D. F. por Siempre!
El Ejército en lucha contra el narco
La lealtad tiene un corazón tranquilo.
William Shakespeare
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
El 19 de febrero de 2007, en nombre de sus compañeros de armas, el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván, solicitó comedidamente a los Poderes de la Unión, brindar a los integrantes del Ejército la certidumbre jurídica necesaria para hacer frente a la declaratoria de guerra contra el narco que el titular del Ejecutivo, Felipe Calderón, emitió al inicio de su mandato.
En aquella ceremonia cívica, el militar exhortó al Poder Legislativo a brindar legalidad a la presencia militar en calles, ciudades y regiones en las que la violencia criminal había retado al Estado mexicano, imponiendo su cauda de terror y muerte a fin de instaurar regímenes de ilegalidad e inseguridad en esos territorios.
Pese a las reiteradas peticiones militares, y a las propuestas que algunos legisladores presentamos ante la LX Legislatura para definir los alcances de la llamada “coadyuvancia en materia de seguridad pública” por parte de los integrantes del Ejército —que prácticamente recibieron la orden de suplir a policías municipales, estatales y hasta federales— y por establecer los irremplazables mecanismos de control social que requiere la participación y presencia de las fuerzas armadas en acciones extraordinarias como las que les fueron ordenadas, éstas siguen sin ser atendidas.
Para quienes tuvimos la honrosa oportunidad de construir junto a la sociedad civil y al Ejército mecanismos de vinculación ciudadana podemos testimoniar la profunda preocupación de nuestros soldados ante la ausencia de esas vitales reformas legislativas, tan necesarias ante la descomunal tarea de garantizar la seguridad a una sociedad acosada por criminales que cobardemente se parapetan tras ella para delinquir, corromper y, con ello, atacar el Estado mexicano y sus instituciones.
Pruebas de esos esfuerzos conjuntos es la Mesa de Diálogo de Ciudad Juárez —impulsada por el general Galván y la legisladora Marina Arvizu— cuya virtud estribó en la construcción de respetuosos canales de diálogo y de acuerdos, que permitieron establecer una relación asertiva entre los juarenses y los integrantes de esa guarnición militar.
A estas irrefutables pruebas de compromiso militar, no se corresponde el rechazo legislativo a brindar a nuestros soldados un esquema jurídico que responda a sus necesidades de certidumbre para seguir procurando proteger de los criminales a la gente de bien
Por ello, cuando escuchamos este jueves 7 de noviembre al actual secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, solicitar a los diputados formular la legislación que permita brindar certidumbre a la actuación de los militares en tareas de seguridad, se acredita a plenitud la frase del bardo inglés que reza que “la lealtad tiene un corazón tranquilo”, lealtad que obliga al Legislativo a actuar responsablemente, y no como hasta ahora, a escatimar las armas legislativas que los soldados de la patria requieren con urgencia.