Por Moisés Castillo

¿Dónde está la profesionalización de la Policía Federal que prometió Genaro García Luna? ¿Funcionó el programa policial basado en investigación científica y uso de tecnología? Éstas son las preguntas obligadas ante la espiral de violencia que se extiende en varios estados del país. Las policías estatales y municipales no cumplen con los mínimos estándares de eficacia y confiabilidad, y el proyecto de la Policía Federal se desvirtuó con la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, que fue absorbida por la Secretaría de Gobernación y que lleva el nombre de Comisión Nacional de Seguridad.

El proyecto más ambicioso del sexenio de Felipe Calderón de crear una policía científica con un nuevo modelo de operación policial sigue en el aire. El crimen organizado avanza y los casi 40 mil efectivos federales son insuficientes para hacer frente a los ilícitos de la delincuencia organizada, además de que las policías locales son poco confiables para realizar sus funciones de seguridad pública. Ante este panorama negro, el exmandatario Felipe Calderón sacó a las Fuerzas Armadas de los cuarteles y aún no hay fecha de que regresen.

Recientemente, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que el Ejército es una institución pilar de la estabilidad nacional. Además reconoció la labor de las Fuerzas Armadas para salvaguardar las instituciones.

“El país necesita de la energía, entrega y vocación de servicio de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea para que prevalezcan siempre los intereses y valores supremos de la patria. Junto con los poderes públicos, los distintos órdenes de gobierno, las principales fuerzas políticas y la sociedad en general, estamos trabajando para un México de paz e incluyente.”

Sin embargo, Felipe Calderón advirtió que el crimen organizado se está apoderando de las instituciones.

“Más que una lucha al narcotráfico en sí mismo, fue una batalla por la seguridad pública que estaba comprometida y amenazada. Las organizaciones criminales han adquirido tal grado de sofisticación que se están apoderando de las instituciones… La droga puede ser legal o ilegal, pero si la policía está asociada con los criminales, usted va a seguir teniendo problemas.”

Cienfuegos pide nuevo marco jurídico

Es por ello que el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, pidió un nuevo marco jurídico que permita al Ejército investigar y denunciar ilícitos.

“Hemos pedido una legislación para poder trabajar y seguir combatiendo al crimen organizado de acuerdo con la ley, ahorita lo hacemos única y exclusivamente en apoyo de las autoridades civiles, no tenemos ningún otro apoyo jurídico para participar… Necesitamos leyes que nos den un respaldo legal para poder seguir participando en estas actividades, si contáramos con un marco jurídico que nos permitiera hacer investigación, denuncias y todo lo que corresponda, seríamos mucho más efectivos, eso no lo hacemos ahorita más que con el apoyo de la autoridad civil.”

En este sentido, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, lamentó que la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional siga congelada en el Congreso.

“Es una preocupación incluso del propio Ejército y la Marina, y tienen razón. Están comisionados, están mandatados sólo por la decisión del comandante de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la república, pero deben tener el sustento jurídico para blindar a los cuerpos, a estas instituciones que siguen teniendo un reconocimiento y prestigio ante los mexicanos. Hay que construir los protocolos de intervención del Ejército y la Armada en tareas de seguridad pública.”

Por su parte, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, afirmó que sería peligroso que el Ejército Mexicano tuviera la facultad legal de investigar y denunciar delitos en el combate al crimen organizado.

“No sería, de ninguna manera, factible la militarización de la justicia, ni mucho menos de la investigación de los delitos. Las Fuerzas Armadas ingresaron a la lucha contra la delincuencia organizada con una condición de excepción y una cuestión temporal, pero pretender que lo que fue de excepción y temporal se convierta en una cuestión general y permanente, lo vería yo extremadamente peligroso”.

Hay que recordar que la iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional fue presentada por el presidente Felipe Calderón en 2009. El texto pretendía dar a las Fuerzas Armadas capacidad de investigación y atribuciones para detener a presuntos delincuentes, realizar cateos sin orden judicial, intervenir en averiguaciones previas y solicitar a la autoridad judicial la intervención de comunicaciones privadas.

La Ley de Seguridad Nacional fue aprobada en el Senado con algunos cambios en 2010. Ahí se definió que las Fuerzas Armadas sólo podrían participar en labores de seguridad cuando lo soliciten los congresos locales, gobernadores o el jefe de gobierno capitalino. En la Cámara de Diputados, la minuta de la Ley de Seguridad Nacional fue enviada a varias comisiones legislativas, y sigue estancada.

Los estados más peligrosos

Según cifras oficiales de la propia Sedena, 347 elementos han perdido la vida en la lucha contra el crimen organizado. Coahuila y Oaxaca son los estados en donde se han registrado en menor número de bajas con 10 y 8 respectivamente. En contraste, Tamaulipas (70), Sinaloa (43), Michoacán (40), Nuevo León (33) y Guerrero (31) son los estado más peligrosos para los militares. Además de los 161 militares asesinados en enfrentamientos armados, existen otros 164 que han muerto en el presente sexenio en “actos de servicio”, y a éstos se le suman los que han sido ejecutados.

Esas 164 bajas ocurrieron en accidentes automovilísticos, aéreos, accidentes por accionar sus armas de fuego. También, en menor cantidad, se reportan muertes por ahogamiento, deshidratación, atropellamiento, descargas eléctricas, y 29 de las muertes se debieron a ejecuciones.

La violencia imparable que sufre Michoacán provocó que la Iglesia católica exigiera acciones rápidas y efectivas para garantizar la seguridad de la población.

“Solicitamos a las autoridades federales, estatales y municipales una acción pronta y eficaz ante la injusticia de los levantones, secuestros, asesinatos y cobro de cuotas que afectan el bien y la prosperidad de tantas personas y comunidades.”

Para cumplir con los puntos estipulados en el Pacto por México, el presidente Peña Nieto envió al Congreso de la Unión iniciativas en las que propone la creación de nuevas leyes para reglamentar, entre otros, el Artículo 29 constitucional, reformado el 10 de junio de 2011.

El artículo 29 regula el ejercicio de las facultades de las autoridades, así como el procedimiento para restringir o suspender el ejercicio de determinados derechos y garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o cualquier otro que ponga en grave peligro o conflicto a la sociedad.

En la iniciativa se establecen los supuestos en los que será procedente someter a consideración del Congreso, o de la Comisión Permanente, la suspensión de derechos y sus garantías:

—Invasión y perturbación grave de la paz pública.

—Afectaciones graves a la seguridad nacional, en términos de la ley en la materia.

—Afectaciones graves a la seguridad interior, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

—Afectaciones graves a la salud pública o desastres naturales o antropogénicos de gran magnitud e impacto a la población