PENSAMIENTOS EN VOZ ALTA

 

México, caso sui generis

 

 

Francisco Berlín Valenzuela

Los mexicanos hemos visto a lo largo de nuestra historia política cómo impedir la reelección legislativa se ha traducido en el debilitamiento del poder ciudadano. Pero además, este aletargamiento se ha visto acompañado de un incremento correlativo en la fuerza e influencia de los partidos políticos.

En teoría los ciudadanos eligen a los candidatos a los puestos de elección popular. En la práctica, todos sabemos que son los dirigentes de esos institutos —de común acuerdo con los intereses políticos y económicos prevalecientes— los que deciden sobre las candidaturas. Sólo las comunican a los electores para validar y formalizar su decisión a través del sufragio, dejándoles a éstos la ilusión de que ellos son los que realmente eligen a sus representantes.

La decisión se tomó en 1932 y perdura hasta la fecha. Es interesante destacar que el Constituyente de 1917 no introdujo tal restricción. La propuesta que se transformó en el impedimento —actualmente vigente— provino de un grupo de políticos que la hicieron para quedar bien con el general Plutarco Elías Calles tras el asesinato del general Álvaro Obregón. Aprovechando el contexto generado por el magnicidio, extendieron el impedimento establecido para el titular del Ejecutivo federal, incluyendo en la restricción a todos los legisladores. Para justificarlo, tuvieron a su favor el precedente histórico del porfiriato.

Pero esa medida creada en la vorágine del oportunismo político fue una extrapolación jurídico política que, en los hechos, se tradujo en un drenado permanente de la experiencia acumulada en cada legislatura.

La reforma no tomó en cuenta que se trata de dos poderes distintos en su conformación, función y facultades. Uno es, por su propia naturaleza, fundamentalmente unimembre: el presidente de la república tiene la responsabilidad de dirigir —con mucha agilidad— las acciones que corresponden al ámbito ejecutivo. Mientras que el legislativo, por su parte, es un órgano colegiado que debe de tomar sus decisiones de manera concertada con base en la representación plural con la que se integra.

Hay que reconocer que en los años treinta —del siglo pasado—, la cultura política del país era muy precaria. Prevalecía el pragmatismo político enseñoreado por los hombres que encabezaron la revolución triunfante.

En ese entonces, pocas personas pudieron percatarse de que, precisamente, en la posibilidad de la reelección de los miembros del parlamento reside una de las principales razones de ser de ese órgano. Es decir, la figura de la reelección contribuye, entre otras cosas, a: profesionalizar la actividad parlamentaria; propiciar una vinculación efectiva con los electores de cada distrito; exigir el cumplimiento de los compromisos contraídos en campaña, y fortalecer el parlamento como la instancia que —por excelencia— contribuye al equilibrio del poder republicano. Pero además, hay que tener presente que la posibilidad de repetir en el cargo supone un sistema de calificación que valida —o reprueba— el futuro de la carrera política de los legisladores.

Por otra parte, dejar sin contrapesos reales el ejercicio del poder del Ejecutivo significa correr el riesgo de apostarle a su degradación institucional. A ello obedece que en todos los parlamentos del mundo se contemple la posibilidad de la reelección de sus miembros. En algunos países, se establece la figura de manera indefinida y, en otros, se ha instituido para periodos limitados. Pero en todos los casos se contempla como una característica esencial de los órganos camerales. México constituye un caso sui géneris dentro de la fisionomía parlamentaria mundial.

Claro está que la reelección en México requiere ser matizada. Desde hace 25 años hemos propuesto en diferentes foros y publicaciones que lo aconsejable para nuestro país es una reelección continua limitada, que en el caso de los diputados sería de una elección y dos posibles reelecciones (9 años en total), y en el de los senadores una elección y sólo una reelección (posibles 12 años). La razón de estas limitaciones se encuentra en el hecho de que debe mantenerse abierto el cauce para que las nuevas generaciones puedan acceder al ejercicio de las actividades parlamentarias, así como evitar los efectos perniciosos que produce la reelección legislativa ilimitada en los sistemas parlamentarios que la contienen.

Finalmente, cabe preguntarnos ¿quién se ha beneficiado de la permanencia por 81 años de tal limitación? Porque no ha sido una mera situación accidental o involuntaria. Más bien, se ha tratado de una decisión cabalmente conceptuada desde las más altas esferas del poder. No podemos soslayar que la no reelección de legisladores contribuyó —y mucho— a la existencia de un partido hegemónico que hizo cada vez más fuerte la presencia del poder presidencial —y también de los gobernadores— que, al paso de los años, conformó lo que un premio Nobel de literatura llamó “la dictadura perfecta”.

 

El autor es doctor en derecho y fue

director fundador de El Colegio de Veracruz.