La mayoría de los partidos y organizaciones políticas compiten hoy por ganar la calle.

Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, Gustavo Madero, Cuauhtémoc Cárdenas y Jesús Zambrano han decidido convertir las calles en una pista de carreras para medir su fuerza política, adquirir notoriedad y tratar de fortalecer su liderazgo.

Hasta ahora, existen, cuando menos, cuatro competidores: López Obrador, quien anunció el domingo pasado el inicio de un plan de acción para impedir la privatización de la industria energética; Madero, cuyo partido también se movilizará para impedir la reforma hacendaria; Cárdenas y Zambrano, quienes —cada quien por su lado— también llevarán a cabo una consulta ciudadana para echar abajo la reforma energética del Ejecutivo federal.

Derecha e izquierda han tomado la decisión de sustituir la democracia por la oclocracia, es decir, la representatividad de las instituciones por la fuerza de la muchedumbre, y utilizo el término muchedumbre no en sentido peyorativo, sino como esa masa informe, manipulable y desinformada que va a donde le digan y según le paguen.

Ahí tenemos como ejemplo a los maestros y a sus esbirros los golpeadores a sueldo que nada saben y nada tienen que ver con la reforma educativa.

Todos y cada uno de los políticos que amenazan con tomar la calle para impedir las reformas tienen diputados y senadores que ellos mismos pusieron, impusieron o hicieron ganar para que representara sus intereses.

La pregunta, entonces, es: ¿para ellos el Senado de la República y la Cámara de Diputados, las instituciones, ya no sirven para dirimir, resolver o llegar a acuerdos?

Si Madero, como dirigente del PAN, y Zambrano, como líder nacional del PRD, tienen necesidad de ganar con manifestaciones lo que no pueden obtener a través de sus legisladores en las cámaras, significa que ellos andan muy mal en sus respectivos partidos.

La conquista del asfalto se ha convertido en pandemia. Todos quieren ser el primero en probar la consulta ciudadana. Sí, nada más que la consulta popular, como se encuentra inscrita en la Carta Magna, no es echar papeletas sin ton ni son a una urna con forma de barril de petróleo, como lo hizo López Obrador el domingo pasado.

En septiembre de 2012 fueron aprobados en el artículo 35 de la Constitución los derechos ciudadanos. Este artículo, en su apartado VIII, dice que las consultas populares tendrán que ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la república; o por el equivalente a 36% de los integrantes de cualquiera de las dos cámaras o por el 2% de los ciudadanos inscritos en el padrón. Dice, además, que sólo cuando la participación alcance el 40% la consulta ciudadana tendrá un efecto vinculatorio.

Pero hay algo más: la Suprema Corte de Justicia es quien resolverá la constitucionalidad de la materia sobre la que sea desea preguntar. Consulta que, según la Constitución, se llevará a cabo, no cualquier día, sino cuando se lleve a cabo la jornada electoral federal. Añadamos a todo esto que la consulta ciudadana no ha sido reglamentada.

Este complejo contenido constitucional confirma que los simulacros de consulta que pretende hacer López Obrador, pasando —como siempre pasa— por encima de la Carta Magna, es un cínico y evidente engaño a la gente.

Su plebiscito forma parte de los mitos y fantasías —rememorando al sociólogo Gabriel Careaga— de su agotada propaganda política.