Entrevista a Juan Velásquez/Abogado penalista

Moisés Castillo

La herencia de violencia que dejó la administración de Felipe Calderón es un loza pesada para el gobierno de Enrique Peña Nieto. A pesar de que la prioridad de los temas cambiaron y la estrategia de comunicación ya no se encuentra en la lógica de presentar mediáticamente a presuntos narcos, la inseguridad sigue aumentando en estados como Michoacán. La ley del plomo es la que perdura en la zona de Tierra Caliente donde las llamadas autodefensas, Caballeros Templarios, la Policía Federal y el Ejército se disputan el control del territorio.

La ingobernabilidad en varias ciudades del país obedece, en gran medida, a la corrupción de autoridades y sus vínculos con la delincuencia organizada. La guerra contra el narco que lanzó Felipe Calderón, precisamente en Michoacán, no ha tenido los resultados esperados. Ahora, el presidente Peña Nieto puso en operación acciones encomendadas a las Secretarías de Marina, Defensa Nacional, a la Policía Federal y Procuraduría General de la República para fortalecer el estado de derecho y la legalidad de las actividades comerciales en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Eduardo Sánchez Hernández, vocero del Gabinete de Seguridad, subrayó que esta determinación se tomó con base en el programa para la recuperación de la paz y la seguridad en Michoacán.

“Esta información a partir de las denuncias anónimas nos permitirá realizar, como ya se está haciendo, investigaciones al respecto, y en el momento en que se valide esta información y se tengan evidencias reales y concretas de actos de corrupción, lo haremos de su conocimiento.”

Asimismo, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, consideró que el problema de la violencia y la inseguridad en México no está exclusivamente vinculado a las policías, a las cuales les corresponde una parte de la responsabilidad, pero también involucra a ministerios públicos, jueces, investigadores y los reclusorios, donde hay que rehabilitar y reivindicar.

Para Juan Velásquez, abogado penalista y catedrático del Colegio de la Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas salieron a las calles por la grave inseguridad que existe en muchos puntos del país.

“El señor presidente Felipe Calderón ordenó que las Fuerzas Armadas salieran de los cuarteles para hacerse cargo de la seguridad interior, porque el problema es que la seguridad pública se ha convertido en un tema de seguridad interior, en tanto que ya afecta la seguridad de las instituciones. En el país tenemos una de las 10 policías más ineficientes en el mundo, la más ineficiente de América Latina y la segunda más corrupta mundialmente. En el país hay 400 municipios que no tienen policía y 800 municipios que tienen policías que apenas cursaron la primaria, que no tienen capacidad de investigar.”

Dice el secretario Salvador Cienfuegos que el Ejército requiere una legislación que le permita investigar y denunciar ilícitos, ¿es viable en esta llamada guerra contra el narcotráfico?

Creo que las declaraciones del general Cienfuegos se malinterpretaron. Me parece que lo que el secretario pidió al Congreso es un marco legal para que las Fuerzas Armadas actúen y ayuden a las autoridades civiles, y no facultades que son propias y exclusivas del ministerio público que es investigar delitos. Hay tres “seguridades”, una que es la seguridad pública: las policías que deben investigar los delitos, el MP y el juez, todo este proceso judicial. Hay otra diferente que es la seguridad interior y exterior del país: se refiere a darle protección a las instituciones. Y la que dice el artículo 89, fracción VI, de la Constitución establece que de la seguridad interior se harán cargo las fuerzas armadas. Es decir, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina.

La delincuencia se extiende

Es algo inédito en el país…

Es delincuencia organizada que no nada más lucra con delitos contra la salud, sino con cualquier ilícito redituable, como el tráfico de personas, el robo con violencia, el secuestro. Esa delincuencia se extiende cada vez más en otros territorios del país y ha puesto en peligro las instituciones públicas de varios estados: impidiendo elecciones para cargos públicos, asesinando a presidentes municipales, quemando palacios municipales, sustituyendo el pago de impuestos por el derecho de piso. El presidente para ponerle remedio a esa cuestión de inseguridad pública —que se convirtió en un problema de seguridad interior— ordenó en tanto el artículo 89, fracción VI, que las Fuerzas Armadas salieran a hacerse cargo de la inseguridad. Cuando Calderón hizo eso, hubo un perredista que alegó que esa orden presidencial era inconstitucional y promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.

Efectivamente, se puede sacar a los militares de los cuarteles para hacerse cargo de la seguridad interior, pero el legislador dijo que el Artículo 129 constitucional dice: “no puede hacerlo en tiempos de paz”. ¿Se viven tiempos de paz? 70 mil muertos, 200 mil desplazados, 20 millones de delitos que se cometieron el año pasado. La SCJN aceptó esa acción y la resolvió a favor de Calderón diciendo que es legal esa orden coadyuvando con las autoridades civiles, auxiliándolas en la seguridad pública que le corresponde a los civiles, no sustituyendo a la policía, no investigando y descubriendo los delitos, que eso le toca de manera exclusiva al ministerio público. La ironía es que quien promovió esa acción de inconstitucionalidad fue el señor Leonel Godoy, ya después cuando fue gobernador de Michoacán. Como mandatario estatal “rogaba a Dios” que las Fuerzas Armadas fueran a su estado precisamente para hacerse cargo de la seguridad pública. Lo que el general Cienfuegos me parece que ha solicitado es que los legisladores promulguen una Ley de Seguridad Nacional que le dé sustento a esa actuación de las Fuerzas Armadas.

¿Qué marco jurídico requiere el Ejército?

Ya la Cámara de Diputados elaboró una Ley de Seguridad Nacional para darle sustento justamente a la participación de las Fuerzas Armadas en el auxilio de las autoridades civiles para perseguir a los delincuentes. Esa ley de seguridad ha dormido el sueño de los justos, se ha quedado ahí en una comisión de justicia y no se ha discutido, ni reformado. Las Fuerzas Amadas insisten a los legisladores que aprueben esa ley. Se saca a las Fuerzas Armadas de sus cuarteles para que lleven a cabo tareas que no les corresponden. Las sacan por la ineficiencia y la corrupción de las autoridades civiles. Las sacan para que, ante la ausencia de las policías, protejan a los civiles. Y luego los civiles les reclamamos a esas Fuerzas Armadas que violan nuestros derechos humanos, para que se pretenda en una ignorancia absoluta acotar o desaparecer el fuero de guerra de los militares.

Sin embargo, la CNDH reportó que en el sexenio calderonista el Ejército encabezó la lista de dependencias que violaron el cumplimiento de las garantías individuales…

No hay una certeza de que los militares hayan violado derechos humanos. Sí, alguno. Pero militares, con camiones que parecen de militares, vinieron por mi pariente y lo desaparecieron. ¿Cuántas veces las Fuerzas Armadas han detenido a seudomilitares para llevar a cabo sus acciones impunemente? La CNDH ha recibido quejas contra las Fuerzas Armadas y ésas terminan, según el caso, en recomendaciones. Es decir, la CNDH investiga las quejas y si son ciertas concluyen en recomendaciones. Éstas, en toda la historia de la CNDH, representan menos del 4 por ciento del total de recomendaciones que emite la CNDH. No obstante, tanto el Ejército como la Armada crearon las direcciones de derechos humanos para que cualquiera que crea violados sus derechos presente sus quejas y se investigue. Además han celebrado convenios con la CNDH para capacitar a miles de militares. En el primer semestre del año, la CNDH ha emitido dos recomendaciones en contra de la Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas prácticamente no violan los derechos humanos de la población civil. En la actualidad hay presos militares en las prisiones militares acusados por violar derechos humanos.

¿Dónde se debe juzgar a un militar si comete un delito contra civiles? Es el eterno debate…

Cuando se ha encuestado el actuar de las autoridades, las Fuerzas Armadas siempre han quedado en primer lugar, ésa es la confianza y el respeto que le tienen a las Fuerzas Armadas. La cuestión del fuero es algo que se discute de la manera más ignorante. Porque la población civil cree que el fuero militar es eso que los altos funcionarios de la federación tienen y que no se llama fuero sino inmunidad. Y por la cual a los altos funcionarios de la federación durante su gestión no puede sometérseles a procesos penales. Eso que le llamamos fuero es inmunidad y tiene una razón de ser que ahora los legisladores con poca responsabilidad están pretendiendo eliminar. La inmunidad tiene el objeto de que ese funcionario durante su encargo se ocupe de cuerpo completo en el desempeño de su encargo. Una cosa es inmunidad y otra es cosa fuero. El fuero significa jurisdicción. En qué fuero van a enjuiciar a ese narco, pues en el fuero federal. Al militar se debe enjuiciar en el fuero de guerra, en el fuero militar para que conforme con un código militar sea quien coordine el juicio militar. En nuestro mundo civil hay una impunidad del 98 por ciento. En nuestro mundo civil, 2 de cada 100 delitos se castigan. En nuestro mudo, ¿cómo es que le vamos a poder aplicar a los militares castigos inmediatos y ejemplares que mantengan su disciplina?

 ¿Existe temporalidad para que el Ejército siga con sus “labores policiacas” en esta guerra antinarco?

Creo que fue muy desafortunado el término de guerra. Me parece que más bien es una lucha contra la delincuencia. Guerra nos lleva a otro contexto.

Bueno, eso lo dijo Felipe Calderón en su primer Operativo Conjunto Michoacán…

Vemos que los delincuentes agreden a las Fuerzas Armadas con armamento de altísimo poder, con granadas, bazucas, fusiles Barret que pueden derribar un avión. No vemos una respuesta igual de las Fuerzas Armadas. No vemos militares arrojando granadas a los delincuentes porque no es una guerra, es una lucha asimétrica. Pero, ¿cuándo volverán las Fuerzas Armadas a sus cuarteles? El propio presidente de la CNDH ha dicho que es impensable retirar a las Fuerzas Armadas, y los señores diputados lo mismo. Desafortunadamente tenemos una policía ineficiente, ¿quién se haría cargo de la seguridad pública si regresamos a los militares a los cuarteles?

¿Es indispensable reformar la Ley Seguridad Nacional?

Para darle un mayor sustento jurídico a las Fuerzas Armadas. Pero lo que más urge y que más se ha descuidado es que en México no tengamos una policía científica. Tenemos —me he atrevido a calificar— polecía. Algún jefe de gobierno capitalino trajo al entonces alcalde de Nueva York que consiguió reducir los índices de delincuencia, para que nos explicara cómo le hizo. Él simplemente nos dio una receta que no tiene mayor complejidad: conseguir de las autoridades encargadas de los presupuestos el dinero suficiente para tener policía. Porque en los lugares donde hay policía los índices delincuenciales se reducen hasta en un 75 por ciento.