Susana Hernández Espíndola
Después de que el 29 de octubre el Congreso aprobó las reformas al Código Penal Federal que facultan al titular del Ejecutivo a conceder el indulto, con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, dos días después, el presidente Enrique Peña Nieto perdonó al profesor tzotzil Alberto Patishtán Gómez, quien recuperó su libertad luego de 13 años de estar en la cárcel intentando demostrar su inocencia.
La reforma adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal, el cual establece que “de manera excepcional, por sí o a petición del Pleno de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el titular del Poder Ejecutivo federal podrá conceder el indulto, por cualquier delito del orden federal o común del Distrito Federal cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada” y las autoridades determinen que “no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas”.
La negativa del Tribunal Colegiado de Tuxtla Gutiérrez de liberar a Patishtán, condenado a 60 años de cárcel por el supuesto homicidio de siete policías en Chiapas, cuando hay evidencias de que en la fecha y hora del crimen se hallaba en otra parte, motivó, incluso, una petición del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a Peña Nieto, para que concediera el indulto presidencial.
“Pido al Ejecutivo eche mano de sus facultades y cese esa injusticia”, indicó Cárdenas en una entrevista, el 12 de septiembre, en el diario Milenio.
Al recordar que hay personas relacionadas con el crimen organizado, como Rafael Caro Quintero y Raúl Salinas, quienes han echado mano indebidamente de recursos y han logrado no sólo obtener su libertad, sino que hasta que les devuelvan dinero, Cárdenas sostuvo que contra el profesor chiapaneco prevaleció un trato discriminatorio y su caso fue muestra de la justicia torcida que existe en México, sin que se le diera la oportunidad de acceder a una defensa eficaz.
El camino de México para lo que podría ser el inicio de un sistema de justicia realmente social y no sólo para la clase pudiente, ha sido ya demasiado largo.
México, entre la sangre y el perdón
Para nadie es un secreto que los antiguos pobladores de México no eran muy benevolentes con sus cautivos, tomados casi siempre de manera injusta y hasta con motivos religiosos, sin que existiera tampoco ningún tipo de indulto o clemencia. Durante el período conocido en particular como las guerras floridas (o de “recolección de corazones”), acordadas por la triple alianza, México-Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, en contra de los pueblos que circundaban el valle de México, e iniciadas alrededor de 1450, coincidentes con la “gran hambruna” y con el único propósito de capturar rehenes para honrar con su sangre al temible dios Huitzilopochtli, se llevaron a cabo escalofriantes matanzas de prisioneros en los altares del Templo Mayor y en otras 18 piedras de sacrificio establecidas a lo largo y ancho de la capital mexica.
En un documento azteca que sobrevivió a la Conquista (Códice Telleriano-Remensis), se cuenta que hacia el año 1487, durante el gobierno del aguerrido Ahuízotl, cuando se terminaba de construir la sexta etapa del Templo Mayor y avanzaba el sometimiento de Cuextecapan (la región de la Huasteca), las fuerzas mexicas se hicieron de unos 20 mil prisioneros.
Durante las celebraciones para inaugurar el Gran Teocalli (Templo Mayor), Ahuítzotl hizo que las calles de la capital azteca se embellecieran con flores e invitó a los festejos a los caciques de Texcoco y Tacuba y hasta a los señores de los pueblos enemigos, como Tlaxcala y Michoacán.
A lo largo de cuatro días, el rey ordenó también que sus miles de presos fueran formados, repartidos en todos los altares de la ciudad, mientras cientos de sacerdotes los asesinaban arrancándoles el corazón, uno a uno, con cuchillos de pedernal.
Al finalizar la abominación, los cuerpos inertes fueron arrojados desde las escalinatas de los centros ceremoniales y muchos fueron devorados en un gran festín en el que participaron los guerreros vencedores y la población.
A medida que México se fue “civilizando”, avanzó la religión católica y se abandonaron las prácticas “paganas”, que en realidad no diferían mucho con el procedimiento de ordalía (tortura y asesinato) de la Inquisición, también fue cambiando la visión de la justicia y del trato y destino de las personas prisioneras ya sea por guerras, rebeldía o hechos delictivos. Incluso se llegó a otorgar un perdón inimaginable, en su tiempo, concedido por el virrey Francisco Xavier Venegas a insurgentes de la Nueva España que luchaban por conseguir la independencia.
El 1 de abril de 1812, durante el sitio de Cuautla, efectuado entre el 19 de febrero y el 2 de mayo, y conforme al decreto de las Cortes de Cádiz, del 8 de noviembre de 1811, el virrey Francisco Xavier Venegas instruyó a Félix María Calleja, comandante de las tropas españolas que realizaron el asedio, para que ofreciera el indultó a José María Morelos, Hermenegildo Galeana, Leonardo Bravo y a todos sus jefes y tropas que defendían esa ciudad, como una medida para conseguir la rendición de los rebeldes.
La historiadora María Magdalena Mas Fuentes, directora Académica del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), consigna que “Morelos advirtió a Calleja: ‘Nosotros hemos jurado sacrificar nuestras vidas y haciendas en defensa de nuestra religión santa y de nuestra patria. Ya no hay España, porque el francés se ha apoderado de ella. Ya no hay Fernando VII porque o él se quiso ir a su casa de Borbón en Francia y entonces no estamos obligados a reconocerlo por rey, o lo llevaron a la fuerza, y entonces ya no existe. Y aunque estuviera, a un reino conquistado le es lícito reconquistarse y aun [sic] reino obediente le es lícito no reconocer a su rey, cuando es gravoso en sus leyes que resultan insoportables, como las que de día en día nos iban recargando en este reino los malditos gachupines. Os diré por último que nuestras armas están pujantes y la América se ha de poner libre, queráis o no queráis vosotros’”.
La maestra cuenta que “la tenaz resistencia insurgente y el fracaso de todos los intentos de Calleja le determinaron, después de consultar con el virrey, a circular el bando de indulto”, en cuyo reverso, y leal a la causa de México, Morelos anotó: “Otorgo igual gracia a Calleja y los suyos”.
A pesar de que la oferta del virrey fue rechazada, Venegas emitió una proclama el 11 de mayo ofreciendo el perdón a los insurgentes y una recompensa a quien entregara a Morelos.
Sin embargo, indica Mas Fuentes, “Morelos reforzó sus acciones y tomó importantes plazas del gobierno virreinal. Apenas un año después de estos sucesos Venegas fue depuesto y nombrado en su lugar Calleja, su acérrimo enemigo.
La actual directora del Instituto de Investigaciones Históricas (IIH) de la UNAM, Ana Carolina Ibarra González, reconoce que entre fines del siglo XVIII y principios del XIX empezó “a extinguirse la fiesta punitiva en la que las poblaciones pedían clemencia para las víctimas y esperaban ansiosas la expresión de la magnanimidad real con la concesión del indulto. Una nueva era para la justicia penal se abría con la redacción de los códigos modernos: Rusia en 1769, Prusia en 1780, Pensilvania y Toscana en 1786, Austria en 1788, Francia en 1791, 1808 y 1810. La retractación pública se abolió en Francia en 1791, y tras un breve restablecimiento, se suprimió de nuevo en 1830. La picota se había abolido con la revolución en 1789; en Inglaterra se derogó en 1837. A pesar de las críticas, la exposición de los cadáveres se mantuvo en Francia hasta 1831. Pero el castigo iba dejando de ser teatro y se buscaban formas más discretas y útiles para restablecer el orden. No era cuestión de ser más benigno sino de emplear técnicas más eficientes para el poder. La Guerra de Independencia se sitúa en esa época de tránsito”.
Durante la gesta independentista mexicana, explica la investigadora, el virrey Apodaca tuvo mucho éxito para hacer efectiva la vía del indulto:
“Con la proclama de Apodaca del 30 de enero de 1817”, escribe, “muchos de los principales jefes insurgentes se acogieron al indulto y poco después se ofreció una amnistía más amplia dirigida a los rebeldes que estuvieran ocultos o sometidos a proceso”.
“De los principales jefes”, señala Ibarra González, “se indultaron José Manuel Correa, José María Cos, Andrés Quintana Roo, José Ignacio Couto y José Manuel de Herrera. Carlos María Bustamante tuvo que indultarse cuando fue detenido en Veracruz al tratar de huir en un bergantín inglés de nombre Castor. A algunos de ellos no les fue tan mal pues, por ejemplo José Manuel de Herrera, que había sido vicario eclesiástico de los insurgentes, diputado del Congreso y uno de los autores de la Constitución de Apatzingán, pasó a Puebla, en donde el obispo Pérez le ofreció la cátedra de filosofía en el Colegio Carolino. Otros insurgentes fueron considerados ‘cabecillas muy peligrosos’ —o quizá carecieron de influencias y relaciones—, y fueron por lo tanto condenados a presidios lejanos como Puerto Rico o Filipinas; muchos otros se mantuvieron en libertad condicionada hasta la amnistía general en favor de los prisioneros políticos, concedida por las Cortes españolas el 8 de marzo de 1820 y publicada en México el 16 de junio y el 22 de agosto de ese año”.
“Los jefes insurgentes también ofrecieron el indulto a las poblaciones y a los presos de guerra”, cuenta la profesora. “Algunas iniciativas son más conocidas. José María Cos indultó, el 7 de marzo de 1813, a los habitantes de San Pedro Tolimán y los pueblos cercanos. En septiembre de 1812, Nicolás Bravo, apenas enterado de que su padre que estaba preso en la ciudad de México había sido fusilado (porque los hijos no habían aceptado indultarse), en lugar de fusilar a los 300 prisioneros, como lo había autorizado Morelos, les concedió la libertad y la mayoría pasó a las filas insurgentes. Ese mismo año, en San Agustín del Palmar, Mariano Matamoros batió a 600 realistas del batallón de Asturias y Morelos le ordenó fusilar a los 368 prisioneros; sin embargo, el cura de Jantetelco sólo fusiló a tres de ellos, y eso para no desobedecer a su jefe”.
El “modernismo” de Díaz
En nuestro país la pena de muerte existió desde tiempos de los aztecas y, en el México moderno, el general Porfirio Díaz se ocupaba de darle un uso práctico. Según reportó el diario Tiempo de México, el 23 de junio de 1879 algunos rebeldes partidarios de Sebastián Lerdo de Tejada se apoderaron del vapor de guerra ‘Libertad’, anclado en Tlacotalpan, Veracruz, e hicieron proa hacia la Isla del Carmen. Al día siguiente la tropa y los marinos lograron liberarse y recuperaron el control de la nave. El 24 de junio, después de que el gobernador militar de Veracruz, el general Luis Mier y Terán informó telegráficamente acerca de la sublevación al general Díaz, éste ordenó en un telegrama: “Mátalos en caliente”, lo que el uniformado cumplió cabalmente.
Díaz, quien ejerció una autoridad brutal que le resultó útil para mantener en paz a México durante 30 años, olvidó olímpicamente que, tras su sublevación con el Plan de la Noria, en 1871, contra la reelección de Juárez, a la muerte de éste, en julio de 1872, él mismo fue indultado con la Ley de Amnistía promulgada por el nuevo presidente, Sebastián Lerdo de Tejada.
La pena de muerte se previó en la Constitución de 1917, por homicidio con alevosía, parricidio y traición a la patria, pero la última ejecución civil ocurrió en 1937 y, en el ámbito militar, en 1961. Para 1975, todos los estados de la república mexicana habían abolido la pena de muerte aunque a nivel federal seguía existiendo.
La pena capital se eliminó de la Constitución el 9 de diciembre de 2005, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó el artículo 22 a efecto de abolirla. Meses antes, el 21 de abril de ese mismo año, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que eliminó este castigo del Código de Justicia Militar y lo sustituyó por una sanción de cárcel que puede ir de 30 a 60 años.
Fox y su perdón publicitario
Durante el sexenio de Vicente Fox, se dieron casos importantes y accidentados de indultos otorgados por el Presidente a miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), luchadores sociales de Michoacán y hasta militares.
Un caso notable fue el indulto que concedió, el 1 de febrero de 2002, al doctor Aurelio Guzmán y al pescador Leocadio Asencio, quienes cumplían penas de veinte años de prisión por el delito de privación ilegal de la libertad en contra de funcionarios de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa), que pretendían imponer una veda a la captura de algunas especies en el lago de Pátzcuaro, Michoacán.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) consideró que la decisión de Fox semejaba más una estrategia publicitaria que un acto de justicia.
La CMDPDH consideró que el indulto propiciaba la “direccionalidad y la impunidad”, ya que los responsables de un encarcelamiento injusto, como lo eran el de esos pescadores, ya no podían ser juzgados y las víctimas tampoco podían exigir el resarcimiento de los daños que les causó la reclusión.
La Comisión indicó que Fox no podía resolver las injusticias en México con actos de bondad, sino haciendo que se cumpliera el estado de derecho.
El 19 de noviembre de 2003, Fox concedió el indulto al sargento segundo de Infantería, Ángel Velázquez Pérez y al subteniente Herón Valera Flores. El primero fue condenado a la pena de muerte por un tribunal militar por el delito de insubordinación y por haber asesinado a un superior.
El Poder Judicial de la Federación había negado un amparo que promovió el sentenciado, recluido en la Prisión Militar de la I Región Militar, en la Ciudad de México, y consideró a ese proceso como cosa juzgada.
El perdón foxista conmutaba la pena capital por un castigo de prisión extraordinaria de veinte años, decisión que fue refrendada por el propio secretario de la Defensa Nacional, general Gerardo Clemente Ricardo Vega García,
En cuanto al beneficio concedido al subteniente Herón Valera Flores, condenado a la pena de muerte por el asesinato del coronel de caballería Salvador Juárez Villa, cometido el 14 de febrero del mismo año en el cuartel del 20 Regimiento de Caballería en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue rechazado-
En una carta entregada en la oficina de atención ciudadana de la Presidencia de la República, Eva Flores Medina, madre del soldado, dijo que su hijo no aceptó el perdón de Fox, porque, de hacerlo, tendría que aceptar su culpabilidad en un delito que cometió en defensa propia. “Yo no me insubordiné, yo me defendí, el coronel me iba a matar y me defendí, eso no es insubordinación”, escribió el subteniente en la misiva.
El impredecible Calderón
El guerrero Felipe Calderón, quien durante su gobierno decidió resolver los problemas de México a balazos, ocasionando más muertos que Ahuízotl, sorprendentemente también concedió indultos
La primera vez fue en diciembre de 2007, para Michael Huesca Arias, acusado de robo calificado por un juez de la Ciudad de México.
Extrañamente, ni la secretaría de gobernación ni la Presidencia de la República dieron mayores detalles sobre el caso.
El 12 de septiembre de 2011, Antonio Ortega Gallardo, quien había sido sentenciado a 11 años de prisión por violar a dos menores en una preparatoria de la Ciudad de México, fue el segundo ciudadano que recibió el perdón presidencial.
Sus abogados argumentaron que el juicio que lo llevó a esa condena se sustentó en irregularidades, por lo que promovieron un “incidente de reconocimiento de inocencia” que, al final, implicó el indulto calderonista.
Ortega Gallardo fue detenido en mayo de 2007 tras la difusión de su retrato hablado, hecho por una de sus supuestas víctimas, quien logró huir. Pero durante su proceso no hubo careo con las acusadoras ni se presentaron pruebas periciales, sino que fue juzgado teniendo como única prueba el retrato hablado.
Perdonados por Peña Nieto
En marzo de este año, Othón Cortés Vázquez, acusado por el fiscal Pablo Chapa Bezanilla de ser cómplice de Mario Aburto Martínez y el autor del segundo disparo en contra del ex candidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, en Lomas Taurinas, Tijuana, el 23 de marzo de 1994, anunció que el presidente Enrique Peña Nieto le otorgó el perdón del pago de una multa de 18 millones de pesos que le impusieran autoridades federales.
Tras permanecer más de un año encarcelado, Cortés, que siempre insistió en su inocencia, fue absuelto y liberado el 8 de agosto de 1996, ya que las investigaciones revelaron que quienes lo acusaron (Jorge Amaral Muñoz, Jorge Romero Romero y María Belem Mackliz Romero) falsearon su testimonio.
“Yo le debo 18 millones de pesos al Estado Mexicano, por haber demandado”, dijo al regresar, en marzo, a Lomas Taurinas. “Desde que salí de prisión demandé a la Procuraduría, al presidente Zedillo, al procurador Lozano, al fiscal Pablo Chapa y a los de la Policía Judicial Federal, que me torturaron. Pedí reparación de daños por 7 millones de pesos, pero luego me demandaron de la Corte Suprema por el pago de 18 millones de pesos”.
“El gobierno federal”, continuó, sigue dando ‘atole con el dedo’ a la ciudadanía porque sabe muy bien que el autor intelectual de la muerte del político sonorense fue el ex presidente Carlos Salinas de Gortari”.
La pesadilla del indígena Alberto Patishtán, comenzó el 12 de junio del 2000, en el paraje Lagunas de Las Limas, del municipio de Simojovel, Chiapas, cuando un comando emboscó a una patrulla de nueve personas, de las cuales siete murieron y dos resultaron heridas, entre ellas Rosemberg Gómez Pérez, hijo del presidente municipal, Manuel Gómez Ruiz con quien el profesor mantenía diferencias políticas.
A pesar de que en las declaraciones los testigos admitían que Alberto había estado en una reunión con otros maestros, en el proceso se le dictó una condena de 60 años de prisión por los delitos de lesiones, homicidio calificado, robo calificado y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército.
Patishtán ingresó el 19 de junio al penal de Tuxtla Gutiérrez y, tres años después, al centro de máxima seguridad El Amate, donde padeció de un sinnúmero de abusos.
En julio de 2012, ya en el Centro de Readaptación Social Los Llanos, comenzó a sufrir problemas de la vista y los médicos le diagnosticaron la urgencia de una cirugía.
Su abogado, Leonel Rivero, llevó el caso hasta el Poder Judicial Federal, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó atraerlo.
El pasado 12 de septiembre, un tribunal en Tuxtla Gutiérrez negó la liberación de Patishtán, aduciendo que nunca aportó elementos suficientes para invalidar las pruebas que sustentan la sentencia que se le decretó.
Sin embargo, al entrar en vigor las reformas al Código Penal Federal quedó de inmediato en libertad por instrucción del Presidente.