HORIZONTE POLÍTICO

Sin profesionalización efectiva no habrá enseñanza de calidad

Alonso Ruiz Belmont

Terminó la luna de miel. La euforia reformista del presidente se topa ahora con las inevitables tensiones que impone la realidad del país. Si en el diseño de una nueva política energética se corre el peligro de no revertir la incapacidad sistemática que han mostrado gobiernos priistas y panistas para regular eficientemente mercados en los que actúa la iniciativa privada; en el caso de la modernización educativa el gobierno paga ahora los costos de la imprevisión y el descuido en la redacción de las leyes secundarias en la materia.

Al momento de escribir estas líneas, la capital del país continuaba semiparalizada debido a las marchas y plantones de la CNTE. Las estrategias de protesta de la Coordinadora (que parece haber abandonado su lucha en pos de la democracia sindical y el rechazo al corporativismo) son criticables; pero evidencian también una grave fractura social atribuible, en buena medida, al fracaso que han mostrado las políticas de combate y erradicación de la pobreza. En todo caso, el rechazo de la CNTE a la aprobación de nuevas reglas en el modelo de enseñanza no es algo tan descabellado.

¿La aprobación de la reforma educativa oficial garantiza el debido cumplimiento de sus objetivos fundamentales? No. En primer lugar, la propuesta de Ley General del Servicio Profesional Docente carece de políticas claras y ambiciosas que garanticen la capacitación integral de los maestros a nivel nacional. Sin profesionalización efectiva no habrá educación pública de calidad. Por otra parte, el desarrollo de una meritocracia y la seguridad laboral de los profesores más competentes del país quedarán en la incertidumbre jurídica.

Ambos factores limitarán y desincentivarán la calidad en los procesos de enseñanza, también obstaculizarán la democratización de las estructuras sindicales magisteriales. Otra deficiencia consiste en privilegiar las políticas de evaluación docente como herramienta central para la modernización educativa.

Equivocadamente, se consideran equivalentes dos conceptos que son diferentes: evaluación y profesionalización. Debido a ello, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) se le están asignando funciones para las que no fue creado (ocuparse de la formación docente). La capacitación del magisterio es tan importante que, por sí misma, ameritaría la creación de otra instancia oficial separada del INEE. Por último, la iniciativa tampoco define mecanismos para compensar las disparidades en el rendimiento escolar presentes en las diversas regiones del país. Homologar estándares de calidad en aprendizaje y enseñanza es fundamental para que México alcance un desarrollo económico incluyente.

Nada indica que el gobierno esté dispuesto a cambiar una sola coma de su reforma.

Sin embargo, el uso de la fuerza pública para desmovilizar a la Coordinadora no terminará con el problema. Podría, en cambio, llevar a un violento estallido social de imprevisibles consecuencias en estados como Oaxaca, Guerrero y Michoacán (bastiones de la disidencia magisterial).