Redacción Internacional
El mundo se cimbró con las imágenes de niños, hombres y mujeres muertos mientras dormían al ser alcanzados por cohetes que emanaban gas letal, esto sobre bastiones rebeldes cerca de Damasco.
Activistas de la oposición siria aseguraron que al menos mil 300 personas murieron y acusaron a las fuerzas del presidente Bashar al-Assad de esta masacre, en tanto el régimen sirio negó haber cometido el ataque con tales armas.
De confirmarse, sería el ataque con armas químicas más letal del mundo desde la década de 1980 por lo que se convocó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU.
Los miembros del Consejo de Seguridad expresaron su gran preocupación por la situación en Siria coincidiendo en que es necesaria una “investigación que aclare lo sucedido y que sea independiente e inmediata”.
Tras la denuncia del ataque, los inspectores negociaron con el régimen acceder a las áreas cercanas a Damasco, pero según Jan Elliadon, subsecretario general de la ONU, la situación de inseguridad impedía el acceso al lugar del ataque, pero el equipo de inspectores que ya se encontraba en Damasco se puso en contacto con el gobierno sirio.
El ministro sirio de información, Omran Zombi, aseveró que son calumnias “ilógicas y fabricadas” que buscan alterar el trabajo de los inspectores de las Naciones Unidas que llegaron en días pasados a Damasco a investigar otros ataques similares
El gobierno sirio afirmó en un comunicado que las acusaciones son falsas y que esto es un intento desesperado de la oposición por recuperar terreno.
La organización no gubernamental Human Rights Watch solicitó al gobierno sirio que permita el acceso inmediato a los inspectores de Naciones Unidas al lugar del presunto ataque con armas químicas.
Siria es uno de los seis países que junto con Sudán del Sur, Angola, Somalia, Corea del Norte y Egipto no firmaron la convención en la que se prohíbe el uso de armas químicas, pero también su producción y almacenamiento.