¡VIVA LA DISCREPANCIA!

Focos rojos en el respeto a derechos humanos

Raúl Jiménez Vázquez

México cuenta con un formidable entramado orgánico, funcional y procedimental para garantizar la observancia de los derechos humanos, conformado por una red impresionante de comisiones de derechos humanos desplegada a lo largo y ancho del territorio nacional, a la que a su vez se aúnan áreas afines existentes, entre otras dependencias, dentro de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República.

Ese extraordinario diseño institucional se armoniza con la muy robusta arquitectura normativa sustentada en la elevación a rango constitucional de los derechos humanos derivada de la reforma a la Carta Magna de junio de 2011, así como en la suscripción de una constelación de declaraciones, tratados y convenciones regionales e internacionales, dentro de los cuales destacan por su importancia la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Así pues, indiscutiblemente están dadas las condiciones de carácter estructural requeridas a fin de dar estricto cumplimiento al deber primigenio que tienen todas las autoridades en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. A la luz de lo anterior, resulta entonces verdaderamente bochornoso e inconcebible que el Estado mexicano haya sido objeto de severos señalamientos en el seno del mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU conocido como Evaluación Periódica Universal.

De acuerdo con este insólito jalón de orejas de la comunidad internacional existen 176 focos rojos, casi el doble de los advertidos en 2009, cuando fuimos sometidos a la primera revisión supranacional, referentes a diversos temas como: discriminación contra las mujeres, desprotección de migrantes y grupos indígenas, tráfico de personas, ataques a periodistas y defensores de derechos humanos, subsistencia del arraigo, extensión del fuero militar a delitos propios de la jurisdicción ordinaria, impunidad, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, allanamientos de morada, detenciones arbitrarias, etcétera.

Estamos sin duda en presencia de una patología cuya más virulenta expresión es la execrable práctica de la fabricación de culpables, tal como aconteció con los dramáticos casos del general Tomás Ángeles Dahuahare y el profesor tzotzil Alberto Pashistán, los cuales testimonian con suma elocuencia que el grado de compromiso de los órganos de gobierno con los derechos humanos sigue siendo meramente nominal y que aún hay mucho por hacer para lograr el florecimiento de una cultura de aprecio y enaltecimiento de la dignidad humana, sin la cual es definitivamente impensable el desarrollo de una sociedad democrática.