En poco más de 60 días, el hampa y el vandalismo representado o cobijado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han puesto de rodillas a las instituciones. Si no es así, ésa es la imagen y la percepción que tiene la sociedad; lo que para efectos políticos y de gobernabilidad es lo importante.
La Procuraduría General de la República acaba de confirmar que la CNTE está integrada no sólo por maestros, sino por secuestradores, guerrilleros del Ejército Popular Revolucionario, agitadores y extorsionadores.
Este informe se publica después de varias semanas en que los derechos de la ciudadanía y de la ciudad misma han sido ultrajados por el magisterio y los anarquistas que utilizan como golpeadores, luego de que elementos policiacos han sido agredidos con brutalidad, de que han sido destruidos y saqueados cientos de comercios, bloqueado el acceso a zonas federales como el Aeropuerto, minado la paz, libertad y convivencia de la mayoría de los habitantes.
Pero, sobre todo, se ha publicado después de que la autoridad ha hecho nada o poco para impedirlo; cuando la impunidad se ha convertido en el mejor acicate para reproducir y multiplicar la delincuencia urbana y el gobierno ha permanecido pasivo e incapaz de defender al ciudadano, permitiendo que sea víctima de la arbitrariedad.
La fractura del Estado de derecho ha comenzado a crear la sensación de que los órganos encargados de aplicar la ley no pueden hacerlo, que han sido superados por la delincuencia y que ha llegado el momento de hacer justicia por propia mano.
La ciudadanía —harta de sentirse impotente y abandonada— piensa ya en la posibilidad de organizarse en contra de los dos niveles de gobierno. La tolerancia extrema hacia un movimiento evidentemente vandálico empieza a crear las condiciones para que, como en Michoacán, Chiapas o Guerrero, se creen “guardias blancas” o policías paramilitares encargados de llenar los vacíos de protección legítima dejados por las instituciones.
El laisser faire, laisser passer —dejar hacer, dejar pasar— al que se ha recurrido prolongadamente y sin límite para evitar, ante todo, acusaciones de violentar los derechos humanos ha dejado como principal saldo un sistema político débil y un sistema de justicia fallido al que ya nadie respeta, ni teme.
Este tipo de atmósfera permite todo: el fortalecimiento del crimen organizado, el terrorismo, pero sobre todo el empoderamiento de grupos mercenarios que, como la CNTE, han hecho de la desestabilización una lucrativa industria del chantaje y la extorsión.
Los mercenarios contratados por la CNTE y los grupos más radicales de la izquierda, como la agrupación de Andrés Manuel López Obrador, convirtieron el 45 aniversario del 2 de octubre en un acto vandálico. Lo vaciaron de contenido e hicieron lo que ni sus propios enemigos podrían haber hecho mejor: mostrar la degradación de un progresismo carente de ideas, sepultado en su propio dogmatismo y transformado en una tiranía violenta.
Las piedras, las bombas molotov, los cohetones y quién sabe si más tarde las metralletas y la dinamita son las que hoy gobiernan la capital del país. Su voz es la que hoy atienden y dejan en libertad las autoridades, mientras los ciudadanos permanecen, al menos hasta ahora, agazapados, impotentes y con miedo.