Entrevista a Darío Ramírez/Director general de Artículo 19 para México y Centroamérica
Moisés Castillo
Dice el escritor Élmer Mendoza que no hay que cuidarse de los malos sino de los que parecen buenos. En esta espiral de violencia, los periodistas en México no saben quiénes son los buenos o los malos de esta trágica historia. En el sexenio de Felipe Calderón se montó la idea de que el crimen organizado estaba detrás de todas las agresiones, ejecuciones y desapariciones de reporteros, editores, fotógrafos y demás informadores. Sin embargo, en los últimos años, funcionarios públicos han sido los mayores responsables de agresiones contra la prensa.
De acuerdo con un estudio de la organización Artículo 19, las autoridades de los tres niveles de gobierno fueron los causantes del 43.96% de los ataques a la libertad de expresión, casi tres veces más de los que se atribuyen a la delincuencia organizada. Según el ámbito de gobierno, las autoridades municipales están a la cabeza con 45% de agresiones, las estatales con 42% y las autoridades federales con 12%. Además, detalla que los cuerpos policíacos estatales y municipales cometen los mayores abusos de poder contra los periodistas a través de amenazas, intimidaciones, violencia física o detenciones ilegales.
En su más reciente Informe enero-septiembre 2013, Artículo 19 revela que el principal agresor sigue siendo el funcionario público. También destaca que en el gobierno de Enrique Peña Nieto la cobertura mediática de la violencia disminuyó 50% entre diciembre y abril; en esos meses la violencia contra la prensa creció 46% respecto del mismo periodo de 2012. Durante este año han sido asesinados tres periodistas, lo que ya supera las cifras de 2002 y 2003. Asimismo se han registrado 225 agresiones, dos desapariciones, cuatro ataques a medios de comunicación, 26 amenazas y siete privaciones ilegales de la libertad.
¿Cómo calificas la situación del ejercicio periodístico en México?
Al PRI le ha tocado una violencia heredada, ahora gobierna con un gran número de periodistas asesinados y desaparecidos. Donde vemos una similitud es en la falta de acción para prevenir y romper un ciclo que es conocido por la sociedad mexicana: la impunidad. Me parece que dentro del gobierno panista había una indolencia clara hacia el tema de la violencia, de la censura derivada de la violencia contra los periodistas y nunca encontramos una acción efectiva para detener ese ciclo. En este año, lo que ha sido la administración de Enrique Peña Nieto, la violencia sigue a pesar de que se habla menos, la autocensura es mucho más grande. Esto ha provocado tener menos casos de violencia.
¿En qué medida el fenómeno del narcotráfico aumentó las agresiones-asesinatos contra periodistas?
Lo que pasó con el fenómeno del narcotráfico y que pudimos detectar es que era claramente un elemento más en un sistema ausente de Estado de derecho. No era para nosotros clave, es un perpetrador más. En el primer año de Peña Nieto el 43% de las agresiones son cometidas por agentes del Estado mexicano. Esto quiere decir que el narcotráfico llega al 20% de las agresiones. En algún momento se decía, por lo menos en la administración anterior se intentaba vender esa imagen como agresiones del narco, pero lo que vemos es un tema de falta de Estado de derecho.
A nivel mundial, ¿en dónde se sitúa México? ¿Por qué ejercer el periodismo es de alto riesgo?
Es una profesión de alto riesgo porque la materia prima del periodista es la información, y en un Estado donde se trata de esconder muchas cosas de interés público evidentemente a la prensa se le coloca en un fuego cruzado. Si reportas sobre narcotráfico, los capos se enojan; si reportas sobre cosas de interés público, las autoridades se molestan. El fuego cruzado en el que se encuentran los periodistas es evidente. No hay ningún elemento para salvaguardar la integridad física de los informadores, o crear un contexto de seguridad. El caso de la impunidad es ése. Creamos instituciones, fiscalías, programas de protección y los números en términos de procuración de justicia siguen siendo cero. Es decir, una fiscalía especial de seis años que no tiene un caso resuelto, esto habla del corazón del problema.
¿Cómo ha sido el desempeño de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión?
Nació con un mal diseño institucional, pero tiene las mínimas herramientas para hacer algún tipo de investigaciones. No las óptimas, pero sí las suficientes herramientas para avanzar en los casos. El año pasado se reformó la Constitución, el artículo 73, para darle más facultades a la fiscalía y que atraiga casos del fuero común y sean investigados en la federación. Dimos la bienvenida a la reforma, pero dijimos que si sigue teniendo el mismo porcentaje de resultados, esa reforma constitucional y las leyes secundarias que se deriven no van a tener ningún efecto. Sigue siendo una fiscalía con mayores facultades pero sin resultados.
Por otra arte, ¿qué pasa en los estados y municipios donde los gobiernos son los mayores agresores contra los periodistas?
La simulación es mayor, la impunidad es mayor, la indolencia y los ataques oficiales son mayores. Según nuestros números, el porcentaje mayor es de agresiones por parte del orden municipal (funcionarios-policías). El porcentaje menor de casos es cometido por agentes federales. Esto quiere decir que la mayor fractura en la relación prensa-poder está en los estados. La persecución es más obvia y directa. Cuando Veracruz, que ha tenido nueve periodistas asesinados, dice que va a crear un mecanismo de protección, no tenemos porqué creerles. La situación es tan precaria, tan ausente de resultados que así se perpetuará por mucho tiempo, lamentablemente.
José Antonio García Apac #impunidadmata from Article19 on Vimeo.
¿Cuál ha sido el caso paradigmático de un periodista agredido-asesinado que te haya conmovido?
Hay muchos. Nosotros estamos impulsando una campaña que se llama “Impunidad mata”, donde hemos hecho reportajes de cuatros casos paradigmáticos. José Antonio García Apac, periodista desaparecido y director del semanario Eco de la Cuenca de Tepalcatepec, Michoacán; era de los pocos reporteros que informaban sobre el crimen organizado en el estado. José Alfredo Jiménez, periodista sonorense desaparecido, del periódico El Imparcial, estaba investigando la corrupción en el cuerpo policiaco estatal. Armando Rodríguez Carreón, El Choco, del Diario de Juárez, estuvo investigando a la procuradora local y fue asesinado enfrente de su familia. El asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz. Tenemos las agresiones hacia Lydia Cacho. Hay muchos casos de periodistas que se lamenta su ausencia por el silencio que ha provocado su muerte.
¿Cambió la relación prensa-gobierno tras la alternancia política?
La situación definitivamente ha cambiado, están los moneros que se burlan todos los días del presidente, por ejemplo. Pero hay algo que sigue igual: las acciones de cooptación por parte del Estado hacia la prensa. En México no ha habido una relación fructífera, transparente, entre la prensa y el poder. Luego del año 2000 la sociedad mexicana se olvidó mucho del papel de la prensa en los nuevos aires democráticos. Pensamos que con el IFE, los institutos electorales locales —todo lo que tiene que ver con la democracia electoral—, ya con eso tendríamos una democracia real. Y al final no hubo reglas claras. Es decir, existe la ausencia de un gobierno autoritario, pero lo que hizo la prensa fue volverse un brazo instrumental del gobierno. Eso genera que la prensa esté muy cerca del poder. Los grupos de televisión están cercanos a la Presidencia de la República. Vemos en este año lo que nosotros llamamos un nado sincronizado en la cobertura presidencial; es decir, una cobertura favorable, que es evidentemente sincronizada desde Los Pinos.
Armando Rodríguez 1968-2008 #IMPUNIDADMATA (versión corta) from Article19 on Vimeo.
¿Cuáles son los requerimientos mínimos para que un periodista pueda ejercer su profesión?
Es responsabilidad del Estado mexicano garantizar la libertad de prensa. Lo que ha sucedido con la prensa es que el Estado ha omitido hacer cosas efectivas. Lo que tiene que haber es una acción por parte de las autoridades. No podemos pensar, por ejemplo, que en Tamaulipas hay libertad de prensa. Mientras haya un discurso oficial donde dicen que se preocupan por los periodistas, pero en Culiacán, Michoacán, Veracruz no hay libertad de prensa, entonces se vuelve un mensaje mentiroso. Creo que lo mínimo es tener un contexto de seguridad.
¿Y las agresiones contra periodistas del 1 septiembre y 2 de octubre en la ciudad de México? El GDF no ha tenido una postura contundente al respecto…
Nosotros obviamente reportamos en #RompeElMiedo 46 casos de periodistas agredidos en la marcha del 2 de octubre y eso evidentemente tiene un efecto en la cobertura, en futuras manifestaciones. Es el Estado y sus cuerpos policíacos quienes están agrediendo y causando esas violaciones a la libertad de expresión. No puede haber omisión y silencio.
