Entrevista a Laura Borbolla/Fiscal titular de la FEADLE de la PGR

Moisés Castillo

Las instituciones creadas para resolver los delitos contra periodistas simplemente no dan resultados. Ésta es la sensación y postura de muchas organizaciones de periodistas y organismos internacionales de derechos humanos. En mayo pasado, Amnistía Internacional —en su informe sobre el Estado de los Derechos Humanos en el Mundo 2013— reveló que periodistas mexicanos continúan sufriendo agresiones y amenazas a causa de ejercer su labor profesional.

Detalló que informadores y activistas siguen siendo blanco de hostigamientos y amenazas que terminan impunes. En 2012 fueron asesinados seis reporteros, cuatro de ellos en Veracruz en abril y mayo: Regina Martínez, corresponsal de Proceso, y los fotoperiodistas locales Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez. Además lamentó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR (FEADLE) no realizó avances en la mayoría de los casos de periodistas ejecutados.

Hay que recordar que en junio de 2012 se aprobó la reforma al artículo 73 Constitucional, fracción XXI, que permite a las autoridades federales conocer y atraer los delitos cometidos contra la libertad de expresión para ser investigados y juzgados a nivel federal. Asimismo, en abril pasado se dio luz verde a reformas a la Ley Orgánica de la PGR, al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a fin de establecer las condiciones para que el Ministerio Público Federal atraiga los casos correspondientes.

La FEADLE informó a Siempre! que ha atendido un total de 449 casos del 5 de julio de 2010 al 31 de octubre de 2013, de los cuales se han realizado 433 investigaciones con motivo de agresiones contra informadores y 16 pesquisas por atentados contra instalaciones de medios de comunicación. En este año, al 31 de octubre la Fiscalía ha recibido 145 denuncias de periodistas y siete han sido relacionadas con ataques contra medios.

Laura Borbolla, titular de la FEADLE, explica en entrevista con Siempre! que está en constante comunicación con los procuradores estatales para hacer el análisis de los casos que puede atraer la PGR. Es decir, determinar si existe dolo o intención directa de afectar el libre ejercicio periodístico.

“La reforma aparentemente lleva mucho tiempo (un año), pero las reglas de operación de esa reforma son del 4 de mayo pasado. De esa fecha hasta ahora se han ejercido seis atracciones. Estamos en el proceso de análisis de todas las investigaciones que tiene el fuero común para verificar cuáles son candidatas para ser atraídas por la federación.”

¿En qué estado recibió la fiscalía especial?

A partir de junio de 2010 se crea esta fiscalía, cuyo antecedente que se tiene es en 2005 con el inicio de funciones de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas. Era un concepto limitado en lo que se refiere a los alcances institucionales de la PGR como ente investigador federal.

El primer gran problema es que me encuentro con una fiscalía que contaba con agentes del ministerio público sin ninguna especialización o capacitación que le permitiera tener herramientas suficientes para investigar delitos contra la libertad de expresión. También noto que la fiscalía hace una gran labor investigativa, hace consignaciones, pero cuando estamos haciendo la revisión de los asuntos consignados, un alto porcentaje de las investigaciones terminaban generándose con las situación de “consignar ante un juez federal, y que el juez federal se declaraba incompetente porque el delito era del fuero común”. Todo el esfuerzo que hacía la federación para realizar pesquisas profesionales y no había resultados que todo el mundo esperaba. ¿Cuál era el gran problema?, que no había una competencia jurídica para investigar con el fundamento adecuado.

 

Pero con los cambios al artículo 73 Constitucional, la fiscalía puede atraer los casos del fuero común…

En los medios se dijo que se habían federalizado los delitos cometidos en contra de los periodistas y la libertad de expresión. Es erróneo el término porque federalizar implicaría estar dentro del Código Penal Federal, y los delitos que se cometen en agravio de los periodistas, comunicadores y de quien ejerce la libertad de expresión son, en su gran mayoría, ilícitos del fuero común, un 85% de incidencia de los delitos. La reforma constitucional entra en vigor el 25 de junio de 2012, pero con un artículo transitorio. El presidente Enrique Peña Nieto, el 3 de mayo pasado, publicó en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones a diversas disposiciones, entre ellas el código que establece las reglas procesales en materia federal. Ahí se establecen hipótesis normativas que son causales para atraer las investigaciones del orden del fuero común. ¿Cómo es posible, no hay resultados? El problema es que el seguimiento de los procesos se tiene que dar ante las autoridades locales, y por increíble que parezca, en términos de las investigaciones, evidentemente la soberanía de los estados implica que la federación no tiene porqué monitorear o inmiscuirse en la competencia del fuero común.

¿Cómo decide la fiscalía atraer un caso?

Hasta la fecha, hemos atraído seis asuntos, de los cuales dos han sido por abuso de autoridad, ésta es una de las causales. La fiscalía para generar una atracción se tiene que ceñir a las causales del artículo X del Código de Procedimientos Penales Federales. Se ha cambiado también atracciones por amenazas. La incidencia es que de 100% de las investigaciones casi 80% es por el delito de amenazas, y el segundo de mayor incidencia es por abuso de autoridad. Es muy penoso porque si viéramos quiénes son las autoridades a la hora de hacer la escala porcentual, en 80% las autoridades municipales son quienes generan las agresiones contra periodistas. Después el 10% las policías estatales, y el otro 10% se divide entre las otras fuerzas públicas de seguridad nacional y federal.

 

¿Cuál es la constante de las agresiones en estos seis asuntos?

La causal es porque las autoridades locales tuvieron algo que ver. No importa si son policías o si son mandos medios o superiores. El mapeo de riesgos del país establece condiciones diversas para el ejercicio de la libertad de expresión, también las distintas circunstancias geográficas y la presencia de la delincuencia organizada. No todos los delitos pueden ser atribuidos al crimen organizado, pero sí en el caso de los homicidios, un gran porcentaje tiene que ver con grupos de la mafia.

¿Qué parte del país es la más peligrosa para los periodistas?

El país ha tenido un proceso de transformación porque el presidente ha establecido los cuadrantes para el tema de seguridad y en esa medida estamos haciendo el mapa de riesgos. En el caso del norte del país sí hay una clara situación de agresiones en contra de medios y periodistas, sobre todo en relación con publicar o no la nota policiaca o de narcotráfico. El reto que tiene México es que nadie estaba preparado para combatir los índices de delincuencia que se presentaron en algunos lugares. La ciudadanía no estaba preparada, los medios no estaban preparados para una cobertura así y las autoridades tuvieron sus titubeos para combatir estos fenómenos de la delincuencia. La fiscalía genera el Manual de prevención de delitos cometidos contra la libertad de expresión con el objeto de ser conscientes de que tenemos que contar con medidas o protocolos de seguridad. Las condiciones de libertad de expresión hoy por hoy en México son mejores que hace un año y medio.

 

¿Con cuántos funcionarios cuenta la fiscalía a su cargo?

Es una fiscalía, en términos de la estructura, quizá está reducida. En total con el personal administrativo que nos auxilia somos 80 personas, incluyéndome a mí. Tenemos 16 mesas de agentes del ministerio público investigadores que salen del DF a investigar los hechos a cualquier rincón del país. Nos coordinamos también a través de las delegaciones de la PGR para realizar un mejor servicio y hemos implementado protocolos con varios delegados y enlaces de la PGR en los estados para que sepamos canalizar mejor a nuestro equipo. Tenemos tres áreas que integran la fiscalía: la Dirección de Averiguaciones Previas, que es la más importante porque es la que investiga los delitos; la otra es la de Enlace-control que es la de relaciones públicas en términos de intercambio institucional con organizaciones no gubernamentales y medios; y la de nueva creación que tiene muy poco, hace casi un año, que es la Dirección General del Sistema de Alerta Temprana. Tiene funciones como atender de inmediato y vincular al periodista que contacta a la fiscalía con el MP para que se realice la investigación, una evaluación del riesgo y la situación para determinar qué medida cautelar se va a tomar en términos de la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y de Periodistas.

Una fiscalía así debe tener los recursos materiales y humanos necesarios…

Al día de hoy la fiscalía directamente ejerce casi 15 millones de pesos para las actividades del año. De manera indirecta es apoyada por insumos y presupuesto de la Coordinación de Servicios Periciales, de la Policía Federal Ministerial y de otras instancias del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la PGR. Es un presupuesto decoroso para la operación de la fiscalía, pero es mucho mejor que el del año pasado que fue de tres millones de pesos. Puedo decir que sí me incrementaron en un alto porcentaje el presupuesto porque tres millones de pesos es prácticamente nada.

¿Cuál es el gran reto de la fiscalía especial en el corto plazo?

Estamos trabajando en la creación de los protocolos que nos permitan homologar las investigaciones del fuero común y de la federación para que, cuando se atraigan las investigaciones, nos permitan controlar el orden de las pesquisas. Esto generará una capacitación y especialización del personal de la fiscalía como de las entidades federativas. El otro es buscar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación diga perfectamente los alcances de la reforma constitucional y de las leyes secundarias, porque cada juez es autónomo y establece criterios divergentes. Estamos buscando que cuando se hagan las consignaciones los criterios sean coincidentes no importando de qué distrito judicial se esté tratando la consignación. Por otro lado, tener un área que permita darle seguimiento al proceso judicial. Ése es el reto más importante: obtener suficientes sentencias en contra de quienes hayan realizado acciones a periodistas y medios de comunicación.