LA REPÚBLICA
Conjura siniestra
Humberto Musacchio
El mundo judicial es el reino de la arbitrariedad y el terror. La ley es una referencia lejana y pocas veces frecuentada para hacer justicia. Más bien, se utilizan los textos jurídicos como mampara de sentencias aberrantes, como escudo de ineptitudes, de ligerezas o, lo peor, de la corrupción.
El documental Presunto culpable, de Layda Negrete y Roberto Hernández, exhibe en toda su crudeza la actitud indolente de un juez que manda a un inocente, Antonio Zúñiga, a purgar larga sentencia. Hay que aclarar que el documental se realizó con permiso de las autoridades judiciales y que por tratarse de hechos de interés público está amparado por la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a la información. Sin embargo…
Fue tan exitoso el documental que se convirtió en un éxito de taquilla en su exhibición cinematográfica. Describe la forma absurda de hacer culpable a un inocente y la responsabilidad que cabe al juez que así lo decidió. Se trata de una denuncia muy bien trazada que causó verdadera indignación en el Poder Judicial capitalino, pues más de uno se puso el saco (o la toga) del juzgador señalado.
A partir de entonces, los autores del documental han sido objeto de 19 demandas —sí, ¡19 demandas!— de personas que supuestamente han resultado afectadas por emplearse su imagen; demandas que, hay que decirlo, han sido muy bien recibidas por los juzgados. Sí, en efecto, se emplea la imagen y la voz de numerosas personas, pero todas ellas tienen relación con un asunto de interés público que, precisamente por eso, debe ser conocido por la sociedad.
La comedia de las demandas ha llegado a extremos que moverían a risa de no estar detrás una conjura siniestra. Se exige a los documentalistas y a la cadena de cines que exhibió su trabajo el pago de reparaciones de un daño incomprobable por miles de millones de pesos, monto que da la medida de la venganza de un poder que reaccionó con encono ante la mera posibilidad de rendir cuentas.
Dentro de esta feria de arbitrariedades ha estado la prohibición de exhibir el documental, lo que afortunadamente echó abajo un juez de los buenos, que también los hay, pero se mantiene la amenaza de las múltiples demandas y la locura de las indemnizaciones por, hay que repetirlo, miles de millones de pesos.
Las agrupaciones de periodistas e informadores, los defensores de derechos humanos y todos cuantos estén interesados en preservar las libertades ciudadanas, deben protestar contra ese Poder Judicial que se cree al margen de todo escrutinio, de toda crítica. Hay que levantar la voz contra quienes pretenden callarnos.