Si se aprobará la reforma energética propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto cualquier empresario, sea mexicano o extranjero, podrá construir y operar refinerías en territorio nacional.
Así lo aseguró Enrique Ochoa Reza, subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (Sener), en conferencia de prensa que ofreció en esta ciudad luego de inaugurar el Foro “Hoy y Mañana de las Energías en México: Gas LP”.
El funcionario tampoco descartó que la venta de gasolinas en el país pueda darse a través de una red de distribución distinta a la que existe actualmente y que opera con franquicias que otorga Petróleos Mexicanos (Pemex), pero acotó que ello no está incluido como tal en la propuesta del Ejecutivo Federal y en todo caso corresponderá al Congreso de la Unión discutir dicha posibilidad en la legislación secundaria.
Reiteró que la iniciativa tiene como uno de sus objetivos que el gobierno federal otorgue permisos para las actividades de refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento.
A partir de estos permisos el sector privado podría participar por si sólo o a través de asociaciones con Pemex para brindar servicio en estas cuatro áreas, esto tendría como beneficio la creación de al menos medio millón de empleos adicionales durante este sexenio y 2.5 millones de empleos más para el 2025”, expusó.
La construcción y operación de refinerías por parte de los privados ¿es posible con este esquema de permisos?, le insistió un reportero.
Sí, precisamente para eso es.
Aclaró Ochoa Reza que tampoco serán eliminados los llamados contratos de servicios o incentivados que fueron aprobados en el sexenio pasado para permitir la participación del sector privado pero en los que Pemex asumía todo el riesgo y dijo que se pretende que coexistan junto con los contratos de utilidad compartida que propone el Ejecutivo federal.
Explicó que “no son excluyentes, son elementos complementarios y la utilización de uno u otro tipo de contrato dependerá de los yacimientos, la información geológica que se tenga, la política pública y la tecnología que se requiera para su explotación.