¡VIVA LA DISCREPANCIA!
La sociedad demanda un salto hacia adelante
Raúl Jiménez Vázquez
Previo a la rendición de cuentas a la que hace unos día fue sometido el Estado mexicano en el marco de la evaluación periódica universal, mecanismo institucional del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Ejecutivo federal presentó varias iniciativas ante el Congreso de la Unión, de las cuales destaca por su relevancia aquélla que plantea la adecuación del delito de desaparición forzada de personas a los parámetros normativos internacionales, donde se establece, entre otros aspectos, que dicho crimen es de naturaleza imprescriptible.
El ocupante de Los Pinos igualmente propuso al Senado de la República el retiro de las reservas o exclusiones formuladas en relación con diversos instrumentos de derecho internacional, lo que expandirá las protecciones de la dignidad humana: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, Convención sobre las Condiciones de los Extranjeros, Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, y Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sin lugar a dudas plausible, empero, este paquete ostenta graves omisiones; dos de ellas son el no sometimiento a la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, dependiente de la ONU, y la subsistencia de la reserva a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, no obstante que esta última ya fue declarada inconvencional o inválida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el famoso caso Rosendo Radilla Pacheco, en virtud de que sustrae injustificadamente a los militares de la jurisdicción de los tribunales ordinarios.
También se soslayó el retiro de la declaración interpretativa inserta en el decreto aprobatorio de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad, a pesar de que constituye una gravísima afrenta a la norma ius cogens de la imprescriptibilidad, de la cual puede desprenderse una responsabilidad internacional para el Estado mexicano, y que asimismo ha impedido el juzgamiento de las crueles masacres perpetradas hace unos años.
Finalmente, se pasó por alto la ineludible derogación de la reforma al artículo 21 constitucional, por la que México se reservó el derecho de reconocer caso por caso, y no en forma general, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, contraviniendo flagrantemente la letra y espíritu del Estatuto de Roma, tratado fundacional de dicho organismo supranacional, y obstaculizando el ejercicio de los derechos humanos a la verdad y a la justicia que asisten a las víctimas de genocidios, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Así pues, las propuestas de Peña Nieto no son otra cosa que cambios a medias, cuando lo que demanda la sociedad es el gran salto hacia adelante en materia de derechos humanos.