PENSAMIENTOS EN VOZ ALTA
Nuevas leyes educativas
Francisco Berlín Valenzuela
Durante las últimas semanas, con motivo de la aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa, la opinión pública se ha polarizado ante dos posturas que originan un conflicto de urgente atención y resolución.
Por una parte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) afirma que las cámaras del Congreso no tomaron en cuenta sus puntos de vista, lo cual parece ser cierto, por lo que salieron a las calles en el Distrito Federal y en varias ciudades del país; por la otra, los habitantes de estos lugares, se quejan, con razón, de que tales manifestaciones, que ya llevan casi un mes, les causa trastornos y perjuicios en sus labores cotidianas.
Sobre el particular, quisiera llamar la atención de los miembros de las cámaras de Diputados y de Senadores —así como a los integrantes de los congresos locales—, para que en el futuro ejerzan una función que resulta muy importante en los parlamentos, a saber, la función de “indagación”.
Nos preguntamos, desde luego, en qué consiste esta función, la cual no está contemplada en la doctrina del derecho parlamentario, no obstante que por su naturaleza, alcances y posibilidades tiene una gran importancia, que me llevó a analizarla y explicarla en el texto Derecho parlamentario que escribí hace tiempo, al considerar que el tema tiene mucha trascendencia para la positividad y el cumplimiento del derecho.
En términos generales, en nuestro medio, la elaboración de las leyes se ha venido dejando en manos del Poder Ejecutivo. Para su formulación, el presidente según sea el caso, se auxilia de científicos, tecnólogos, técnicos, expertos y eruditos en las diversas ramas del conocimiento humano. Midiendo los tiempos de su quehacer gubernamental-, decide el momento más oportuno para presentar al Congreso de la Unión, las leyes y disposiciones normativas que le permitan realizar su programa y las políticas públicas que estima convenientes.
Y éste es, precisamente, uno de los hábitos más censurables del parlamentarismo mexicano. La predisposición a esperar y/o aceptar —sin cuestionar—, la idoneidad de las iniciativas o de los tiempos para su discusión y aprobación. Esta declinación termina por restarle fuerza y respetabilidad al Congreso. Pues en última instancia, el espíritu de las leyes, su factibilidad, el cuándo y el cómo es determinado por la información que proporcionan los expertos al titular del ejecutivo.
Esa circunstancia cobra especial relevancia, si consideramos que en buena medida, la idoneidad de una nueva legislación deriva de la intención o de los buenos propósitos para solucionar —a través del derecho—, problemas que existen al interior de un país y con esas disposiciones encontrar respuestas a situaciones que afectan a su población, o a buena parte de ella.
La gran diferencia en que sea en los órganos legislativos en donde —con la asesoría de un buen cuerpo de expertos— se generen las leyes, consiste en que las cámaras poseen una representación política que presupone un liderazgo y vinculación directa con sus representados y, eso —en lenguaje político llano— significa un gran poder de legitimación para las futuras modificaciones, cuestión que no detentan los asesores y expertos del ejecutivo, por más doctos que sean.
Dicho de manera más concluyente, la opinión, experiencia y representatividad de los legisladores debe de estar por encima de los criterios de cualquier experto.
En estos momentos estamos en presencia de leyes educativas que todavía no entran en vigor y ya se está cuestionando su cumplimiento. Se escuchan voces cada vez más crecientes, abonando en la idea de que sean vetadas por el ejecutivo o que de plano, no sean promulgadas.
¿A qué se debe esto? ¿No será que además no hubo suficiente cabildeo con los grupos involucrados, para convencerlos de que las reformas propuestas eran buenas para mejorar el sistema educativo nacional? ¿Es que acaso se ignoró que el Congreso debe de hacer uso de la prospectiva política?
No hay que perder de vista que la palabra viene del verbo latino prospicere: mirar delante de uno mismo, observar a lo lejos. Es decir, una manera de ver —al mismo tiempo—, a lo lejos y en perspectiva determinada situación, intentando conjeturar futuros probables a partir de un análisis riguroso. Para el caso, sería una forma de prever los efectos que en el futuro inmediato pueden producir las leyes a fin de que se traduzcan en beneficios para sus destinatarios, cuidando, al máximo posible, evitar daños en la aplicación de sus contenidos.
Los tiempos del Ejecutivo y del Legislativo no son siempre coincidentes, pues obedecen a distintas exigencias y funciones. El presidente de la república, por la misma aceleración e influjo de los numerosos fenómenos que ocurren en su entorno, tiene que actuar con “ejecutividad”.
En cambio, el parlamento, por razón misma de lo numeroso de sus integrantes, de la concurrencia de representantes de diversos partidos políticos, puede ocuparse de lo mediato y con esa ventaja, reflexionar y prever las posibles consecuencias de los actos legislativos. Y esa es, precisamente, la función de indagación del parlamento. Analizar la realidad para sopesarla y consecuentemente, evaluar la conveniencia de lo que se propone formular como norma de convivencia.
También puede tener otra acepción, al constituirse en un método para analizar lo ya legislado y verificar sus efectos. Este análisis ayudaría a determinar si un precepto normativo debe ser derogado, mantenido o reforzado.
Por todo lo anterior, a la luz de los lamentables acontecimientos que ha suscitado la reciente reforma educativa, aprobada por el Congreso, es urgente que el parlamento mexicano ejerza esta facultad de indagación, hacerlo sería garantía de un mejor futuro y de mayor aceptación de las normas legisladas.
Doctor en derecho, miembro
del Sistema Nacional de Investigadores y
director-fundador de El Colegio de Veracruz.