Susana Hernández Espíndola
Después de la montaña de muertos que dejó en México su pobre y limitada idea de combatir al crimen organizado a balazos y cañonazos, el ex presidente Felipe Calderón trata, por todos los medios, de traspasar su cochinero a la actual administración y de formar una corriente de opinión que lo libre de ser juzgado, como un nazi, ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Calderón, quien el 19 de enero de 2006, ante sus seguidores que atestaban el Toreo de Cuatro Caminos, en el inicio de su campaña por la Presidencia, se ostentaba de que: “¡Tengo las manos limpias, no tengo cola que me pisen, ni dinero mal habido, ni sangre en las manos!”, ha pasado ya a la historia de México como un sátrapa soberbio, cuya poca inteligencia y destreza para gobernar y tomar decisiones de altura dejaron 100 mil muertos, más de 30 mil personas desaparecidas y un país convulsionado por la violencia y los asesinatos a discreción perpetrados por una turba de delincuentes prohijados por la corrupción de su administración.
El día que Enrique Peña Nieto asumía la Presidencia de México, Transparencia Internacional (TI) publicó el Indice de Percepción de la Corrupción 2012, en el cual el país que dejaba Felipe obtuvo 34 puntos, en una escala de 0 (mayor corrupción) a 100 (menor corrupción).
Esto ubicaba a México en la posición 105 (de 176 países clasificados), muy por debajo de sus principales socios comerciales: Canadá y Estados Unidos, que estaban en los niveles 9 y 19, respectivamente, y en el mismo cuadro de percepción de corrupción que Algeria, Armenia, Bolivia, Gambia, Kosovo, Mali y Filipinas.
El burro hablando de orejas
A pesar de esa herencia maldita y de las 35 mil firmas de rechazo interpuestas el 29 de enero pasado contra su anexión como profesor invitado a la Escuela de Gobierno John F Kennedy de la Universidad de Harvard, Calderón ahora se asume como erudito y asegura al periódico ABC paraguayo que “la lucha contra el crimen organizado debe enfocarse no sólo en la cuestión de la legalización de las drogas, sino en la sofisticación de los grupos criminales, que se están apoderando de las instituciones en México”, algo que por supuesto, nunca tuvo los tamaños para aceptar que sí ocurrió durante su gobierno.
A lo largo del régimen calderonista, México se mantuvo siempre entre los países en riesgo de convertirse en estados fallidos (por la pérdida de control físico de su territorio, la desigualdad en el desarrollo económico, la debilidad de sus aparatos de seguridad, el deterioro progresivo de los servicios públicos y la violación a los derechos humanos y al Estado de derecho, entre otros rubros), no sólo en la lista de la organización Fund for Peace, sino también a los ojos de infinidad de especialistas, que advertían que la nación se estaba desgranando.
Aún así, Calderón aún no “descubría” o no quiso descubrir, como lo hace ahora, el agua tibia. El 5 de agosto de 2011, por ejemplo, cuando inauguró en Susupuato, Michoacán, la carretera que une a esa población y Copándaro, sostuvo que “el crimen no se apoderará de comunidades ni de las familias” (cuando la realidad lo contradecía ya que la guerra entre la “Familia Michoacana” y los “Caballeros Templarios” estaba en pleno apogeo, ocasionando montones de muertos, como la masacre ocurrida del 13 de julio de 2009, fecha en que un grupo de 13 elementos de la Policía Federal, que realizaban trabajos de investigación en Arteaga, fueron emboscados y asesinados).
Sólo 20 días después de aquel discurso, el 25 de agosto, se dio la segunda peor masacre del sexenio del panista: la muerte de 52 personas en el casino Royale, en Monterrey, la cual inauguró el narcoterrorismo en México, sólo superada, por la ejecución de 72 inmigrantes, en agosto de 2010, en Tamaulipas. Seis semanas después de la misma visita a Michoacán, el 20 de septiembre, ocurrió la tercera matanza más terrible hasta ese momento, que fue la de 35 personas en Veracruz, hasta que fue superada, el 12 de mayo de 2012, por el hallazgo, en San Juan, Cadereyta, Nuevo León, de los torsos de 49 personas.
Seis de esos cuerpos, encontrados en territorio disputado por los cárteles de “Los Zetas, el de Sinaloa y el del Pacífico, eran de mujeres y ninguno tenía pies, manos ni cabezas.
Para echar la tierra debajo de la alfombra, de inmediato se activaron los personeros de Calderón, Alejandro Poiré, a la sazón secretario de Gobernación, y Ernesto Cordero, presidente del Senado y ex secretario de Hacienda, quienes trataron de apuntalar la mentira de que México seguía siendo Disneylandia. El primero aseguró que “los responsables de la violencia son únicamente los delincuentes” y no el Estado, mientras que el segundo, quien a diferencia de Calderón aceptaba con ello que sí había zonas arrebatadas al gobierno por el hampa, indicó que más de 5 mil espacios públicos controlados por delincuentes habían sido recuperados.
No obstante y que hoy se dice amenazado de muerte mediante tuits que le envían los criminales, Calderón sigue siendo omiso sobre muchos de los grandes escándalos de su sexenio. Por ejemplo, en sus apreciaciones sobre la situación actual de México, no incluye la aclaración sobre la desaparición del supuesto cadáver de Heriberto Lazcano Lazcano, “El Lazca”, líder del cartel de “Los Zetas” y presuntamente abatido el 7 de octubre de 2012. Al muertito, cuyo sacrificio ocurrió en El Progreso, Coahuila, a manos de infantes de Marina, se le quitó el rigor mortis, al menos en los pies, y simplemente se esfumó del lugar en el que yacía.
Calderón también finge amnesia con el asunto de la peor tragedia infantil que ha ocurrido en la historia de México, que fue la muerte de 49 niños, menores de cinco años, el 5 de junio de 2009, durante el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora.
El siniestro dejó quemados gravemente a otros 40 menores, mientras que 53 sufrieron lesiones, en algunos casos, irreversibles.
De las 27 personas enjuiciadas por el accidente, ocurrido por omisiones oficiales, sólo dos se hallan en prisión, pero ninguno de los funcionarios federales involucrados, y mucho menos un familiar de Margarita Zavala, la esposa del ex mandatario.
El poderío del crimen en el sexenio del profesor Calderón, o, visto de otra manera, lo poco que su gobierno pudo controlar, incluso a las fuerzas de seguridad, quedó demostrado con el ataque, en el poblado de Tres Marías, contra dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, y un infante de Marina de México, que viajaban en una camioneta blindada, con placas del servicio diplomático.
Tal incidente, ocurrido el 24 de agosto de 2012, aún no ha sido aclarado, aunque la propia PGR acusó a 14 policías federales de intentar asesinar a los agentes, mientras que la Policía Federal indicó que todo fue una confusión cuando sus elemento investigaban un secuestro en la zona.
Ni qué decir del vergonzoso caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, condenada en México a 60 años de prisión en 2007, por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y posesión ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, pero liberada el 23 de enero de 2013 debido a las irregularidades en su detención, perpetradas por el secretario de Seguridad Pública de Calderón, Genaro García Luna, quien realizó el montaje televisivo considerado después como el factor clave para que la soltaron.
Las otras crisis
El diario online The Huffington Post dijo que durante su sexenio al frente de la Presidencia de México, Calderón “encabezó un asalto a la delincuencia organizada que sumió a su país en una crisis de derechos humanos”, mientras que en su texto: “Harvard: Revoke Felipe Calderón’s post” (Harvard: Revierta la contratación de Felipe Calderón), el empresario mexicano, Eduardo Cortés Rivadeneyra indicó que el panista “disparó la deuda pública en un 122 por ciento, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; sus medidas económicas sumaron 7.3 millones de pobres, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; tiró a México 33 lugares en el Indice Internacional de Corrupción de Transparencia Internacional; después de su administración, México es el último lugar en calidad educativa, según la OCDE, y su fallida guerra dejó más de 100 mil muertos y 25 mil desaparecidos, según México Evalúa, la PGR y The Washington Post”.
Aunque Calderón acaba de aceptar en una entrevista a un diario paraguayo que “es una desgracia, pero la corrupción es un mal endémico de México”, la verdad es que apenas si hizo esfuerzos para erradicarla y, peor, se hizo de la vista gorda ante la propia crisis de corrupción en la que sumieron al país sus allegados y amigos.
Según el portal de Internet ADN Político, la administración de Calderón quedó empañada debido a “una obra que se estrenó con retraso y que fue pagada con sobreprecio; una red de extorsión presuntamente vinculada con la esposa de un alto funcionario; la denuncia desde el Gobierno de Estados Unidos contra un ex servidor público; un caso de supuesto nepotismo; acusaciones de tráfico de influencias y hasta un fraude al Melate”, entre muchas otras cosas.
La terrible Sota
Apenas el pasado 25 de noviembre se supo que la ex vocera de Calderón, Alejandra Sota Miraflores, quien intentó estudiar la maestría en Administración Pública, sin tener una licenciatura en Ciencia Política, en la escuela que acogió al ex presidente, está siendo investigada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por presunto peculado y tráfico de influencias.
Expedientes que obran en poder de la dependencia y del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), señalan que la ex directora de Comunicación Social y ex coordinadora de Estrategia y Mensaje Gubernamental de la Presidencia es probable responsable de haberse coludido con sus amigos y ex compañeros del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) para entregar contratos, desde Los Pinos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Gobernación, a una sociedad civil llamada Defoe Experts on Social Reporting y a la empresa Milenio Consultores.
Entre 2009 y 2012, a esas dos empresas, propiedad de los ex compañeros de estudios de Sota en el ITAM, José Alonso Arango Pérez y Yamil Nares Feria (subdirector de Opinión Pública de Calderón), se les entregaron 45 millones de pesos.
En el caso particular de Defoe, desde la residencia oficial se canalizaron siete contratos y otros cinco desde el IMSS (por 8 millones 804 mil 800 pesos).
La terrible Alejandra Sota fue acusada por diversos medios de comunicación de haber impulsado, durante 2012, una estrategia de descrédito contra Josefina Vázquez Mota, favoreciendo a Ernesto Cordero mediante la filtración ilegal de las llamadas telefónicas de la entonces aspirante a la candidatura presidencial del PAN.
La Estela de luz
Inaugurada el 7 de enero de 2012, un año y cuatro meses después del festejo del Bicentenario de la Independencia de México (15 de septiembre de 2010) para el que fue planeado, el monumento llamado la Estela de luz, edificado en la capital del país, costó finalmente casi tres veces el presupuesto planeado originalmente, ya que pasó de los 339 millones de pesos a los 893 millones.
El arquitecto César Pérez Becerril, quien diseñó el monumento, acusó al fallecido ex secretario de Educación de Calderón y coordinador de los Festejos del Bicentenario, Alonso Lujambio, de haber escondido los actos de corrupción que entorpecieron la obra, mientras que el propio ex presidente reconoció que “sí hubo corrupción”, en particular de un empleado del área gubernamental que asignó el contrato, quien había trabajado en la empresa ganadora, iii-Servicios.
“No solamente no acreditaron lo que costó en términos económicos, sino que es una obra ociosa, vacía, que no representa ni significa nada a nadie”, indicó, por su parte, a la emisora estatal británica BBC, la diputada Esthela Damián.
El inamovible Mouriño
Acusado, el 24 de febrero de 2008, por Andrés Manuel López Obrador, de tráfico de influencias al haber sido beneficiado con más de 100 millones de pesos en contratos de Pemex Refinación para su empresa Transportes Especializados Ivancar (TEISA), el secretario de Gobernación de Calderón, Juan Camilo Mouriño, quien pereció el 4 de noviembre de ese mismo año en un controvertido accidente aéreo, fue exonerado por una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, la cual concluyó que actuó con legalidad al obtener los acuerdos con la paraestatal.
No obstante, la entonces presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, dijo que, por ética, el secretario debía renunciar a su cargo, pero Muriño siguió al frente de Gobernación hasta su muerte.
“El Cártel de la Electricidad”
Un caso similar ocurrió con Néstor Félix Moreno Díaz, ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien incurrió en presuntos actos de corrupción bajo los mantos protectores de los presidentes Ernesto Zedillo y Vicente Fox.
Sólo después de octubre de 2010, tras la denuncia del gobierno estadounidense de que ese funcionario recibió sobornos de la empresa californiana constructora de torres de electricidad, Lindsey Manufacturing Company, y de la texana ABB Inc. (filial de la suiza del mismo nombre), encargada de desarrollar tecnología en generación eléctrica, para otorgarles contratos por más de 19 millones de dólares, fue cuando Calderón se decidió a procesarlo.
En las denuncias contra Moreno Díaz, radicadas en la Corte de Distrito Sur de Texas y la del Distrito Central de California, se asienta que el funcionario recibió: una tarjeta de crédito inagotable American Express, con la que se dio una vida de jeque árabe; un Ferrari F430 Spider de casi 297 mil dólares, y un lujoso yate llamado Dream Seeker, valuado en 1.8 millones de dólares.
El 8 de agosto de 2011 un juez en México encontró culpable de fraude y cohecho a Moreno Díaz, quien encabezaba a un grupo de nueve servidores públicos corruptos de la CFE, a los que se les bautizó como “El Cártel de la Electricidad”.
Una serie de amparos obtenidos por Moreno Díaz garantizaron su libertad e impunidad hasta el 8 de agosto pasado, cuando la Jueza Cuarto de Distrito de Procesos Penales en el Distrito Federal giró una orden de aprehensión en su contra.
Néstor Félix Moreno fue detenido el pasado 3 de septiembre, en el Aeropuerto Internacional de Toluca, con el cargo de enriquecimiento ilícito por 33 millones de pesos. Sin embargo quedó libre al día siguiente porque seguía vigente uno de sus amparos.
La PGR anunció que interpondrá un recurso legal en contra de esa libertad.
La familia feliz
Uno de los funcionarios más cercanos de Calderón, Patricia Flores Elizondo, jefa de la Oficina de la Presidencia, quien coordinaba el gabinete y los nombramientos de funcionarios en mandos superiores y medios, tuvo que dejar su cargo el 14 de julio de 2010, luego de que se descubrió que al mensos siete de sus familiares laboraban en el gobierno.
En tan sólo tres años, esta familia feliz había obtenido en conjunto ingresos por 26 millones de pesos, sin contar el sueldo de Patricia, pero sí el de su hermana Aidé Flores, quien, como directora de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Economía, recibía una asignación bruta de 172 mil pesos.
Otra de las hermanas, Martha Emilia, como encargada de Asuntos Culturales y Comerciales de la embajada de México en Malasia, percibía un ingreso de 4 mil 530 dólares, mientras una cuarta hermana, Laurencia, directora de Prensa, Asuntos Culturales y Políticos del Consulado de México en Austin, Texas, se llevaba al mes 5 mil 102 dólares.
La mamá de Patricia, Martha Emilia Elizondo Torres, era delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Durango, con un sueldo 56 mil 206 pesos, en tanto que su tío, Rodolfo Elizondo Torres, fue desde el sexenio de Vicente Fox y hasta marzo de 2010, secretario de Turismo, con un sueldo de 205 mil 122 pesos.
Aunque Patricia sostuvo que los emolumentos de sus familiares se apegaban a los tabuladores autorizados, la verdad, sólo faltó que le diera empleo al perico de la casa.
La esposa “incómoda”
Gladis López Blanco, esposa del actual senador panista, Salvador Vega Casillas, ex secretario de la Función Pública y quien ha asumido la misión de “detener reformas que perjudiquen a los michoacanos”, fue acusada, el 26 de octubre de 2009, de encabezar una red de extorsión contra gasolineras.
Aunque ella renunció en marzo de 2008 a su cargo de subprocuradora de Verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), un grupo de empresarios del ramo aseguró, en una carta enviada a Felipe Calderón, que aún desde fuera de esa dependencia la mujer continuaba las extorsiones a través de su sucesor, José María de los Santos Quezada.
Según la misiva, funcionarios de la Profeco, a cambio de 50 mil pesos al mes que eran destinados a las campañas de candidatos del PAN, informaban a los gasolineros sobre las fechas de los operativos de verificación en sus negocios, para que alteraran las bombas y pasaran sin mayor problema la revisión.
A pesar de que el juzgado décimo sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, bajo la causa penal 143/2010, dictó auto de formal prisión contra seis empleados de la Dirección General de Verificación de Combustibles de la Profeco, el Ministerio Público Federal determinó no ejercer acción penal contra la también ex coordinadora en Michoacán de la campaña presidencial de Calderón, ya que no se le acreditó participación alguna en los actos de extorsión.
Golazo a Pronósticos
En el colmo de la desfachatez, cuatro funcionarios de Pronósticos para la Asistencia Pública (PAP) se coludieron con la empresa Just Marketing para grabar un sorteo falso, el cual luego fue pasado en televisión, en el que supuestamente ganaban ellos mismos 169 millones 217,000 pesos.
El sorteo Melate, Revancha y Revanchita 2518, correspondiente al 22 de enero de 2012, se grabó previamente y luego esos empleados públicos compraron boletos con las combinaciones ganadoras.
Durante la transmisión en vivo del sorteo, cuya legalidad fue avalada por una interventora de la Secretaría de Gobernación, los empleados de Just Marketing insertaron el video falso, con los números que resultaron “ganadores” y que beneficiaban a los funcionarios de Pronósticos.
Antes de ser descubiertos, los defraudadores cobraron premios del sorteo por un total de 110 millones de pesos. Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública congeló los depósitos, inhabilitó por 20 años a esos sujetos y los multó con 185 millones de pesos.
A otros tres empleados de la Subdirección de Concursos y Sorteos de PAP, también les impuso multas por 66 millones, 20 millones y 8 millones de pesos, respectivamente.
El juicio pendiente
Junto a la corrupción que existió en el sexenio calderonista, y que poco a poco aflora, al ex presidente lo mantiene agobiado la demanda presentada en su contra, el 25 de noviembre de 2011, por la comisión de diversos delitos de lesa humanidad, ocurridos en el contexto de su guerra contra el crimen organizado.
Radicada ante la CPI por el abogado Netzaí Sandoval y respaldada con más de 23 mil firmas, la querella originalmente de 700 fojas y hoy con más de siete mil, detalla la responsabilidad individual de Calderón en la tragedia que representó para el país la represión armada del hampa realizada al estilo nazi.
Aunque el fallo de la CPI puede tardar todavía varios años, Calderón ha puesto desde ahora sus barbas a remojar y para aligerar su carga trata de salpicar y de culpar de su cochinero a quien se deje, aún a sabiendas de que todo México fue testigo y víctima de sus atrocidades.