal no son muy conocidos en la industria petrolera internacional; se conocen los contratos de producción compartida, eso es lo que convencionalmente se tiene en el mercado, son bastante conocidos y usados en buena parte del mundo.”

Por lo tanto,  explica David Enríquez, “las críticas que se le pueden hacer a la propuesta del presidente Peña van en cinco especies: por una parte, es justamente lo que ya empecé a comentar, el tipo de contrato que se utiliza en el mundo es el contrato de producción compartida; el contrato que propone la iniciativa no en el texto constitucional, pero si en los considerandos es el contrato de utilidad compartida, esos dos contratos en realidad son distintos. En suma, el contrato de producción compartida es un contrato mucho más flexible que le permite al operador privado tomar una serie de decisiones comerciales, en tanto que el contrato de utilidad compartida puede ser un contrato mucho más rígido que además tenga una serie de componentes fiscales que puedan no serle atractivos”.

Ésa sería una primera crítica, “lo que tendrá que hacer la ley secundaria y lo que tendrán que hacer los modelos de contratos es hallar el punto de encuentro en un modelo económico, tendrán que llevar a un punto de encuentro de forma tal que el modelo económico del contrato de producción compartida encuentre una forma en el contrato de utilidad compartida; es decir, lo que tendrán que hacer los legisladores en la ley secundaria y después los modelos de contratos, etc. es que estos contratos estén lo más apegados a la práctica internacional”.

Para el especialista y miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, del Instituto para el Derecho Energético, y de la Asociación de Negociadores Internacionales del Petróleo, “una segunda área de crítica es cómo se darán estos contratos. Lo que ocurrirá es que la entidad que celebrará los contratos es la Administración Pública Federal vía Secretaría de Energía (Sener) o vía Comisión Nacional de Hidrocarburos o vía algún organismo que se vaya a constituir en el contexto de Sener”.

Falta experiencia para negociar

La secretaría es la que llevará a cabo las licitaciones públicas, los concursos o las adjudicaciones directas o las invitaciones restringidas, porque no se pretende modificar el artículo 134 constitucional; sin embargo, aquí “las críticas son que típicamente el Estado, la Administración Pública Centralizada no tiene ni la experiencia ni es eficiente ni tiene el diseño institucional necesario como para negociar directamente un contrato; típicamente lo ha hecho a través de organismos o de empresas como CFE o Pemex mismo, entonces hay algunos puntos ahí delicados”.

“Otra de las grandes interrogantes es cómo se cuidará el tema de la competencia; por ejemplo, que Pemex, quiera participar en una licitación y otra de las entidad licitantes sea una entidad privada, entonces tenemos que ver temas de asimetría de información, temas de competencia, de reglas asimétricas, etc.”

David Enríquez señala como una tercera crítica “algo que no se dice para nada, no se aborda para nada en la iniciativa, que es lo que ocurrirá con los campos hoy en día operados por Pemex. Hay cantidades mayúsculas invertidas ahí y no es claro si el régimen nuevo aplicará solamente para nuevos campos en exploración y desarrollo y producción o aplicará también para los viejos campos de Pemex, para los que ya está operando y, obviamente, es un tema muy delicado tanto para los contratistas actuales como para los tenedores de obligaciones de Pemex, para sus acreedores, en fin.”

Luego un cuarto ámbito de crítica “es la impositiva, se tiene que encontrar el modelo adecuado de regalías y de impuestos de todo tipo de tal forma que sea comparable a la industria internacional, es decir, que un inversionista en México se sienta igual de cómodo en cuanto al nivel de regalías y de impuestos en general que en cualquier otro país petrolero del mundo. Es un tema que estará muy sujeto a la reforma fiscal que se aborde en la próximas semanas”.

La reestructuración de Pemex

Y un último tema, pero tal vez el más delicado, es el de la capitalización de Petrolero Mexicanos. Ya se señala en la iniciativa aunque no propiamente en la reforma constitucional,  pero sí en los considerandos de la iniciativa y en los anuncios del presidente, y después del secretario de Hacienda, y después del director General de Pemex. Se anuncia que Pemex será reestructurado de forma tal que quedará un Pemex dedicado a la exploración, desarrollo y producción  por una parte, y un Pemex dedicado a todo lo demás por la otra parte.

Por lo tanto, sí necesitamos un Pemex de exploración y producción no solamente encargado de desarrollar los campos que ya operan, sino además queremos que compita contra otras empresas grandotas a nivel mundial por los nuevos campos; necesitamos capitalizar a Pemex, y además sabemos que el presupuesto federal no lo puede capitalizar porque es demasiado el dinero que requiere. Esto solamente lo podemos hacer como el mercado de deuda, o sea, el nivel de deuda que tiene ya llegó a un tope, por lo tanto, solamente lo podemos hacer a través de mercado de capitales, poniendo esa empresa, a Pemex, en explotación y producción, en bolsa, cotizándola para que seamos accionistas tú o yo y cualquier inversionista a un cierto porcentaje, a un 51, 49, por ejemplo.

“Al no hacerse eso, al no tener dinero el gobierno federal y estar al tope el límite de la deuda de Pemex en exploración y producción, hace que petróleos no tenga el dinero suficiente, no estará capitalizado suficientemente para entrar no solamente en los nuevos contratos  compitiendo con otros, sino que además no tendrá el dinero suficiente para desarrollar los propios campos que hoy en día opera. Básicamente ésas son  las criticas que yo le haría a la propuesta del PRI”.

David Enríquez rechaza que con este esquema de contratos se privatice Pemex como ha dicho la izquierda mexicana: “no, mi me parece que el discurso de la —así como medio simplón— privatización es un tema más de emociones que de raciocinio. Lo que está ocurriendo es que se tiene que enfrentar el tema de la capitalización de tal forma que Pemex realmente pueda competir; si no tiene dinero para competir, no puede competir, así de simple, lo que hará que poco a poco vaya decayendo”.

En el mismo tenor asegura que realmente petróleos está en quiebra o —como dice el diagnóstico— en una situación difícil para salir adelante por sí solo; “sí, sin duda, porque el nivel de inversión que enfrenta Pemex es mucho mayor de lo que pueda invertir, independiente de si está en quiebra o no está en quiebra o lo que sea; es de matemáticas muy básicas saber que lo que necesita invertir es varias veces más de lo que puede invertir, así de simple. Eso te lleva a pensar que, si no puede invertir, necesita a alguien más que invierta y ese alguien más se llama iniciativa privada, que necesita ser premiada por el riesgo y por la inversión con contratos de producción compartida”.