BALLESTA
Beneficios para el sector agroalimentario
Mireille Roccatti
La reforma energética en ciernes tiene además de su indudable trascendencia histórico política y económica repercusiones especificas en ciertos sectores de la economía y, por ende, de la población, como lo es el campo mexicano. Las propuestas formuladas por el gobierno federal y el PRI han expuesto a la sociedad la incidencia que tendría tanto para la producción de alimentos, como para la reactivación del sector, no así las formuladas por el PAN y el PRD, no obstante que una de las consecuencias inmediatas de la reforma que se consense entre todas las fuerzas políticas repercutirá en el sector agroalimentario.
Actualmente las actividades agropecuarias y pesqueras consumen energéticos derivados del petróleo como la gasolina y el diésel, así como energía eléctrica, indispensables para producción y transporte de los productos del campo y del mar.
La reforma en materia energética hace viable una disponibilidad oportuna y a costos razonables de los energéticos derivados del petróleo y de la energía eléctrica, y constituiría un factor que incrementaría la producción y disminuiría los precios finales al consumidor; como asegura en su propuesta el presidente Enrique Peña Nieto que “el campo… se beneficiará con una mayor producción nacional de fertilizantes, que éstos habrán de ser más accesibles y… México tendrá mayor producción de alimentos y a mejores precios”.
Los fertilizantes son también indispensables, cosa que al incrementarse la oferta de gas natural, será posible recuperar la capacidad de producción de amoniaco y urea, elementos básicos en la elaboración de fertilizantes que son insumos estratégicos para incrementar la productividad agrícola. A mayor superficie sembrada y fertilizada corresponde una mayor producción, un mayor ingreso para los productores y mejores precios. La adecuada fertilización de las tierras es básica para una óptima producción agrícola. Existe una relación inversa entre pobreza y uso de fertilizantes, a menor superficie fertilizada, mayor pobreza rural.
Hoy tenemos 21.8 millones de hectáreas de tierras cultivadas. En promedio, en cada hectárea de laboreo agrícola, se consumen 50 litros de diesel. La demanda potencial de diesel es de mil millones de litros, consecuentemente cualquier margen de disminución en su precio tendría un efecto potencial sobre los costos de producción agrícola y pesquera.
Así mismo, tendrían precios más accesibles para los hombres del campo otros productos como tuberías de PVC y otros plásticos para sistemas de riego; invernaderos y acolchados fabricados con polietileno, poliuretano y polivinilo, provenientes de la petroquímica.
Por otra parte, la energía eléctrica constituye uno de los costos más altos para los agricultores que utilizan sistemas de riego y bombeo, por lo que existe un esquema que les permiten recibir la energía subsidiada en un 90%. Además de que existen consumos irregulares de luz que implican pérdidas para la CFE.
Éstas y otras consideraciones que este poco espacio me impide exponer al lector son algunas de las implicaciones benéficas que tendría para el sector agroalimentario y la producción de alimentos, la reforma energética propuesta por el Ejecutivo.