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Manifestaciones violentas

Manuel Espino

Las duras jornadas en marchas y manifestaciones que ha padecido la ciudad de México durante los meses recientes podrían contagiar la dinámica social y política de diversos estados de la república. Como nación, como república, corremos el riesgo de enfrentar procesos paralelos de desestabilización en diversos estados. De multiplicarse el mismo escenario de Oaxaca en 2006 y el DF en 2013, el mismo Pacto federal entraría en tensiones insostenibles y la infraestructura productiva del país entero sería entorpecida.

Los disturbios causados por manifestantes de diversas corrientes ideológicas les han acarreado tantos dividendos políticos y tan escasas consecuencias negativas que se han constituido ya en un ejemplo a seguir para grupos sin escrúpulos.

La receta es clara: bloquea arterias primarias y toma como rehenes a los ciudadanos, que a cambio tendrás exposición mediática y herramientas para chantajear a las autoridades y exprimirles recursos.

Si las autoridades de la ciudad de México se han visto en severos aprietos, los gobiernos locales de entidades más pequeñas —con menos policías y menos herramientas políticas— corren el riesgo de ser rebasados por los violentos.

Hay dos posturas simplistas. Una que cataloga a todos los manifestantes como vándalos y reclama airadamente que sean reprimidos con fuerza y sin miramiento alguno. Otra, que llama represión a cualquier intento de aplicar la ley, como si aplicar la fuerza legítima del Estado para salvaguardar los derechos de la ciudadanía fuera un acto de salvajismo.

Si se les ve con el lente de la ideología, todos los manifestantes pueden ser juzgados idénticamente. Pero la realidad es mucho más compleja: hay quienes ejercen legítimamente su derecho a protestar, mientras que otros aprovechan el río revuelto para provocar violencia o hacer avanzar agendas políticas dañinas para el interés general. Se puede entender la preocupación de una persona que ve amenazados sus derechos laborales, pero jamás al anarquista que arroja una bomba molotov contra un policía. No todos los que marchan son iguales. Como diría Carlos Monsiváis: “Generalizar es mentir y decir la verdad al mismo tiempo”.

Del lado de la autoridad, tampoco hay un comportamiento homogéneo. Como fue demostrado por videos grabados este 2 de octubre, hay policías que cumplen su deber con pulcritud, mientras que otros incurren en comportamientos brutales y evidentes abusos de autoridad.

Los gobiernos locales tienen el urgentísimo deber de preparar cuerpos policiacos especializados en control de manifestaciones violentas, con pleno apego a los derechos humanos y estándares internacionales. Si comienzan a capacitarlos cuando los conflictos ya hayan comenzado será demasiado tarde.

Construir gobiernos estatales con arraigo, plenos de democracia participativa, será el mejor antídoto contra la violencia.

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manuespino@hotmail.com