IZQUIERDA HOY

 

Dos décadas de intensa vida política

Miguel Barbosa Huerta

Las posibles implicaciones de convertir el Instituto Federal Electoral (IFE) en el Instituto Nacional de Elecciones (INE) son de una gran relevancia. Conviene precisar que no se trataría de un simple cambio de nombre, sino que implicaría una transformación en la institución que, desde 1990, es organizadora y árbitro de la disputa por el poder público en nuestro país.

Ante las pretensiones de algunos actores políticos de transformar el IFE en INE y de hacerlo a toda prisa una vez que inicie el periodo ordinario de sesiones el próximo 1 de septiembre, conviene recordar lo que el IFE representa para la democracia y la transición política de los últimos 23 años.

Hasta 1988, las elecciones eran organizadas por la llamada Comisión Federal Electoral, dependiente de la Secretaría de Gobernación, y los resultados eran calificados por la Cámara de Diputados, convertida en colegio electoral; es decir, el gobierno, a través de la secretaría política por excelencia organizaba las elecciones; y los diputados, en su inmensa mayoría priista, eran los que las calificaban las, con lo cual la imparcialidad, equidad y objetividad de los resultados estaban muy lejos de ser una realidad.

Después de la elecciones de 1988, se hizo evidente la necesidad de la creación de una institución que organizara y fuera árbitro de las elecciones. El IFE nació ligado a la Secretaría de Gobernación y, afortunadamente, en la reforma político electoral de 1995-1996, se estableció su ciudadanización. El IFE y después el TRIFE fueron los ejes en las cuales, a partir de las elecciones intermedias de 1997, la pluralidad electoral avanzó sustancialmente en el país.

En 2006 y 2012, lo cerrado de los resultados y polarizado de las campañas por la elección presidencial han sometido al IFE a fuertes presiones y se han evidenciado los aspectos que deben reformarse para fortalecer este órgano autónomo del Estado mexicano.

Esta necesidad de fortalecer el IFE no debe tratar de aprovecharse para una concentración de poder a costa de los institutos, comisiones y consejos electorales estatales. Mucho menos, en beneficio de aquellos personajes que han encontrado en la designación de los integrantes de organismos e instituciones autónomas una forma de incidir políticamente.

El IFE es una creación y un logro ciudadano de dos décadas de una intensa vida política, que no puede ni debe ser transformada por una decisión cupular y de forma atropellada.

Debe reconocerse que, en varios estados, los gobernadores han llegado a controlar las instituciones electorales locales, con terribles consecuencias para la vida democrática de esas entidades. También tenemos claras la disparidades en el desarrollo de estas instituciones en las diversas regiones del país.

Estamos, sí, por reformar el artículo 116 constitucional para fortalecer la división de poderes en los estados.

El autor es coordinador del prd en el Senado de la República.