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Más allá de arreglos partidistas
Alejandro Zapata Perogordo
Dados los tiempos del Congreso, de la agenda política y los acuerdos, se prevé el inicio de la deliberación formal sobre la reforma política y electoral, que contiene temas de gran trascendencia, y algunos de ellos polémicos.
Uno de los principales, que abordaremos en esta ocasión, se remite al árbitro electoral. La propuesta de crear, a partir del IFE, un instituto nacional electoral que se encargue de organizar, conducir y dar equidad a todos los procesos electivos del país ha causado algunas inquietudes, por lo tanto, resulta necesario sopesar los pros y contras que acarrea una determinación de esta naturaleza.
El argumento sostenido en contrario se constriñe a la cuestión federalista; siendo ésta una redistribución de facultades, con tendencia a otorgar mayores atribuciones a los estados, al restringir la materia electoral, particularmente en la parte procesal, se atenta en contra de este principio.
El razonamiento esgrimido suena consistente, aunque en la práctica las cosas son diferentes, pues el Instituto Federal Electoral realiza funciones específicas, sustanciales y esenciales en los procesos electorales del orden común. Entre ellos dos destacan por su relevancia: el Registro Nacional de Electores, que no es un tema menor y, por otra parte, ejerce la facultad de distribuir los tiempos de los candidatos y partidos políticos en los medios de comunicación, que vienen siendo la columna vertebral en las campañas políticas. De manera adicional, se encarga de la insaculación y capacitación de los funcionarios de casilla, la redistritación electoral, y atiende las campañas federales.
No obstante lo anterior, existen dos tendencias que tienen que ver con la equidad en los procesos electorales: lo concerniente a la fiscalización, en tanto que desde el ámbito local tiene limitantes, ya que carece de facultades para incursionar en el secreto bancario, o bien, llevar a cabo diligencias fuera de la jurisdicción estatal; ambas son necesarias a efecto de cubrir en tiempo real, con oportunidad y de manera exhaustiva, la vigilancia de los recursos que se utilizan para la promoción del voto. Por otra parte, la tecnología nos alcanza y la utilización de la urna electrónica se encuentra a la vuelta de la esquina, es un mecanismo que, sin duda, irremediablemente se tendrá que implementar, cuestión que implicaría casillas únicas, conteos más ágiles y confiables y menor número de funcionarios en los centros de votación, bajo un esquema de control centralizado, dado el funcionamiento de sistemas complejos cuyo blindaje necesita medidas de seguridad y confiabilidad.
Por otra parte, en términos generales, con algunas excepciones, los organismos estatales se encuentran rebasados, el poder político de los gobiernos locales gradualmente los ha sometido, alejándose de la función imparcial, permitiendo abusos y obteniendo como resultado la desconfianza de los contendientes, lo que ha dado pauta a un rediseño, a través de un ente que cuenta con estructura, experiencia y mayor grado de confiabilidad.
Puede dar la impresión que se trata simplemente de un arreglo partidista, sin embargo, va más allá. No es concebible la ampliación de derechos ciudadanos y mayor protección para el ejercicio de sus libertades por una parte, de acuerdo con reformas constitucionales y, por otra, en la práctica se restringe la voluntad soberana en los procesos electorales, cuando se permiten por parte de los árbitros locales los excesos que provocan inequidad en las contiendas; esa sola circunstancia es regresiva, y cuando se rompe una regla, terminan por transgredir todas.
La perspectiva es clara: sin duda, lo primero es fortalecer la soberanía ciudadana, pues sin ella, no hay democracia y al faltar ésta, de lo demás, ya ni hablamos.