POLÍTICA Y GOBIERNO
Ese estado debe renacer
Jorge Carrillo Olea
Para el ministro de la Guerra, por la
culminación de este ciclo.
Con dolor, demos gracias a Siria, a Egipto, a Yemen y en general a todos los países en situación de descompostura. El Tío Sam, siempre paranoico, está atentísimo a lo que pasa por allá, pero su comunidad de inteligencia sin duda sí advierte la descomposición michoacana y sus potenciales derrames a otros estados como Guerrero, Oaxaca, Guanajuato y sus consecuencias.
Por mucho menos de lo que se registra cada día en Michoacán, ellos, los norteamericanos apoyados por dos países, Barbados y Dominicana, invadieron en 1983 la inocente isla de Granada (90 mil habitantes). La invasión fue una operación militar de nombre Urgent Fury.
Estados Unidos con su ultrapoderosa 82 División Aerotransportada y desembarcos navales de tropas comunes y Seals derrotaron la resistencia granadina. Se explicó como necesaria para derrocar al primer ministro Bishop por ser socialista y preservar así la democracia. Al término del golpe, Bishop fue ejecutado.
Otra perla, la invasión de Panamá, operación llamada Just Cause, que fue una acción militar realizada por Estados Unidos el 20 de diciembre de 1989[] con el propósito de capturar al general Manuel Antonio Noriega, presidente de Panamá, quien era requerido por la justicia estadounidense acusado de narcotráfico.
El presidente Bush Sr. justificó la invasión para “proteger la vida de los ciudadanos estadounidenses que residían en Panamá; defender la democracia y los derechos humanos; detener a Noriega y respaldar el cumplimiento del Tratado Torrijos-Carter”.
Capturaron a Noriega, fue llevado a Estados Unidos y enjuiciado por el delito de narcotráfico. La invasión arrojó de 3 mil a 5 mil muertos panameños y aproximadamente 20 mil personas perdieron sus hogares. Nunca fueron indemnizados. Murieron 314 militares panameños y 23 marines.
Estos hechos históricos, que patentemente son imposibles de repetirse en relación con México, sí valen cómo indicadores de los alcances incalculables, insospechados del American Dream. En el caso mexicano no se repetirán esas formas brutales pero sí llaman a reflexión porque Estados Unidos en eso de inventar argumentos intervencionistas es como Ulises, héroe de los mil recursos. Algo concebirían de percibir un riesgo en su paranoica apreciación de inseguridad.
El más prolífico delirio de nuestros estrategas no bastaría para sustituir la inventiva de su comunidad de inteligencia, pero como mandan los cánones, habría que empezar por hacer un listado de nuestras debilidades y con la invaluable asistencia de nuestra comunidad de inteligencia estratégica o del inoperante gabinete de seguridad nacional, concluir en el que nos sería aplicado como medicina preventiva y que seguramente empezaría por una sugerencia a nuestro gobierno de que aprendamos a gobernarnos y no hacer olas.
El horizonte que nos espera es completamente previsible y ellos (Estados Unidos) ya lo tienen deducido. Nuestros gobiernos, federal y estatal, no han sido, ni serán en el plazo deseable, capaces de devolver la paz a ese estado con su espesísima y multifacética conflictividad.
El quebranto de la seguridad interior es clarísimo. Se han dado los supuestos que establece la doctrina: 1. Hemos perdido la eficacia de la ley, 2. Perdimos población, 3. Perdimos territorio y 4. Riqueza productiva. No existe el deber ser a que el Estado está obligado. Estamos verdaderamente ante un caso de estudio.
El renacimiento michoacano, que así debería plantearse, habría de iniciarse con un anuncio de esa magnitud: Michoacán debe renacer. Para ello habría que comprometer todo lo necesario, sobre todo y condición ineludible, emplear el poder nacional ya que estamos ante un problema del Estado nacional, y ya no del gobierno.
La seguridad pública como problema y su supuesta solución militar quedaron atrás. Estamos ante el quebranto de la seguridad interior. Operar en esa magnitud implica más que nada decisión, creatividad y coordinación, ésa de la que tanto se presume.
El poder nacional que es única ruta confiable es la aplicación del todo sistémico de los recursos de un Estado para hacer concreta la vigencia de sus leyes, sus anhelos programáticos y alcanzar así el beneplácito social. Esa fuerza sólo invocada en crisis debe integrar a la de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y su aplicación tiene la finalidad de hacer que se respeten las leyes que rigen el Estado y así procedan los proyectos de democracia y justicia social que se anhelan.
Nada extraño sería que el Departamento de Estado, sutil, hubiera ya preguntado a nuestro embajador qué está pasando en su país, excelencia.
hienca@prodigy.net.